La Legislatura tratará y cuenta con los votos para aprobar el nuevo código que propone Larreta.
“Es sumamente peligroso para cualquier habitante de la Ciudad y debe despertar un alerta especial en los sindicatos, organizaciones sociales y partidos opositores ya que se les otorga al Gobierno y su Justicia adicta la posibilidad de espiar y armar causas en forma indiscriminada”, advirtió Myriam Bregman. Unidad Ciudadana alertó que implicará un “cheque en blanco para la Justicia y las fuerzas de seguridad”.
La Legislatura porteña se prepara para una nueva aprobación polémica. En la sesión ordinaria de este jueves se tratará la modificación del Código Procesal Penal vigente, a instancias del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Desde la oposición advierten que “quieren imponer un Gran Hermano monitoreado por Angelici y el Gobierno de la Ciudad” y que implicará un “cheque en blanco para la Justicia y las fuerzas de seguridad”.
Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo apuntan a adaptarlo y actualizarlo en el marco de las competencias delegadas por la Nación al ámbito de la Ciudad. El tema se considerará de modo preferencial, por solicitud del oficialismo, durante la sesión ordinaria citada para mañana a las 11.
El proyecto consta de 69 artículos que cambiarían parcialmente la actual normativa en la que deben basarse los jueces y fiscales para el desarrollo de las causas. La oposición de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y Partido Socialista emitió dictamen en minoría proponiendo la vuelta a comisión para continuar la discusión del proyecto en ese ámbito. En los últimos días, organizaciones sociales abocadas a los derechos y libertades emitieron un duro comunicado contra esta iniciativa.
“En el marco de que la Ciudad se está haciendo cargo de nuevas competencias penales, el proyecto pretende poner a todos los habitantes bajo un sistema de vigilancia permanente y hacerlo sin ningún control, un verdadero Gran Hermano que va a estar a cargo del Gobierno de la Ciudad y de Angelici, el gran operador de la Justicia porteña”, advirtió la legisladora Myriam Bregman, del PTS-FIT. Y remarcó que “el proyecto incluye supuestas ‘medidas especiales de investigación’ como vigilancia de celulares, computadoras, GPS, cámaras y micrófonos ante el solo requerimiento del fiscal y sin que los investigados se enteren. Ello estará a cargo de la Policía de la Ciudad, a la que se la viene equipando con moderna tecnología a tal fin”.
Bregman alertó que “es sumamente peligroso para cualquier habitante de la Ciudad y debe despertar un alerta especial en los sindicatos, organizaciones sociales y partidos opositores ya que se les otorga al Gobierno y su Justicia adicta la posibilidad de espiar y armar causas en forma indiscriminada”.
Por su parte Patricio del Corro, diputado del bloque PTS-FIT, agregó que “se amplían además las facultades discrecionales para ordenar prisiones preventivas, aumentando los plazos de detención, algo absolutamente inconstitucional y que será usado contra los habitantes de los barrios populares, contra los vecinos de más bajos recursos, los más perseguidos, como la comunidad senegalesa”. Destacó asimismo que “Larreta busca más poder para la Justicia y la Policía de la Ciudad. Legalizan la infiltración a las organizaciones sociales y políticas en forma secreta, sin posibilidad de defensa. No pueden acusar de paranoia nuestra alerta: recordemos que Macri ya estuvo procesado por mandar a pinchar teléfonos, hasta el de su propio cuñado”.
Desde Unidad Ciudadana, en tanto, los legisladores y legisladoras también anunciaron que rechazarán el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que envió el Ejecutivo porteño a la Legislatura, porque “compromete seriamente principios, derechos y garantías consagrados a nivel constitucional y convencional”. Al mismo tiempo, en conjunto con otros bloques opositores (Peronista y Socialista), se firmó un dictamen de minoría que exige más tiempo de debate en comisión.
“De aprobarse esta iniciativa tal como está redactado someterá a los porteños y porteñas a tres riesgos: en primer lugar la vulneración de la intimidad de las personas. En segundo término, la posible comisión de abusos en el uso de estas herramientas con fines políticos. Por último, expondrá al sistema judicial a un proceso de deslegitimación mayor al que hoy estamos viendo”.
