Perú: revelan lista de 77 religiosos acusados de abuso sexual contra menores; antes de visita del papa León XIV

La organización estadounidense BishopAccountability.org publicó un registro revelador que reúne denuncias contra 77 integrantes de la Iglesia católica en Perú. La lista incluye sacerdotes, religiosos, seminaristas, exobispos y figuras de alto rango eclesiástico, entre ellas el cardenal Juan Luis Cipriani y el fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari.

La revelación se produjo en vísperas de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. Los promotores de la investigación y difusión buscan que el máximo representante de la Iglesia católica intervenga y exija a las autoridades eclesiásticas peruanas la publicación de todos los nombres de religiosos contra quienes existan acusaciones documentadas de abuso sexual.

BishopAccountability.org informa que su base de datos recoge acusaciones difundidas públicamente en medios de comunicación y documentos judiciales. La inclusión de una persona no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad. La propia organización documenta también las respuestas de los acusados y los resultados de los procedimientos cuando están disponibles.

Una lista que alcanza a las más altas jerarquías de la Iglesia

El registro no se limita a sacerdotes de parroquias. Comprende a integrantes de distintas congregaciones religiosas, seminaristas, misioneros extranjeros, exobispos y altos representantes de la jerarquía católica.

Entre los nombres más conocidos figura el cardenal Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima, incluido por una acusación relacionada con hechos denunciados en 1983. Según la documentación recopilada, en 2019 la Santa Sede le impuso medidas disciplinarias personales y restricciones, mientras que en enero de 2025 dejó su condición de cardenal vitalicio.

También aparece Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), organización que fue disuelta por el Vaticano en enero de 2025, después de años de denuncias por abusos sexuales, físicos y psicológicos. La lista incluye además a otros antiguos integrantes y dirigentes del Sodalicio, entre ellos Germán Doig Klinge, Virgilio Levaggi Vega y Jaime Baertl Gómez.

La documentación también menciona a los exobispos Gabino Miranda Melgarejo y Antonio Santarsiero Rosa, así como a religiosos vinculados con diócesis de Lima, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Ayacucho, Puno, Huaraz y otras regiones del país.

Es importante precisar que la inclusión en este registro no significa que todas las personas señaladas hayan sido condenadas judicialmente. Los casos presentan diferentes situaciones: investigaciones en curso, denuncias archivadas, absoluciones, condenas penales y sanciones impuestas por autoridades eclesiásticas.

Casos emblemáticos.

La documentación de BishopAccountability.org también detalla la situación judicial y las medidas disciplinarias adoptadas por la Iglesia contra algunos de los religiosos incluidos en el registro. Estos son 12 casos representativos:

1. Marco Agüero Vidal – Arquidiócesis de Lima: Fue detenido en marzo de 2026 en el marco de un proceso penal. La Fiscalía había solicitado prisión preventiva, tras su detención, fue suspendido del ejercicio del ministerio por su congregación.

2. Cristián Alejandría Agreda – Ejército Peruano: Fue condenado en enero de 2019 a 30 años de prisión por abuso sexual contra una menor de edad. La documentación consultada no precisa una medida canónica adicional.

3. José Antúnez de Mayolo – Congregación Salesiana (Arequipa): Su caso fue cerrado en 2017 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo el argumento de falta de pruebas suficientes. La investigación eclesiástica también quedó archivada.

4. Gerardo Araujo Sarabia – Perú (Chile y Lima): Enfrentó un proceso judicial en Chile que fue suspendido bajo la condición de abandonar el país. Posteriormente, según la documentación, se reincorporó a labores pastorales en Lima.

5. Jaime Baertl Gómez – Sodalicio de Vida Cristiana: La Fiscalía chilena decidió no formular cargos en su contra en 2017. Sin embargo, fue expulsado del Sodalicio el 23 de octubre de 2024 por decisión del Vaticano.

6. Luis Alejandro Bazalar García – Arquidiócesis de Ayacucho: Fue condenado en enero de 2016, pero la Corte Suprema anuló la sentencia y lo absolvió en agosto de ese mismo año. Previamente, en julio de 2015, había sido separado del estado clerical por el Vaticano.

Cipriani, Figari y la impunidad de las altas jerarquías

7. Juan Luis Cipriani Thorne – Opus Dei (Arzobispado de Lima): La documentación no consigna una sentencia penal. Sin embargo, señala que en 2019 recibió un mandato penal de la Santa Sede con medidas disciplinarias específicas. En enero de 2025 dejó su condición de cardenal vitalicio.

8. William Costa Serrano – Arquidiócesis de Trujillo: El Vaticano cerró el caso en junio de 2017 por falta de pruebas. Según el registro, los sacerdotes involucrados permanecieron suspendidos del ministerio.

9. Luis Fernando Figari – Sodalicio de Vida Cristiana: La documentación no consigna una condena penal. Fue expulsado del Sodalicio en agosto de 2024 y, en enero de 2025, el Vaticano ordenó la disolución definitiva de esta organización religiosa.

10. Rooselt Flores Flores – Diócesis de Huancavelica: Fue objeto de una investigación penal y recibió nueve meses de prisión preventiva en 2024. El registro también señala que había sido liberado bajo fianza en 2022, mientras continuaban los cuestionamientos sobre su situación judicial.

11. Maurilio Villafana Morales – Diócesis de Huaraz: Fue condenado a cadena perpetua el 3 de mayo de 2023 por abusos sexuales contra una menor. Permaneció prófugo hasta que fue capturado en agosto de 2024 para cumplir su condena.

12. Alfonso Raúl Obando Manayay – Diócesis de Chiclayo: La documentación no proporciona información sobre una sentencia penal. No obstante, señala que fue separado definitivamente del estado clerical por decisión del Vaticano en junio de 2025.

Condenas, investigaciones archivadas y cuestionamientos a la justicia

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la diferencia entre las denuncias presentadas y las consecuencias judiciales o disciplinarias que enfrentaron los acusados.

De acuerdo con el balance documental, nueve de los integrantes de la lista habrían sido condenados por tribunales peruanos y uno adicional en Estados Unidos. Entre los casos mencionados está el sacerdote Cristián Alejandría Agreda, condenado a 30 años de prisión en 2019 por abuso sexual contra una menor de 13 años.

También figura Maurilio Villafana Morales, condenado a cadena perpetua en mayo de 2023 por abusar sexualmente de una niña en Huaraz. Fue capturado en agosto de 2024. Otro caso es el del sacerdote Fredy Valdivia Velásquez, condenado en agosto de 2025 a más de 13 años de prisión.

Sin embargo, otros expedientes terminaron archivados o con absoluciones. El documento cuestiona especialmente los procedimientos eclesiásticos que cerraron investigaciones por supuesta falta de pruebas y los casos de religiosos que continuaron ejerciendo funciones pastorales pese a las denuncias recibidas.

Uno de los ejemplos señalados es el del sacerdote Santiago Caballero, quien, después de haber sido suspendido en 2014 por denuncias de abuso, fue reincorporado al ministerio en enero de 2019.

Estas decisiones alimentan las críticas sobre la capacidad de la propia Iglesia para garantizar la protección de menores y evitar conflictos de intereses en sus investigaciones.

El Sodalicio: el escándalo que expuso una crisis institucional

El caso del Sodalicio de Vida Cristiana ocupa un lugar central en el registro. Fundado en Lima en 1971 por Luis Fernando Figari, el movimiento acumuló durante décadas denuncias por abusos sexuales, psicológicos y físicos contra menores y jóvenes.

La documentación señala que las acusaciones no alcanzaron únicamente a su fundador, sino también a otros integrantes que ocuparon posiciones de poder dentro de la organización. La disolución del Sodalicio por decisión del Vaticano en 2025 constituyó uno de los acontecimientos más importantes de esta crisis.

Para los denunciantes, el caso demuestra que los abusos no pueden entenderse únicamente como conductas individuales, sino que también deben investigarse las estructuras de poder, los mecanismos de protección institucional y las posibles responsabilidades de quienes recibieron denuncias y no actuaron oportunamente.

Las denuncias que alcanzan al actual papa León XIV

El informe incluye un capítulo delicado sobre denuncias contra el actual pontífice. estas involucran a León XIV cuando aún era Robert Prevost, obispo de Chiclayo. Ana María Quispe Díaz denunció a dos sacerdotes ante Prevost, los acusados fueron Eleuterio Vásquez González y Ricardo Yesquén Paiva.

La organización SNAP sostiene que no se habría abierto una investigación formal y cuestiona el tratamiento que recibieron las denuncias.

La documentación también señala que uno de los sacerdotes habría reconocido los abusos durante un procedimiento canónico, mientras que las autoridades civiles encontraron obstáculos relacionados con la prescripción de los hechos denunciados.

SNAP anunció que pretende presentar una nueva denuncia contra el Vaticano por el presunto encubrimiento. Se trata de acusaciones formuladas por organizaciones de sobrevivientes que deberán ser esclarecidas mediante investigaciones independientes; no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad del actual pontífice.

Tres exigencias: transparencia, Comisión de la Verdad y tolerancia cero

BishopAccountability.org y Red de Sobrevivientes Perú plantean tres reformas fundamentales:

1. Publicación de los nombres: exigir que las autoridades eclesiásticas publiquen los nombres de todos los integrantes del clero contra quienes existan acusaciones fundamentadas de abuso sexual.

2. Comisión de la Verdad: crear un organismo independiente que investigue la magnitud de los abusos, identifique responsabilidades institucionales y permita escuchar a las víctimas. La propuesta cuenta con el respaldo señalado del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

3. Tolerancia cero: impulsar reformas en el derecho canónico para garantizar la separación de los religiosos responsables de abusos y evitar que personas denunciadas puedan continuar ejerciendo funciones que impliquen contacto con menores.

Los activistas sostienen que las investigaciones no pueden quedar exclusivamente en manos de las autoridades eclesiásticas, especialmente cuando los mismos responsables de recibir las denuncias pueden intervenir en su investigación y resolución.

Asimismo, los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, junto con el activista José Enrique Escardó, han enfrentado procesos judiciales relacionados con sus investigaciones y denuncias sobre el Sodalicio, una situación que también ha generado cuestionamientos sobre las condiciones para investigar y denunciar estos hechos.

Una visita papal marcada por las exigencias de las víctimas

La publicación de los 77 nombres coloca a la Iglesia católica peruana ante una nueva exigencia de rendición de cuentas. Las organizaciones promotoras consideran que la visita de León XIV representa una oportunidad para que el Vaticano impulse cambios concretos y no se limite a expresar solidaridad con las víctimas.

La gran interrogante es si la jerarquía eclesiástica estará dispuesta a transparentar sus archivos, reconocer posibles responsabilidades institucionales y permitir investigaciones independientes sobre las denuncias.

Más allá de los nombres incluidos en el registro, el problema central es la posibilidad de que existan otros casos que nunca llegaron a conocerse públicamente. Para las víctimas y sus representantes, la publicación de esta lista no representa el cierre de una investigación, sino el inicio de una nueva batalla por la verdad, la justicia y la reparación.