Desde el «blindaje» económico de los diplomáticos hasta la ruptura de la cadena de custodia bajo mando militar partidizado, esta es la radiografía de un proceso viciado. En el extranjero no existe el JNE-ONPE; las elecciones de los PEX las maneja la Cancillería.

1. La Compra de Lealtades: El Decreto Jerí

La manipulación no comenzó el día de la elección, sino meses antes. Bajo la gestión del interino José Jerí, el gobierno aprobó el Decreto Supremo N.° 250-2025-EF, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2025. Esta norma duplicó los sueldos de embajadores y cónsules, elevándolos de 10,600 a 20,000 dólares mensuales.

Además de ser un escandaloso aumento salarial, esta medida funcionó como un mecanismo de cooptación institucional. Al asegurar el bienestar económico de la cúpula diplomática, el pacto garantizó una burocracia lealista dispuesta a ejecutar directrices no escritas pero claramente entendidas: proteger los intereses del verdadero poder detrás de los gobiernos títeres del Congreso en el extranjero.

2. La Violación de la Neutralidad: Canciller Hugo de Zela

La imparcialidad del Estado fue pisoteada públicamente por el entonces embajador y excanciller Hugo de Zela. En una entrevista con Canal N, De Zela declaró que «votar bien» significaba elegir a alguien «totalmente distinto» al expresidente Pedro Castillo.

Esta no fue una opinión personal; fue una directriz política emitida desde una posición de poder estatal. Al asociar el voto contra el «populismo» con la necesidad de marcar distancia de Castillo, De Zela envió un mensaje codificado pero inequívoco a la base electoral de derecha: votar por Keiko Fujimori. Fue un acto de proselitismo estatal que utilizó la plataforma diplomática para influir en la preferencia de miles de ciudadanos.

3. El Vacío de Poder: La Purga Diplomática de Balcázar

Bajo la supervisión del canciller Carlos Pareja, un declarado admirador de Donald Trump y figura cercana al fujimorismo, el presidente interino José María Balcázar ejecutó una movida maquiavélica horas antes del ballotage: el cese de embajadores políticos en 17 países estratégicos, incluyendo España, Francia y naciones clave de Latinoamérica.

Al dejar estas plazas vacantes y anunciar que los reemplazos serían designados por el próximo gobierno, se eliminó cualquier posibilidad de supervisión externa fresca. El manejo del material electoral quedó en manos de interinos y funcionarios de carrera cuya lealtad ya había sido asegurada por el decreto de Jerí. Fue una jugada de ajedrez para mantener el control absoluto sobre la logística electoral sin rendir cuentas a nuevos actores políticos, creando un vacío de poder que facilitó la opacidad en el conteo de votos.

4. La Injerencia Extranjera: El Rol de Berni Navarro y la Embajada de EE. UU.

Mientras el gobierno peruano manipulaba sus propias estructuras, se evidenció una injerencia sin precedentes por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, encabezada por el embajador Berni Navarro. Lejos de mantener una postura de observación neutral, Navarro actuó como un actor político directo, ejerciendo presión sobre las instituciones democráticas peruanas para favorecer un resultado específico.

La presencia de Berni Navarro transformó la embajada estadounidense en un centro de operaciones políticas, violando flagrantemente los principios de no intervención y soberanía nacional.

5. El Agujero Negro de Buenos Aires: Isasi y la Cadena Rota

Si hay un lugar donde las sospechas se materializan en hechos concretos, ese es el consulado de Buenos Aires. Bajo la gestión del cónsul Luis Felipe Isasi —otro beneficiario del aumento salarial, de públicos vínculos con el fujimorismo en Argentina—, se produjeron irregularidades graves. Aunque Isasi fue reasignado a Cuba en noviembre de 2025, continuó operando de facto en Argentina durante el proceso electoral.

• Retención ilegal: las actas fueron retenidas durante tres días antes de su envío a Lima, rompiendo flagrantemente la cadena de custodia.
• Opacidad total: se impidió la digitalización de las actas, eliminando la única herramienta capaz de auditar la veracidad de los resultados físicos.
• Ausencia de supervisión: sin observadores de partido ni respaldo digital, el conteo inicial quedó a merced de la voluntad de un funcionario con conocidos vínculos fujimoristas.

Te puede interesar: ¡ESCÁNDALO! Cancillería peruana premió a estafadores y vinculados al narcotráfico.

6. Caos y Opacidad en Estados Unidos: Denuncias en Washington, Nueva York y Miami

Las irregularidades no se limitaron a Sudamérica. En Estados Unidos, país con la mayor densidad de votantes peruanos en el exterior, las denuncias de manipulación fueron sistémicas y alarmantes, aprovechando el vacío de poder dejado por la purga de embajadores.

• Washington D. C.: testigos presenciales reportaron que miembros de mesa fueron intimidados por personal consular para modificar actas con errores materiales sin seguir el protocolo de subsanación estándar. Además, se denunció la falta de transparencia en el escrutinio final dentro de la embajada, donde se negó el acceso a representantes de partidos opositores bajo pretextos de «seguridad nacional».
• Nueva York: organizaciones de la diáspora denunciaron retrasos injustificados en la apertura de locales de votación en zonas con alta concentración de votantes críticos al oficialismo, mientras que en distritos considerados «fujimoristas», el flujo fue fluido. Se reportaron también ánforas que llegaron a Lima con sellos de seguridad visiblemente violados o inconsistentes con los registros de salida.
• Miami: se documentaron casos de «voto cadena», donde funcionarios consulares habrían asesorado a votantes mayores sobre cómo marcar sus papeletas, violando el secreto del sufragio. Asimismo, hubo denuncias sobre la desaparición temporal de paquetes electorales antes de su ingreso a la valija diplomática, generando dudas sobre si todo el material emitido llegó efectivamente a Lima.

Estas denuncias, sumadas a la prohibición de digitalización, imposibilitaron una auditoría rápida y crearon un manto de sospecha sobre decenas de miles de votos en la comunidad peruana más grande del exterior.

7. La Prohibición de Digitalización: La ONPE bajo Presión

A diferencia de la primera vuelta, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante Resolución N.° 000090-2026-JN/ONPE, prohibió la digitalización de las actas de los peruanos en el extranjero para la segunda vuelta. Esta decisión crítica se dio en un contexto de crisis institucional tras la renuncia del jefe de dicha organización, Piero Corvetto, quien dejó el cargo tras detectarse irregularidades en la primera ronda.

La suspensión de este protocolo de transparencia ocurrió bajo intensa presión mediática y amenazas directas del candidato Rafael López Aliaga, quien llegó a exigir la nulidad de los comicios si no se cumplían sus demandas en 24 horas. Al eliminar el respaldo digital, la ONPE dejó al voto en el exterior vulnerable a la manipulación física, sin posibilidad de auditoría cruzada inmediata.

8. La Custodia Partidizada: De Diez Canseco a las Fuerzas Armadas de Amadeo Flores

El viaje de las actas culminó en Lima, donde fueron recibidas inicialmente por Raúl Diez Canseco. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió su rol como parte de la «cadena de custodia diplomática», la realidad política es innegable: Diez Canseco es una figura de abierta cercanía al fujimorismo. El partido Juntos por el Perú denunció correctamente que entregar el material electoral más sensible del país a un actor con claros intereses partidistas constituye un conflicto de interés insalvable.

Sin embargo, la captura del proceso no terminó allí. La custodia final y el transporte seguro de las ánforas quedaron bajo la responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, lideradas por el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno. Nombrado en abril de 2026 dentro del gabinete del presidente interino José María Balcázar, Flores no es un tecnócrata independiente, sino un operador político con profundos lazos con Fuerza Popular:

• Historial de aportes: realizó aportes económicos directos al partido fujimorista entre 2018 y 2023.
• Cargos previos: trabajó como asesor principal de la congresista fujimorista Rosángela Barbarán (2021-2023) y de la Comisión de Educación presidida por Paloma Noceda (2017-2018).
• Militancia activa: postuló previamente a regidor de Lima por la plancha de Fuerza Popular.

Aunque la lideresa Keiko Fujimori descartó públicamente que su nombramiento respondiera a una «cuota de poder», la evidencia de su trayectoria desmiente esta narrativa. La presencia de Flores en el Ministerio de Defensa garantizó que la fuerza pública, encargada de custodiar físicamente los votos más cuestionados del proceso, estuviera bajo el mando de un aliado estratégico del fujimorismo. No se trata solo de quién recibió las valijas, sino de quién tuvo el poder de fuego y la autoridad para garantizar —o impedir— su integridad final.

Conclusión: Un Voto Sin Garantías

La suma de estos factores configura un escenario de fraude sistémico:

1. El soborno institucionalizado mediante el D. S. N.° 250-2025-EF.
2. La purga diplomática de Balcázar.
3. La intervención pública de De Zela.
4. La opacidad de Isasi en Buenos Aires.
5. Las denuncias de intimidación y manipulación en Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami).
6. La eliminación de auditoría digital por Resolución N.° 000090-2026-JN/ONPE.
7. La recepción partidista de Diez Canseco.
8. La custodia militar bajo el mando de Amadeo Flores, operador fujimorista.

El voto de los peruanos en el exterior no fue libre ni secreto; fue gestionado, influenciado y custodiado por una red de funcionarios comprometidos con un resultado específico. La democracia peruana exige una investigación internacional independiente; de lo contrario, cada voto emitido fuera de nuestras fronteras será visto no como un ejercicio cívico, sino como el producto de una manipulación estatal calculada.

1. Militares vestidos de civil, con indumentaria similar a la de columnas irregulares, no con uniforme reglamentario
2. Ausencia de participación de la Policía Antidrogas, institución legalmente facultada para operaciones contra el tráfico ilícito
3. No hubo presencia de fiscal en la intervención, violando protocolos de cadena de custodia
4. No se hallaron armas, drogas ni municiones en el lugar de los hechos, contradiciendo la versión oficial de un enfrentamiento
5. La modalidad fue emboscada en horas de oscuridad, sin procedimiento de identificación ni advertencia.

Contexto político-institucional

• El ministro de Defensa, Amadeo Flores, asumió el cargo en medio del escándalo por la compra de aviones F-16 y debutó con esta crisis por la masacre de Huancavelica.
• El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, emitió comunicados atribuyendo a las víctimas vínculos con el narcotráfico y justificando la actuación militar en «legítima defensa»
• Los ocho militares intervinientes fueron liberados tras no solicitarse prisión preventiva, medida que genera cuestionamientos sobre la transparencia de la investigación fiscal.
• La fiscal Sandra Romero Chávez (posteriormente identificada como Zina Romero Chávez) no solicitó la detención preliminar de siete días prevista por ley, lo que permitió la liberación de los investigados.

Situación actual

• Ricardo Acuña y los otros dos heridos se encuentran bajo atención médica en Huancayo, con protección legal para declarar en libertad
• El abogado Anthony Crespo, defensor de las víctimas, ha verificado que el conductor colombiano no tenía antecedentes de tráfico de armas y se encontraba en situación migratoria regular, desmintiendo afirmaciones oficiales preliminares.
• Los cuerpos de las víctimas fueron retirados de la morgue judicial de Huancayo y trasladados a sus lugares de origen para su sepelio
• Autoridades locales de Colcabamba y organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente, transparente y con perspectiva de derechos humanos.
• La investigación fue derivada a la Fiscalía de Derechos Humanos de Huancayo

Reacción de familiares