Huancavelica, Perú. — Un sobreviviente de la operación militar ocurrida el 25 de abril en el sector de Pongos, distrito de Colcabamba (Huancavelica), denunció públicamente que efectivos del Ejército peruano, actuando de civil y encapuchados, ejecutaron extrajudicialmente a cinco jóvenes y lo obligaron bajo amenaza de muerte a firmar una declaración falsa para encubrir los hechos.
Militares responsables identificados
La Fiscalía investiga a ocho efectivos militares por el presunto delito de homicidio calificado, quienes fueron liberados tras vencerse el plazo de detención preliminar de 48 horas
Patrulla militar responsable:
- Capitán EP Luis Montenegro Pardo (comandante de la patrulla)
- S2 EP Edilberto Marcos Guerra
- S2 EP Douglas Villacorta Saboya
- Teniente EP Brayan Fernández Dett
- S3 EP Fernando Córdova Mariano
- S2 EP Andy Sánchez Ríos
- Jorge Aguilar García
- Américo Vásquez Rojas
Víctimas de la masacre
Fallecidos (5 jóvenes):
- Jaime Bendezú Paraguay (28 años), agricultor de Colcabamba, danzante de tijeras, deja un hijo de un año
- Cristian Vilcatoma Águila (18 años), futbolista del club Sport Juventud Buena Libra Biscatán, estudiante de Huancayo
- William Núñez Soto (19 años), arquero, natural de Yauli, deportista vinculado a la Copa Perú
- Wilder Romero Sivi Páucar (30 años), agricultor de Pichanaqui
- Nilson Eduardo Montenegro Valencia, ciudadano colombiano, conductor de la camioneta
Heridos y sobrevivientes:
- Ricardo Acuña Quispe (20 años), sobreviviente que denunció la coacción
- Eber Soto Quispe, herido
- Jhonatan Águila Gutiérrez, herido
Hechos centrales
- La masacre: Según el testimonio de Ricardo Acuña, único sobreviviente que ha hablado con respaldo legal, una patrulla militar de ocho efectivos —vestidos con ropa civil, pasamontañas, polos negros y botas tipo «heavy»— emboscó en la madrugada (entre 4:00 y 4:15 a.m.) una camioneta Toyota Pick Up que transportaba a ocho pasajero
- Modus operandi: Los militares abrieron fuego sin previo aviso ni orden de alto, descargando aproximadamente 60 disparos contra el vehículo en cuatro tandas . Cuando creyeron que todos habían fallecido, se acercaron a «rematar» a las víctimas. Acuña logró sobrevivir fingiendo estar muerto y huyendo hacia el río.
- Coacción para encubrir: El sobreviviente relató que, tras ser capturado, fue amenazado con armas por los mismos militares para que se autoinculpara falsamente y sostuviera la versión oficial de un «enfrentamiento con narcotraficantes». Firmó un acta bajo coacción en la que afirmaba transportar 13 kg de droga, versión que luego rectificó con asistencia legal.
Denuncia de «narco-militarismo».
El experto en narcotráfico y crimen organizado, Jaime Antesana, analizó el caso y señaló que los hechos evidencian la actuación de «narco-militares»: sectores de las Fuerzas Armadas que, bajo el eufemismo de «operaciones de control territorial», emboscan a «mochileros» (jóvenes que transportan droga en rutas de herradura) para sustraer la mercancía y comercializarla.
Irregularidades detectadas en la operación:
- Militares vestidos de civil, con indumentaria similar a la de columnas irregulares, no con uniforme reglamentario
- Ausencia de participación de la Policía Antidrogas, institución legalmente facultada para operaciones contra el tráfico ilícito
- No hubo presencia de fiscal en la intervención, violando protocolos de cadena de custodia
- No se hallaron armas, drogas ni municiones en el lugar de los hechos, contradiciendo la versión oficial de un enfrentamiento
- La modalidad fue emboscada en horas de oscuridad, sin procedimiento de identificación ni advertencia.
Contexto político-institucional
- El ministro de Defensa, Amadeo Flores, asumió el cargo en medio del escándalo por la compra de aviones F-16 y debutó con esta crisis por la masacre de Huancavelica.
- El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, emitió comunicados atribuyendo a las víctimas vínculos con el narcotráfico y justificando la actuación militar en «legítima defensa»
- Los ocho militares intervinientes fueron liberados tras no solicitarse prisión preventiva, medida que genera cuestionamientos sobre la transparencia de la investigación fiscal.
- La fiscal Sandra Romero Chávez (posteriormente identificada como Zina Romero Chávez) no solicitó la detención preliminar de siete días prevista por ley, lo que permitió la liberación de los investigados.
Situación actual
- Ricardo Acuña y los otros dos heridos se encuentran bajo atención médica en Huancayo, con protección legal para declarar en libertad
- El abogado Anthony Crespo, defensor de las víctimas, ha verificado que el conductor colombiano no tenía antecedentes de tráfico de armas y se encontraba en situación migratoria regular, desmintiendo afirmaciones oficiales preliminares.
- Los cuerpos de las víctimas fueron retirados de la morgue judicial de Huancayo y trasladados a sus lugares de origen para su sepelio
- Autoridades locales de Colcabamba y organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente, transparente y con perspectiva de derechos humanos.
- La investigación fue derivada a la Fiscalía de Derechos Humanos de Huancayo
Reacción de familiares
Las familias de las cinco víctimas mortales se encuentran emocionalmente destrozadas, sin que ninguna autoridad del Estado ni representante del Ejército se haya acercado a brindarles explicaciones o condolencias oficiales hasta la fecha.
. El caso de Amador Águila Gálvez (65), abuelo de Cristian Vilcatoma Águila, ejemplifica el dolor: viajó desde Sumabamba hasta Colcabamba para reconocer el cuerpo de su nieto.
. El caso de Amador Águila Gálvez (65), abuelo de Cristian Vilcatoma Águila, ejemplifica el dolor: viajó desde Sumabamba hasta Colcabamba para reconocer el cuerpo de su nieto.
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