La Cancillería peruana ha optado por la estrategia del avestruz. Ante el escándalo internacional por la presencia del diplomático Fernando Mauricio Suni Carrillo en el Congreso boliviano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Carlos Spa, emitió un comunicado buscando justificar el vergonzoso incidente.
La ficción del «oyente» en el hemiciclo
En el corazón de su defensa, la Cancillería sostiene una versión que choca frontalmente con las acusaciones de los legisladores bolivianos recogidos por la prensa internacional. El comunicado afirma textualmente:
«Las acciones desplegadas por el funcionario diplomático peruano en la Asamblea Legislativa boliviana se limitaron estrictamente a sus funciones de recabar información como oyente, en una audiencia pública en ejercicio de sus labores de representación.»
Sin embargo, los videos grabados por asambleístas bolivianos muestran una realidad muy distinta. En las imágenes, Suni Carrillo no aparece como un observador silencioso, sino como parte activa de una delegación conjunta de Estados Unidos, Argentina y Perú que operó bajo la bandera del «Escudo de las Américas». La delegación distribuyó códigos QR, estableció contactos directos con legisladores y fue abordada por una asambleísta en medio de un cabildeo agresivo dentro del hemiciclo.
El escudo legal de la Convención de Viena
Para blindar a su funcionario, el Ministerio de Relaciones Exteriores recurre al derecho internacional, argumentando que:
«El seguimiento e información sobre las condiciones y la evolución de los acontecimientos políticos, económicos y sociales en el Estado receptor constituye una función propia de los funcionarios diplomáticos acreditados en el exterior en el marco de la promoción de relaciones amistosas entre los Estados.»
No obstante, esta justificación ignora deliberadamente las denuncias de los propios asambleístas bolivianos, quienes denunciaron transferencias de 40.000 dólares a diputados para aprobar la destitución del fiscal Roger Mariaca.
Además, la Cancillería omite que el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un documento firmado por 15 países (incluido el Perú) «aplaudiendo» la destitución del fiscal, lo que demuestra que no fue una simple labor de «seguimiento», sino una operación de presión geopolítica coordinada.
El objetivo: blindar a Cerimedo
Toda esta operación tiene un beneficiario claro: Fernando Cerimedo, el asesor argentino de extrema derecha acusado de tentativa de feminicidio, violencia familiar y enriquecimiento ilícito, a quien el fiscal Mariaca tenía bajo investigación. Recientemente, la abogada Nadia Beller publicó imágenes de Cerimedo con el hijo de Donald Trump, y un audio filtrado lo muestra negociando permisos para narcoaviones en el Beni por 15.000 dólares.
Al destituir a Mariaca, el «Escudo de las Américas» logra enterrar la investigación contra un operador con vínculos internacionales y acusaciones de narcotráfico, mientras los 15 países de la alianza —incluido el Perú— celebran oficialmente las «acciones decisivas» del gobierno boliviano.
La ironía de la «no injerencia»
Quizás el párrafo más irónico del comunicado sea aquel donde la Cancillería intenta lavar la imagen del Perú en el exterior:
«El Perú es un país que respeta plenamente la soberanía, la independencia y la integridad de todos los Estados del mundo… En ese sentido, el Perú observa fielmente el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada Estado.»
La versión oficial de Lima no solo es inverosímil; es una ofensa a la inteligencia pública. El Perú no solo guardó silencio ante lo que la oposición boliviana califica como el «secuestro» del fiscal Mariaca, sino que envió a sus representantes a tomar notas mientras, según las denuncias, se compraban votos en el corazón de los Andes para blindar a un operador de la extrema derecha con vínculos con el narcotráfico.
