El canciller venezolano Jorge Arreaza a través de un comunicado, resaltó que daban un plazo de 72 horas para que los diplomáticos venezolanos abandonen el país.
El Gobierno de Venezuela emitió este martes un comunicado donde da un plazo e 72 horas al personal diplomático de EE.UU. para que abandone el país.
Caracas «da por terminadas las conversaciones con EE.UU para el establecimiento de oficinas de intereses, tras la ruptura de relaciones diplomáticas», recoge el texto compartido en Twitter por el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
Esta decisión se toma luego de que pasaran 45 días desde que el país suramericano rompiera relaciones con Washington, el pasado 23 de enero, cuando el diputado Juan Guaidó, autoproclamado «presidente encargado», fue reconocido inmediatamente por el Gobierno de Donald Trump.
Un día después, el 24 de enero, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que su país y EE.UU. acordaban un plazo de 30 días de negociaciones para establecer una oficina de intereses en Caracas y Washington. En esa oportunidad, EE.UU. ordenó a parte de su personal diplomático salir del país suramericano por razones de seguridad.
Riesgos para la paz
Según el comunicado, la permanencia en territorio venezolano del personal diplomático estadounidense «entraña riesgos para la paz, la integridad y la estabilidad del país» tras las declaraciones de altos funcionarios de la administración de Trump, «quienes han amenazado con el uso de la fuerza militar so pretexto de proteger a su personal».
Caracas señala a los funcionarios de la Casa Blanca de haber «mentido sistemáticamente al mundo sobre la realidad de Venezuela y dirigir personalmente operaciones de bandera falsa para justificar una intervención».
Reacciones
En la víspera de este anuncio, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, comunicó en su cuenta de Twitter la decisión de las autoridades estadounidenses de retirar a todos los diplomáticos que aún se encuentran en Venezuela.
De acuerdo con sus afirmaciones, la decisión «refleja el deterioro de la situación» en Caracas, así como «la conclusión de que la presencia del personal diplomático de EE.UU. en la Embajada [en Caracas] se ha convertido en un obstáculo para la política» del Gobierno estadounidense.
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano calificó este anuncio como «jugar posición adelantada y pretender hacer creer que Washington retira a su personal». En su opinión, es «una reacción arrogante y derrotista que demuestra mucha frustración».
La Casa Blanca ha incrementado la presión sobre Venezuela, a través de sanciones financieras, congelamiento de activos de las empresas estatales venezolanas en el exterior y bloqueo de transacciones bancarias, tras la juramentación de Maduro como presidente para el periodo 2019-2025, al que no reconoce como mandatario legítimo.
Caracas ha responsabilizado a EE.UU. de dirigir un plan para deponer al presidente Maduro, a través de una intervención militar hecha con el apoyo de países aliados en la región como Colombia y Brasil.
El mandatario venezolano aseveró en cadena nacional el pasado lunes que el Gobierno de EE.UU. ordenó el «sabotaje eléctrico» que dejó sin electricidad a casi todo el país el pasado 7 de marzo.
