En la sesión número 30 del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, la Fiscalía presentó lo que denominó una prueba clave para sustentar la acusación de rebelión y alzamiento en armas, basada en su mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, el documento presentado no solo ha generado desconcierto entre juristas y especialistas, sino que también ha provocado una ola de comentarios irónicos por su contenido y falta de rigor.
El informe —una relación de efectivos policiales supuestamente activados bajo “alerta absoluta” en un batallón de respuesta inmediata— comienza con la sigla “OT”, interpretada por el Ministerio Público como “orden telefónica”. No obstante, la defensa de Castillo refutó esa interpretación, señalando que corresponde a un perito definir su significado. “OT” bien podría referirse, por ejemplo, a “orden táctica”, “operación técnica”, o incluso —según algunos comentaristas— a “obra teatral”, dada la naturaleza del documento.
Lo que realmente generó incredulidad fue el contenido mismo del listado. Entre los agentes mencionados figuran policías con formación en peluquería, cocina y repostería. Esta revelación ha motivado preguntas que van del análisis legal al sarcasmo institucional: ¿Pretendía Pedro Castillo cerrar el Congreso para luego agasajar a los parlamentarios con postres, bebidas y cortes de cabello? ¿Una rebelión armada o una despedida con pollito a la brasa?
Más allá del humor que provoca la situación, el documento presenta serias deficiencias. Se señala que el personal estaba asignado con horarios regulares de lunes a viernes, lo que contradice la tesis de una activación extraordinaria los días 7 y 8 de diciembre. Varios expertos en derecho penal han calificado el informe como “precipitado”, “genérico” y “sin análisis probatorio”, comparándolo con un trabajo universitario de último minuto.
A ello se suma una omisión particularmente grave: la Fiscalía no citó al jefe de la unidad UNISEEP-Asalto, el oficial Montesinos Carpio Óscar Luis, a pesar de que, según la defensa de Manuel Lozada, dicho oficial sí declaró ante el Ministerio Público y habría desmentido la existencia de una orden expresa para cerrar el Congreso. De confirmarse que su testimonio fue deliberadamente excluido por no convenir a la narrativa fiscal, se abriría la puerta a cuestionamientos por presunta manipulación del proceso.
Frente a estos hechos, surge una interrogante crucial: ¿el mensaje de Pedro Castillo realmente produjo una conmoción social que justifique una acusación por rebelión? ¿O estamos ante una construcción fiscal carente de sustento jurídico, sostenida más en la especulación política que en la evidencia penal?
El país observa con atención —y no poca ironía— el desarrollo de este proceso. Mientras algunos ven una grave crisis institucional, otros no pueden evitar comparar el juicio con una tragicomedia donde fiscales presentan peluqueros como insurgentes y las pruebas se desmoronan como un queque mal horneado.
