En medio de alarmante crisis económica que vive la Argentina, funcionarios del Consulado General del Perú vienen aplicando un abusivo cobro de aranceles a sus propios connacionales, por las gestiones que realizan ante dicha sede representativa del Estado Peruano en Buenos Aires.
Según denuncias llegada a nuestro medio, la sede consular ha llegado a cotizar el sol consular a 67 pesos argentino (un sol consular equivale a un dólar.), cuando la divisa estadounidense no ha sobrepasado los 63 pesos, aún en su mayor disparada, como efecto de la derrota electoral sufrida por el oficialismo, el pasado 11 de agosto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO).
Las denuncias de los indignados ciudadanos peruano también han sido trasladadas al estudio del abogado Dany Velarde, quien en dialogo con nuestro colaborador en Buenos Aires, denunció que, en efecto, la sede consular viene cometiendo una serie de abusos contra sus propios connacionales, sometiéndoles al cobro desmedido de los aranceles consulares.
Velarde, con documentos emitidos por el propio consulado, demostró que, por ejemplo, una Escritura Pública cuyo costo es de 45 Soles Consulares o dólares estadounidenses, la sede consular cobró a varios solicitantes la suma de 3,015 pesos, es decir, cotizó el dólar a 67 pesos argentinos, cuando en la fecha de la gestión la divisa norteamericana no sobrepasaba los 62,04 pesos al cambio oficial.
Para el letrado, el Consulado ha incurrido en el grave delito de cobro indebido, por lo tanto, consideró que corresponde la actuación del Ministerio Público para investigar y sancionar a los responsables.
«Esto es un delito, El Código Penal estipula dentro del Artículo383, el delito de exacción ilegal o cobro indebido, es un delito ya consumado, el Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción ya debería de intervenir , Caiga quien caiga, ya se cometió el delito». Sentenció Velarde.
Por otro lado, el letrado denunció que hasta la fecha, el Consulado, no ha respondido al pedido de informe sobre el personal administrativo, que constantemente es cuestionado por los malos tratos hacia los ciudadanos que concurren a realizar sus trámites. En ese sentido, Vedarle consideró que dicho organismo está incurriendo en otra falta. ‘Omisión de Funciones’.
