Un grupo de 45 legisladores presentó el proyecto de amnistí qua busca la liberación de Pedro Castillo y repara a las víctimas de las masacres estatales tras la crisis política desde julio de 2o21. La iniciativa responde al fallo del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, el organismo declaró ilegal la detención de Pedro Castillo y ordenó su liberación.
La vacancia ilegal y el veredicto de la ONU
El proyecto, presentado por la diputada de Juntos por el Perú Catherin Palomino, ampara los actos vinculados al mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. Esto incluye la elaboración, lectura, difusión y refrendo del discurso de Castillo.
La exposición de motivos cita la Opinión Nro. 78/2025 de la ONU, el organismo determinó que la detención carece de fundamento legal y violó el debido proceso. El Congreso violó su propio reglamento al vacar a Castillo con solo 101 votos, se requerían 104 votos para configurar la «permanente incapacidad moral».
Vales señalar que el propio Miguel Ángel Torres, segundo vicepresidente de Keiko Fujimori, en campaña lectoral reconoció que «el Congreso, la Fiscalía y la prensa sacaron a Castillo al año y medio».
Asimetría penal: Masacres estatales versus prisión para comuneros
La CIDH documentó las «masacres» del gobierno de Dina Boluarte y reportó 56 muertos y 912 heridos por el uso indiscriminado de la fuerza estatal. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU cifró en 50 los fallecidos y 821 los heridos, mientras Human Rights Watch confirma que nadie ha sido condenado por estas muertes.
El texto busca «Conceder amnistía, en ejercicio de la atribución prevista en el numeral 5 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, por los hechos vinculados a la crisis política y social ocurridos desde el 28 de julio de 2021».
También busca «garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridos en el mismo contexto».
Mientras los agentes del Estado gozan de impunidad, comuneros cumplen penas efectivas. El proyecto ampara a manifestantes perseguidos por delitos menores como disturbios y bloqueos.
Sin embargo, el Artículo 9 del proyecto es tajante. Excluye hechos que produjeron muerte, lesiones graves dolosas o violencia sexual.
Los límites de la norma: No es un cheque en blanco
Los promotores aseguran que la norma no es impunidad, el Artículo 6 excluye explícitamente genocidio, crímenes de lesa humanidad y tortura. Tampoco beneficia a quienes actuaron con fines de lucro o usaron armas de fuego y se excluye expresamente a los agentes estatales en el uso de la fuerza.
El Artículo 14 garantiza los derechos de las víctimas, no limita las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.
Quedan fuera los «Hechos constitutivos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, incluidos los homicidios dolosos, las lesiones graves dolosas, la violencia sexual, la tortura y la desaparición forzada».
Tampoco alcanza a quienes cometieron hechos con finalidad de lucro, tráfico ilícito de drogas o uso de armas de fuego. Ni a «funcionarios, servidores públicos, miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú en el uso de la fuerza».
Excarcelación inmediata en 24 horas
Si el Congreso aprueba la norma, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, los jueces y fiscales tendrán 10 días hábiles para resolver. El Instituto Nacional Penitenciario deberá excarcelar a los beneficiados en un plazo máximo de 24 horas y e levantarán todas las medidas de coerción y requisitorias.
Entre los beneficiados figuran Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y comuneros de Cusco. Estos últimos cumplen penas de hasta 7 años por protestar.
Vale señalar que, cuando la ONU declara arbitraria una detención, el Estado debe reparar el daño. Esta amnistía no es un regalo, es el cumplimiento de obligaciones internacionales.
Quienes dieron el golpe y cometieron masacres son los verdaderos responsables de la crisis.
