El polémico presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha dado un ultimatum a los policías corruptos que serán vigilados de cerca y ha amenazado con acabar con sus vidas si alguna vez cometen un solo error que dañe la imagen pública de los cuerpos de seguridad del Estado.
Más de un centenar de agentes de todo el país que actualmente están siendo investigados por diversos delitos fueron enviados al Palacio de Malacañang para recibir una reprimenda pública de parte del mandatario, quien les acusó de ser totalmente «inútiles» para la nación y representar una «plaga» para la sociedad, informa el portal local Rappler.
«Voy a ser franco con toda Filipinas. Si siguen su camino, hijos de p**a, realmente les mataré. Pueden estar seguros de ello. No tengo nada más que hacer con idiotas como ustedes», amenazó Duterte a los policías, investigados por delitos como robo, extorsión, secuestro o violación, según recoge el rotativo Manila Bulletin.
«Para aquellos que estén involucrados en sindicatos de drogas y corrupción tengo una unidad especial que los controlará por el resto de sus vidas. Y si cometen otro error, ¡haré que les maten!», declaró Duterte, prometiendo revisar cada caso de forma individual.
Tras describir a los corruptos como «delincuentes» y «perros», el mandatario pidió a sus familiares que no fueran a verle llorando por su muerte si algún día son ejecutados.
Limpiar la imagen de las fuerzas del orden del país en medio de las críticas internacionales e internas que reciben sigue siendo uno de los principales retos de Duterte. Más de 1.800 policías, de los 6.401 que afrontan actualmente cargos administrativos, fueron expulsados y unos 3.600 suspendidos temporalmente desde que el político llegó a la Presidencia, informó la Policía Nacional de Filipinas la semana pasada.
Por otro lado, más de 4.540 personas han perdido la vida en la brutal guerra contra la droga que se desarrolla en el país, según un informe policial que abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2018. Sin embargo, activistas de derechos humanos denuncian la existencia de ejecuciones extrajudiciales y elevan esta cifra a más de 20.000.
