«El Estado de Emergencia es control social para allanar la persecución política: Cárcel, tortura y asesinato».
Mika Ruiz
Asistimos a un momento bastante complejo a nivel internacional, la economía mundial sufre la arremetida de la crisis que frena sus expectativas de remontarse. Hecho que genera un clima de tensión y agudiza las contradicciones entre las potencias imperialista con amenaza de guerra por un nuevo reparto del mundo. En este marco se explica la predisposición cada vez mayor a la reaccionarización de los Estados, porque está en juego su dominio económico y político mundial y con ello su propia existencia como clase oligárquica financiera.
Como expresión de este convulso panorama mundial, en el Perú se desenvuelve desde hace más de nueve meses un levantamiento campesino y popular, con una clara reaccionarización del Estado, hoy en grave crisis y un estado de derecho que es quasi letra muerta. La más conservadora gran burguesía peruana, busca a toda costa imponer un Estado policíaco de más reaccionarización, vulnera su propio Estado de Derecho con sus principios demoliberales para reprimir al pueblo, quebranta los derechos fundamentales y criminaliza los derechos constitucionales de los ciudadanos peruanos.
Un estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una Constitución, que organiza y fija límites al gobierno y garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Esta definición se cumple en el Perú? ¡NO! El Estado de Derecho en el Perú y su sistema democrático es frágil y se encuentra en grave crisis, amenazado por un Estado policíaco.
Hace poco el gobierno ha declarado en Estado de emergencia dos distritos limeños; San Juan de Lurigancho y San Martin de Porres, aduciendo el combate a la delincuencia. Ante este hecho, cabe preguntarse, ¿quiere realmente el gobierno usurpador dar el combate a la delincuencia? o ¿qué persigue en verdad con todo esto?
Para responder estas interrogantes, hay que remitirse a septiembre de 2001, fecha en que se produjo el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Desde ese entonces, se ha venido aplicando con más claridad una campaña estatal de lucha contra el fenómeno del terrorismo, apelativo que se extiende a las luchas populares, normalizando las declaratorias de los Estados de emergencias, no solo en el Perú sino a nivel mundial, generando una sensación de inseguridad y miedo en la población.
En el caso del Perú, el estado de emergencia declarado por el gobierno de facto, que incluso le da el nombre de “medida democrática”, supuestamente para proteger a la ciudadania de la delincuencia, es en realidad un verdadero caldo de cultivo para el control social de la población con el objetivo de imponer la “paz social” que necesitan para proseguir su camino capitalista neoliberal.
De esta forma, los que mandan en el Perú buscan viabilizar la aplicación de su quinto plan económico de largo alcance que abarca unos 30 años aproximadamente. “Nuevo” plan remozado según el modelo económico neoliberal, que prosigue centrado en el extractivismo de materias primas. Plan que incrementará una cruenta explotación que la gran burguesia peruana y el imperialismo impulsa para obtener más ganancias y mayor capital, a costa de recargar una vez más sobre los hombros del pueblo el peso de la crisis. Allí se explica porqué no hay un plan para el combate a la delincuencia. A los gobernantes no les interesa la seguridad del pueblo, pues es conocido que policías o militares son cómplices o delincuentes uniformados, en concreto están aplicando persecución política que se enmarca dentro de la “Política de Seguridad”, parte del quinto plan económico estratégico.
El “Plan Nacional Multisectorial de lucha contra el terrorismo 2019-2023”, que acaba de terminar y hoy lo endurecen, contempla la persecución penal a aquellos que cometan “terrorismo indirecto”. Esto es, que realicen marchas, concentraciones, volanteos, publicaciones virtuales disidentes a nombre de una ideología que ellos tildan de “terrorista”; por ejemplo el demandar Asamblea Constituyente para nueva Constitución como ya lo ha repetido el general Arriola, ex jefe de la policía política peruana, formaría parte de este concepto. Con este plan, se ha terminado por institucionalizar la persecución penal a la izquierda y al pueblo solo por pensar diferente al discurso estatal y paralelamente aplastar el levantamiento popular que demanda Asamblea Constituyente para Nueva Constitución.
En este nuevo momento de la lucha popular mantener un régimen de excepción y aplicar reformas legales encaminadas a restringir derechos constitucionales, significa que el Estado peruano apunta claramente a la imposición de un Estado policíaco, entendido como aquel que busca tener un estricto control sobre toda la población, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y los derechos ciudadanos. En un Estado policíaco, los cuerpos que realizan funciones de seguridad son omnipotentes y omnipresentes, mientras que el individuo está desprotegido frente al poder y sus abusos. El Estado policíaco es lo contrario a un Estado de derecho. Por lo que urge persistir en la demanda de ¡ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y NUEVA CONSTITUCIÓN!
Hasta aquí el camino de los de arriba, de la gran burguesía peruana. Parecería que todo lo tienen bajo control y son poderosos, pero la realidad es otra, si ellos traman y planean hecatombes e invierten millones para luchar contra el pueblo es porque precisamente no lo tienen fácil. La reciente presentación en EEUU de la cuestionada Dina Boluarte y el “recibimiento” que le han hecho los residentes peruanos en ese país organizados en diferentes colectivos sociales, ha asestado un duro golpe politico a ese régimen espúreo y a la clase parásita que lo representa. La presentación de Boluarte en el escenario internacional ha sido un rotundo fracaso, su gobierno está más aislado y desprestigiado que nunca.
