Según el especialista, «la posible intervención militar implicaría una violación de numerosas normas del derecho internacional».
EE.UU. podría iniciar una intervención militar en Venezuela bajo el pretexto de la solicitud correspondiente por parte del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, a quién Washington reconoce como «presidente encargado» del país latinoamericano, opina Alfred-Maurice de Zayas, exasesor de la ONU en derechos humanos para la promoción de un orden internacional democrático e igualitario, cita TASS. Sin embargo, según el derecho internacional, solo el presidente legítimo del país, Nicolás Maduro, puede pedir ayuda militar a otras naciones, añade el especialista.
«Guaidó es ilegítimo. Según la Constitución de Venezuela, solo Maduro puede pedir ayuda militar a otros Estados. El reconocimiento por parte de EE.UU. de Guaidó como presidente encargado no le da ninguna legalidad y legitimidad», comentó Zayas.
Sin embargo, «esto no significa que la intervención de EE.UU. no suceda», sostuvo, y agregó que «la posible intervención militar implicaría una violación de numerosas normas del derecho internacional».
En opinión del especialista, a pesar de la «claridad de las normas y reglas, su aplicación es compleja porque existe una cultura de la impunidad».
En ese sentido, Alfred-Maurice de Zayas señaló que «EE.UU. no ha sido juzgado por su agresión en Cuba, Granada, Haití, Panamá, Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, etcétera».
Crisis política en Venezuela
El 23 de enero Juan Guaidó ―que fue electo diputado y luego presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela― se autoproclamó presidente encargado del país hasta la celebración de nuevas elecciones. Ha sido reconocido en ese cargo por EE.UU., Argentina, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Honduras, Guatemala, Brasil, Canadá, la mayoría de los países europeos y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Nicolás Maduro calificó el hecho como un intento de golpe de Estado y rompió relaciones diplomáticas con EE.UU. El Gobierno de Maduro fue considerado legítimo por países como Rusia, China, Bolivia, México, Cuba, Irán, Nicaragua, El Salvador, Turquía, Bielorrusia, Sudáfrica y Siria, entre otros.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, fue declarada en desacato en 2016 por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anunció que todos sus actos serían nulos. En 2017 se formó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano paralelo a la Asamblea Nacional que pretendió sustituirla, por lo cual los opositores denunciaron la usurpación del poder por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Por su parte, la oposición tampoco reconoció los resultados de las elecciones convocadas por la ANC que terminaron con la reelección de Maduro juramentado ante el TSJ, aunque su victoria en las elecciones de 2013, convocadas 30 días después de la muerte de Hugo Chávez, y en las que ganó por escaso margen, también fue puesta en duda y declarada ilegítima por sus rivales.
En la Constitución vigente del país ciertas facultades son otorgadas a la Asamblea Nacional, pero no se hace mención alguna al órgano llamado Asamblea Nacional Constituyente. La ANC trabaja en la redacción de una nueva Constitución. En medio de la aguda crisis política y económica que vive Venezuela, las instituciones y el respaldo de las Fuerzas Armadas del país siguen en manos del Gobierno de Nicolás Maduro.
