Cancillería blindó a nuera de Boluarte por falsedad ideológica, un informe oficial detalla cómo la diplomática Blanca Gómez Velásquez utilizó a un tercero para falsificar la firma de su esposo, David Eduardo Gómez Boluarte —hijo de la ex presidenta Dina Boluarte— en un registro oficial de la inteligencia del Estado. La entidad decidió que este acto ilícito «no perjudicó gravemente» al fisco y lo redujo a una simple «amonestación verbal», salvándola de un proceso penal. 

Actualización 2026: Las irregularidades expuestas en este expediente continúan siendo un referente de la opacidad en la gestión diplomática, reafirmando la necesidad de una auditoría forense.

Un nuevo y vergonzoso capítulo en los pasillos del Palacio de Torre Tagle.

Mediante Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE, firmada el 19 de septiembre de 2025 por el viceministro Félix Denegri Boza, el Ministerio de Relaciones Exteriores blindó a la Blanca Mercedes Gómez Velásquez, esposa de David Eduardo Gómez Boluarte, hijo de Dina Boluarte Zegarra. La entidad archivó un proceso disciplinario grave y redujo la falsedad ideológica cometida por la funcionaria a una simple «amonestación verbal».

El caso expone la frivolidad con la que el Estado peruano protege a la familia de la ex mandataria, tratando un acto ilícito contra la fe pública como un simple «error de forma».

El «golpe» en el auditorio: Tres minutos para burlar a la DINI

Los documentos clasificados como «Confidenciales» a los que tuvo acceso esta redacción revelan la crónica de un fraude cantado. El 11 de septiembre de 2024, en el auditorio Raúl Porras Barrenechea de la Cancillería, se dictaba una sesión del Curso de Inteligencia Estratégica para funcionarios diplomáticos, a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

David Eduardo Gómez Boluarte, Tercer Secretario e hijo de Dina Boluarte, no se presentó a laborar ese día. Sin embargo, su nombre debía figurar en el registro oficial para evitar problemas con la Oficina de Capacitación, dado que el reglamento del curso solo permitía una ausencia justificada. La solución orquestada por su esposa, Blanca Gómez Velásquez, constituye un clásico caso de falsedad ideológica en documento público:

Según Memorándum N.° OCP00631/2024, Gómez Velásquez firmó su propia asistencia y acto seguido reclutó a Juan Sebastián Montenegro Arias, un joven trabajador de la ONG Encuentros (bajo convenio con la Agencia de la ONU para los Refugiados en la sede de Cancillería), para que falsificara la firma de su esposo en la lista oficial.

Las cámaras de seguridad de la entidad fueron implacables: registraron a Gómez Velásquez y a Montenegro en el lobby exactamente tres minutos (de 09:59:50 a 10:02:15). El tiempo justo para cometer el acto ilícito y esfumarse. El cotejo pericial confirmó que la rúbrica plasmada en el documento oficial difería flagrantemente de la foja de servicios del Tercer Secretario Gómez Boluarte.

Cuando fue acorralada por los investigadores, Gómez Velásquez admitió que, ante la inasistencia de su pareja, «se le ocurrió pedir que firme a un amigo muy cercano«. Por su parte, el «amigo» (Montenegro) minimizó el acto de falsedad alegando que «solo se trataba de una firma y que le habían dicho que era algo simple».

La contorsión jurídica para encubrir un delito contra la Fe Pública

Hacer que un tercero firme por otro en un registro estatal obligatorio no es una falta ética menor; es un acto ilícito tipificado en el Código Penal como Falsedad Ideológica, un delito contra la Fe Pública. Sin embargo, la Cancillería activó sus mecanismos de protección para salvar a la nuera de Dina Boluarte.

En una decisión que ha generado indignación en las bases del servicio diplomático, el Despacho Viceministerial argumentó que la falta «no revestía gravedad». ¿El argumento central? Que como la firma falsa no fue validada por los organizadores del curso, el Estado no sufrió un «perjuicio económico». En otras palabras, para la Cancillería, falsificar un documento oficial para beneficiar al hijo de la ex presidenta de la República es solo un «error» que merece un «llamado de atención», siempre y cuando no le cueste dinero al fisco.

Cómo Cancillería blindó a nuera de Boluarte: la cronología para «limpiar» el legajo

Los documentos a los que tuvo acceso esta redacción, permiten reconstruir una operación de contención de daños ejecutada cuidadosamente. El 11 de septiembre de 2024 se comete el fraude; el 20 de septiembre, la Oficina de Capacitación lo denuncia; y el 26 de septiembre, el Viceministerio ordena la investigación preliminar.

Pero es en la siguiente fase donde se revela el patrón: entre el 17 de octubre de 2024 (cuando se solicitan los videos de seguridad) y el 29 de enero de 2025, la Oficina General de Recursos Humanos (ORH) emite el Informe N.° 002-2025-UAD/MRE, un documento que, pese a tener la confesión, el video y el cotejo de firmas, ya viene «pre-cocinado» con la conclusión de que la falta «no reviste gravedad» porque no hubo perjuicio económico. Finalmente, el 19 de septiembre de 2025, el viceministro Félix Denegri Boza firma la RVM N.° 0555-2025-RE, que archiva el caso grave y lo convierte en una inofensiva «amonestación verbal».

Una amonestación verbal es la sanción más leve del régimen disciplinario y, lo más importante, no genera inhabilitación ni mancha el legajo de cara a los filtros de integridad (vetting) que exigen organismos internacionales.

Al «limpiar» el expediente de Gómez Velásquez justo en la ventana en que se evaluaban designaciones multilaterales, la Cancillería allanó el camino burocrático para que la pareja accediera a destinos privilegiados sin el estigma de un proceso por falsedad ideológica.

El «dedazo» a la ONU y el pacto de impunidad

Este blindaje administrativo no ocurre en el vacío; se suma a la creciente indignación pública y a los severos cuestionamientos políticos por el vertiginoso ascenso de la pareja en la carrera diplomática.

Expertos en el servicio diplomático denunciaron en su momento una serie de irregularidades con el canciller Elmer Schaler a la cabeza de Torre Tagle para garantizar que Gómez Boluarte y Gómez Velásquez aseguren destinos privilegiados en misiones internacionales y organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sorteando los méritos y el rigor del escalafón que sí se exige al resto del cuerpo diplomático peruano.

Esta red de privilegios no se limita a la pareja. En la actualidad, David Eduardo Gómez Boluarte y Blanca Gómez Velásquez consolidan su carrera en el servicio exterior con destinos en misiones clave y aspiraciones directas a la ONU, mientras que sus tíos —hermanos de la ex presidenta y del exvicepresidente— también figuran bajo la lupa de la justicia por presuntos delitos de tráfico de influencias y nombramientos irregulares.

Lejos de ser un obstáculo, estas investigaciones no les han impedido ser agraciados con designaciones en el exterior y cargos de confianza, evidenciando que la Cancillería se ha transformado en feudos familaires  donde el escrutinio legal es ignorado para garantizar el ascenso de todo el clan.

La responsabilidad política de esta operación de limpieza recae directamente en el despacho del ministro Schaler, bajo cuya gestión se emitió la resolución que convirtió un acto de falsedad ideológica en una simple «amonestación verbal». Mantener sus legajos «limpios» parece ser la prioridad absoluta de la Cancillería de Schaler.

La Fiscalía interviene: El blindaje como «prueba reina» de la retaliación

La gravedad de este blindaje administrativo ha trascendido los muros de Torre Tagle y ha activado una investigación penal formal. La Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-510-0, radicada en la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, revela que la Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE no fue un acto aislado de clemencia.

lave que denunció irregularidades en el Consulado de Miami, Emily Criado Nogales, la Cancillería la sancionó con 90 días de suspensión y alteró fraudulentamente su descanso médico.

Ante esta persecución, la funcionaria acudió al Ministerio Público, demostrando que el aparato de Torre Tagle, bajo la gestión del canciller Elmer Schaler, utiliza su potestad disciplinaria para castigar a quienes denuncian y premiar con impunidad a los allegados al poder.

En su ampliación de denuncia presentada el 30 de junio de 2026, la defensa de la testigo utilizó la propia resolución que «limpió» el legajo de Blanca Gómez Velásquez como la «prueba reina» ante el fiscal.

El documento acredita ante la justicia una flagrante Violación del Principio de Igualdad y Discriminación Grosera: mientras a la nuera de Dina Boluarte se le perdona un delito contra la Fe Pública con una amonestación verbal, a la denunciante se le aplica el máximo rigor sancionador.

Esta asimetría ha derivado en cargos penales por los delitos de Abuso de Autoridad, Falsedad Ideológica, Fraude Procesal y Coacción Sistémica, poniendo bajo el microscopio del Ministerio Público no solo la falsificación en el curso de la DINI, sino toda la red de complicidades que protege a la familia de la ex presidenta de facto.

• Nota de la Redacción: Esta información se sustenta en el Expediente Constituido, la Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE y la Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-510-0, documentos que evidencian la cronología, los actores, las figuras delictivas y la resolución final del caso. Se actualizará conforme se reciban los nuevos actuados fiscales.

Huancavelica, Perú. — Un sobreviviente de la operación militar ocurrida el 25 de abril en el sector de Pongos, distrito de Colcabamba (Huancavelica), denunció públicamente que efectivos del Ejército peruano, actuando de civil y encapuchados, ejecutaron extrajudicialmente a cinco jóvenes y lo obligaron bajo amenaza de muerte a firmar una declaración falsa para encubrir los hechos.

Militares responsables identificados

1. Capitán EP Luis Montenegro Pardo (comandante de la patrulla)
2. S2 EP Edilberto Marcos Guerra
3. S2 EP Douglas Villacorta Saboya
4. Teniente EP Brayan Fernández Dett
5. S3 EP Fernando Córdova Mariano
6. S2 EP Andy Sánchez Ríos
7. Jorge Aguilar García
8. Américo Vásquez Rojas

Víctimas de la masacre

1. Jaime Bendezú Paraguay (28 años), agricultor de Colcabamba, danzante de tijeras, deja un hijo de un año
2. Cristian Vilcatoma Águila (18 años), futbolista del club Sport Juventud Buena Libra Biscatán, estudiante de Huancayo
3. William Núñez Soto (19 años), arquero, natural de Yauli, deportista vinculado a la Copa Perú
4. Wilder Romero Sivi Páucar (30 años), agricultor de Pichanaqui
5. Nilson Eduardo Montenegro Valencia, ciudadano colombiano, conductor de la camioneta

• Ricardo Acuña Quispe (20 años), sobreviviente que denunció la coacción
• Eber Soto Quispe, herido
• Jhonatan Águila Gutiérrez, herido

Hechos centrales

• La masacre: Según el testimonio de Ricardo Acuña, único sobreviviente que ha hablado con respaldo legal, una patrulla militar de ocho efectivos —vestidos con ropa civil, pasamontañas, polos negros y botas tipo «heavy»— emboscó en la madrugada (entre 4:00 y 4:15 a.m.) una camioneta Toyota Pick Up que transportaba a ocho pasajero
• Modus operandi: Los militares abrieron fuego sin previo aviso ni orden de alto, descargando aproximadamente 60 disparos contra el vehículo en cuatro tandas . Cuando creyeron que todos habían fallecido, se acercaron a «rematar» a las víctimas. Acuña logró sobrevivir fingiendo estar muerto y huyendo hacia el río.
• Coacción para encubrir: El sobreviviente relató que, tras ser capturado, fue amenazado con armas por los mismos militares para que se autoinculpara falsamente y sostuviera la versión oficial de un «enfrentamiento con narcotraficantes». Firmó un acta bajo coacción en la que afirmaba transportar 13 kg de droga, versión que luego rectificó con asistencia legal.

Denuncia de «narco-militarismo».

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, le dio un plazo de 60 días al régimen de Dina Boluarte para que informe sobre las decenas de muertes ilícitas en las manifestaciones en su contra, detenciones arbitrarias, criminalización del derecho a la protesta, estigmatización, terruqueo y  otros.

De acuerdo al oficio remito al gobierno peruano, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se valió de los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo sobre a las víctimas, heridos y detenidos y perseguidos durante las protestas, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

En tal sentido, dicho organismo internacional solicita al gobierno peruano, información sobre: violaciones a los Derechos Humanos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estigmatización de la protesta, acoso y terruqueo a los manifestantes, defensores de los derechos humanos y periodistas.

Al respecto, Indira Rodríguez Paredes, abogada representante de la Coordinadora contra el Terruqueo, quién el pasado 27 de febrero expuso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló a Ecos Latinos que, el hecho de que la ONU pida explicaciones al Estado peruano sobre esta práctica, es histórico. Mira toda la entrevista: