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El juicio contra la ex-presidenta de Bolivia ira a vía penal por evidentes violaciones de Derechos Humanos

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El gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez tiene que responder ante la justicia por los informes de graves violaciones de los derechos humanos durante su mandato anuncio el ministro de justicia.

El nuevo Gobierno boliviano de Luis arce anunció ayer que si la Fiscalía General establece  que graves violaciones  a los derechos humanos en la investigación por los decesos en Montero, Vila Vila, Sacaba, Senkata y otros lugares, después de las elecciones fallidas el 20 de octubre de 2019 y la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en noviembre del año anterior, se instaurará un juicio penal contra la expresidenta Jeanine Añez, de lo contrario se efectuará un juicio de responsabilidades a través del Legislativo y para ello se requerirán dos tercios de votos.

“Solamente con la autorización del Legislativo y con dos tercios (de votos) se podría iniciar juicio de responsabilidades contra la expresidenta (Jeanine) Añez, (pero) esta situación tiene una excepción que es la referida a los casos de graves violaciones a los derechos humanos”, informó a Página Siete el ministro de Justicia Iván Lima.

Precisó que si la Fiscalía prueba las “graves violaciones” en los hechos violentos en las señaladas poblaciones, la exmandataria perdería la posibilidad de ser enjuiciada vía Parlamento en aplicación de la Constitución Política del Estado (CPE). “Nuestra Constitución establece que cuando se da una violación flagrante a los DDHH no se tiene ningún fuero ni privilegio. Esto es una tradición de la CPE, no creado en (la CPE de) 2009 sino desde la CPE de 1967. Existiendo esta norma hay un debate jurídico sobre si se debe esperar la autorización de la Asamblea o llevar un juicio en la vía ordinaria contra la expresidenta Añez”.

El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia octubre diciembre 2019”, presentado en septiembre por la Defensoría del Pueblo, señala que se “cometieron delitos de lesa humanidad”, pues se registraron 37 muertes durante la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba y Senkata. Un informe de Human Rights Watch, presentado en septiembre de 2020, señala que en los días previos y posteriores a la renuncia de Morales, 35 personas “fueron asesinadas” y falleció un herido en noviembre de 2019. El exministro de Gobierno Arturo Murillo aseguró a HRW “que el MAS mató a sus propios partidarios en Sacaba y Senkata”.

 

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