Con Macri hasta el límite de no poder esconder sus fechorías, el pueblo argentino se hace oir ante la ONU por medio de una denuncia de Juristas argentinos que repudian su corrupta imposición de poder.
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) alega en su denuncia que desde la llegada de Macri al poder en 2015 hay “una cantidad de hechos reveladores” por parte del Ejecutivo Nacional que afectan notoriamente la independencia del Poder Judicial, refieren este domingo los medios argentinos.
La denuncia reclama la intervención del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Diego García-Sayán.
En el documento presentado ante esa oficina de la ONU, la AAJ considera que el actual Gobierno de Macri entró de lleno en un “periodo oscuro” en el que la subordinación de la justicia a las necesidades políticas del poder ya es “inocultable”.
Asimismo, cuestiona que a partir de la asunción de Macri se inició “una política de sometimiento del Poder Judicial” que tuvo como piedra fundamental el decreto para nombrar jueces en la Corte Suprema de Justicia sin cumplir los procesos constitucionales.
“A partir de ese movimiento inicial, sobrevinieron multitud de presiones sobre: integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, abogadas y abogados defensores en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos y, también, reiteradas intromisiones del Poder Ejecutivo sobre procesos en trámite, particularmente en lo que terminó siendo una persecución desatada contra líderes políticos y sociales de la oposición”, indica la AAJ.
Denuncian también que el Poder Ejecutivo intentó lograr la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designada en el año 2012 mediante el procedimiento legal vigente y “degradar y restar jerarquía al Ministerio Público”.
A su vez, condenan la estigmatización de la Justicia Laboral y de abogados laboristas, así como la persecución judicial a profesionales del Derecho y activistas de derechos humanos.
Desde que Macri tomó la presidencia en 2015, su Ejecutivo ha llevado a cabo medidas para presionar a los opositores; la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra entre ellos. Ella ha dicho en múltiples ocasiones ser víctima de una persecución “judicial” impulsada por el Gobierno para callar la voz opositora.
