El abogado César Nakazaki anunció que apelará la orden judicial de detención preventiva dictada por el Poder Judicial contra el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, acusado del presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Tras conocer la decisión del juez de declarar fundado el pedido de la Fiscalía para enviar a Kuczkynski a prisión preventiva por 36 meses, Nakazaki anunció que presentará la apelación dentro del plazo legal de tres días.
Según dijo, la sala de apelaciones tiene 48 horas para pronunciarse respecto a la apelación.
El magistrado que dictó el fallo contra Kuczynski es Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
No obstante expresar su desazón por el fallo del juez Chávez, Nakazaki dijo que no lo sorprende porque el “abuso de la prisión preventiva está instalado en el Perú”.
“Entonces lo que toca ahora es apelar y esperar que la sala de apelaciones resuelva”, comentó.
Indicó que en el caso Lava Jato, el grueso de los investigados se encuentra bajo mandato de prisión preventiva, cuando, según la ley, esa medida restrictiva de la libertad debe ser la excepción y no la regla.
“Vamos a ver si eso podemos corregirlo en segunda instancia”, manifestó.
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Recordó que el exjefe del Estado, desde que renunció a la Presidencia de la República, ha asistido a más de un centenar de diligencias de investigación del Ministerio Público, lo cual prueba su vocación por colaborar con el esclarecimiento de las denuncias.
“Que un fiscal no considere eso lo entiendo porque es un cazador, pero que un juez, que debería ser garante de la libertad no lo haga, sí me preocupa”, añadió.
No obstante el fallo judicial, Kuczynski todavía no podrá cumplir la prisión preventiva en un centro penitenciario debido a que se encuentra internado en una clínica local por el mal cardiaco que lo afecta.
El fiscal José Domingo Pérez solicitó prisión preventiva para Kuczynski al considerarlo responsable del delito de lavado de activos en agravio del Estado cometido durante su gestión como ministro de Estado, en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Según los argumentos presentados ante el juez, aprovechando su posición como ministro de Estado, Kuczynski contribuyó a elaborar un entramado legal que favoreció a Odebrecht en los concursos de concesiones de obras públicas.
Con ello, de acuerdo a la acusación, Kuczynski buscó que Odebrecht posteriormente contratara los servicios de sus empresas para consultorías.
