PEX Argentina
Acuerdo con el FMI desembolsaría a Argentina unos 24.400 millones de dólares hasta marzo
El board del Fondo aprobó la ampliación del programa de asistencia solicitado por la Argentina y autorizó nuevos desembolsos que comenzarán desde la semana que viene.
El tanto, el Gobierno publicó los detalles de su compromiso: prevé una caída más profunda de la economía y controlar más el mercado de cambios.
El FMI aprobó la primera revisión del desempeño de la Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By de 36 meses que fuera suscripto el 20 de junio de 2018, autorizó un desembolso por u$s 5.700 millones y también aprobó la ampliación del programa de asistencia solicitado por la Argentina a comienzos de mes en curso. Entonces, para lo que resta del año y hasta marzo del 2019 ingresarán, de cumplirse con el programa, u$s 24.400 millones.
Con la aprobación de la ampliación del Acuerdo Stand-By se incrementa el acceso hasta un total de aproximadamente 56.300 millones de dólares (equivalente a DEG 40.710 millones o 1,277 por ciento de la cuota argentina). «Las autoridades han solicitado usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario», según señala un comunicado del FMI.
Los u$s 24.400 millones será distribuidos de la siguiente manera: u$s 5.700 millones la semana que viene, u$s 7.700 millones en diciembre y u$s 11.000 millones en marzo de 2019. Esos fondos serán mantenidos en dólares en la cuenta del Estado en BCRA ya que, según adelantan fuentes del Palacio de Hacienda, en el corto plazo no hay necesidades de pesos por parte del Tesoro.
Paralelamente la acumulación de dólares permitirá al Gobierno mostrar que cuenta con capacidad para hacer a eventuales subas del tipo de cambio.
Tras la aprobación del Fondo, se conoció la Carta de Intención elevada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris al FMI en donde el Gobierno reconoce que en el año en curso y buena parte del próximo, la economía argentina sufrirá una profunda recesión.
En concreto, según el memorando, el Gobierno espera que «el crecimiento se contraiga entre 2% y 3% en 2018 y entre 0,5% y 2% en 2019». No obstante, confía en una «recuperación en forma de V» ya espera que «el crecimiento se recuperará a 8,5% interanual en el cuarto trimestre de 2019».
En cuanto a la marcha de los precios, el documento sostiene que «la inflación general debería alcanzar un punto máximo por encima de 40 % para enero de 2019 y comenzar a caer rápidamente a poco más del 20 por ciento a fines de 2019.
Se ratifica un esquema de libre flotación del tipo de cambio aunque dentro de las bandas anunciadas en su momento y el mantenimiento de elevadas tasas de interés. Al respecto la Carta que las tasas de corto plazo no podrán bajar a menos de 60% hasta que las expectativas inflacionarias que publica el BCRA y proyectadas a 12 meses hayan disminuido en forma «contundente» durante por lo menos dos meses consecutivos. La contracara de las elevadas tasas de interés se traduce caída de la actividad tal como prevé el FMI.
INFLACIÓN
En cuanto a las perspectivas económicas, en el documento se proyecta que «el crecimiento económico trimestre a trimestre sea negativo hasta el primer trimestre de 2019». Sin embargo, confía en que «el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y la trayectoria descendente más rápida de nuestra relación deuda-PBI restaurarán la confianza y eventualmente resultará en una recuperación en forma de V a partir del segundo trimestre de 2019».
También se confía en que «la inflación interanual caiga rápidamente». Según el pronóstico incluido en el memorando «la inflación general debería alcanzar un punto máximo por encima de 40% para enero de 2019 y comenzar a caer rápidamente a poco más del 20%a fines de 2019. La inflación continuará cayendo a un ritmo constante para llegar a un solo dígito para fines de 2021».
FRACASO
En la Carta de Intención que el Gobierno elevó al FMI el 17 de octubre pasado, se describen las políticas y los objetivos económicos del Gobierno argentino para 2018 y el futuro. También se adjunta un Memorándum de Entendimiento Técnico que describe los objetivos específicos que la Argentina se compromete a alcanzar en el marco del acuerdo con el Fondo en apoyo al plan económico de la administración del presidente Mauricio Macri.
Comienza con una explicación del prematuro fracaso del programa acordado en junio. El Memorando sostiene «Argentina ha estado sujeta a una considerable volatilidad del mercado debido, en parte, a condiciones globales inhóspitas para las economías emergentes y, en parte, a las dificultades políticas internas suscitadas por la investigación en marcha y expansión por actos de corrupción vinculados con la operación y construcción de infraestructura y servicios públicos durante la Administración anterior».
El documento indica que «en razón de estas dificultades imprevistas, nuestro plan de política económica no ha podido recomponer la confianza del mercado de la forma que esperábamos», reconoce el Memorando enviado por el Gobierno Argentino. La respuesta es conocida pero queda explicitada en el documento.
En el mismo, la administración oficial señala que «tenemos la intención de redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra posición fiscal, lo que ya se encuentra exitosamente encaminado desde que anunciamos nuestras metas por primera vez en mayo, de modo tal de poder vivir dentro de nuestras posibilidades y equilibrar nuestro presupuesto (excluyendo los pagos de intereses) en 2019». Dicho de otra forma, se ratifica la búsqueda del déficit cero para el año próximo.
También señala que «vamos a revisar el marco de nuestra política monetaria y cambiaria con el objetivo de reducir de manera decisiva la inflación, un impuesto que sabemos es más perjudicial para los ciudadanos más vulnerables de la Argentina». De ahí el anuncio del crecimiento cero de la base monetaria.
La carta de intención también ratifica que buena parte del esfuerzo fiscal recaerá sobre las espaldas del sector privado. El memorando cita que «pretendemos introducir un impuesto sobre la riqueza sobre los hogares para asegurar una contribución significativa a nuestros esfuerzos por parte de quienes se encuentran en el segmento superior de la distribución del ingreso».
Esta promesa ya se cumplió parcialmente tras la media sanción por parte de la Cámara de Diputados, de la ley Impuestos a los Bienes Personales.
El Gobierno puntualiza que «hemos establecido derechos sobre las exportaciones, tomando en cuenta que los exportadores se han beneficiado por la reciente depreciación de la moneda».
Siguiendo la línea del anterior acuerdo, se pone énfasis en la cuestión social. Así, se señala que «pese a la reducción del déficit fiscal, también hemos fortalecido el presupuesto destinado a asistencia social, y estamos atentos a, en caso de que se deterioren las condiciones sociales, identificar ingresos adicionales a efectos de incrementar los fondos de nuestros programas de asistencia social más efectivos».
OBJETIVOS
En el memorando se señalan cuatro objetivos del Gobierno argentino:
Restaurar completamente la confianza del mercado a través de políticas macroeconómicas que disminuyan las necesidades de financiamiento del gobierno nacional y pongan nuestra deuda pública en un firme sendero descendente.
Rediseñar la estrategia política del Banco Central y reforzar su marco institucional para asegurar que la inflación caiga a un solo dígito para 2021.
Disminuir las tensiones en nuestro balance de pagos permitiendo operar flexiblemente a nuestro tipo de cambio como un amortiguador de shocks, incrementando nuestras reservas internacionales, disminuyendo nuestro déficit de cuenta corriente, y reduciendo nuestras necesidades de financiamiento externo.
Proteger a los sectores más vulnerables de la carga de esta necesaria recalibración de la política económica.
AJUSTE FISCAL
La carta especifica las políticas que el Gobierno argentino llevará adelante para obtener estos objetivos. En materia fiscal, se reitera el compromiso del déficit cero en 2019 y se resalta el apoyo al plan de los gobernadores provinciales y de los principales representantes del Congreso.
Especifica que se ha acordado un Pacto Fiscal actualizado con los gobiernos provinciales para que la recaudación de impuestos a la riqueza como porcentaje del PBI se duplique, para suspender la reducción del impuesto a las transacciones financieras (impuesto al cheque), y permitir a las provincias suspender la reducción de los impuestos a los sellos.
BASE MONETARIA CONGELADA
En el memorando, el Gobierno argentino señala que «reconocemos que nuestro enfoque elegido para la política monetaria no ha dado los resultados deseados en la reducción de la inflación».
En tal sentido, si bien se sostiene que «creemos que el enfoque de metas de inflación es el régimen apropiado para Argentina una vez que la inflación disminuya significativamente», pero dados los niveles actuales de inflación y expectativas de inflación desancladas, «creemos que es hora de cambiar hacia un enfoque más simple que puede arrojar resultados a corto plazo que puedan ser evaluados mensualmente por la sociedad argentina».
Específicamente, el memorando ratifica la decisión de «implementar todas las medidas necesarias para garantizar que la base monetaria se mantenga estable hasta junio de 2019, ajustada por estacionalidad en Diciembre y Junio, y para que no crezca más rápido que 1 por ciento por mes a partir de entonces».
La oferta de pesos en la economía se guiará cada mes por esta meta. El Gobierno confía en que «esta política hará descender rápidamente la inflación y las expectativas de inflación». Se aclara que las operaciones de mercado abierto (emisión de LELIQ a 7 días), se hará usando subastas de asignación fija y tasa variable y se calibrarán para alcanzar la meta de base monetaria promedio cada mes.
DÓLAR
Consistentemente con esta elección de la oferta de pesos como ancla nominal, el Gobierno se compromete «a operar un tipo de cambio totalmente flexible donde el nivel del peso será determinado por las fuerzas del mercado, sin intervención del Banco Central».
No obstante, se aclara que «en caso de que la moneda se fortalezca significativamente, tendremos la opción (pero no un compromiso ex-ante) de comprar divisas de manera transparente y en el mercado para reconstruir nuestras reservas internacionales a niveles más prudentes».
En sentido contrario, «si la moneda se deprecia excesivamente en un corto período de tiempo, el Banco Central también tendrá la opción de ofrecer subastas diarias para proporcionar liquidez al mercado y facilitar la transición suave a un tipo de cambio más sostenible».
El memorando especifica que el Gobierno se compromete a no realizar ventas de divisas a través de bancos estatales y señala que, en la actualidad, no las autoridades argentinas no tienen la intención de realizar ventas de divisas con los desembolsos del Fondo en lo que resta del año.
Además, se asume el compromiso de reducir la participación en el mercado de futuros manteniendo nuestro stock total de futuros no entregables en o por debajo del nivel que tenían a finales de Septiembre hasta finales de Diciembre, y reduciéndolo gradualmente después.
Mundo PEX
La Plata, Argentina: Madre peruana resiste el desalojo de «Casa Sandra» y convoca a una movilización urgente
Bajo la administración del gobernador Axel Kicillof, el gobierno bonaerense busca desalojar a Nelly Gamboa de ‘Casa Sandra’. El refugio, creado tras el femicidio de su hija, enfrenta un cierre burocrático
Nelly Gamboa, madre de Sandra Ayala Gamboa, denuncia la persecución del Ministerio de las Mujeres de Buenos Aires. Su hija fue asesinada en el Ministerio de Economía. Hoy, bajo la administración de Axel Kicillof, buscan desalojar Casa Sandra Ayala La Plata. Por eso, Nelly convoca a una movilización urgente.
La denuncia y el desalojo de hecho
Nelly Gamboa, madre de Sandra Ayala Gamboa, denunció esta mañana ser víctima de persecución política por parte del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es desalojarla del refugio de escucha y ayuda inmediata para mujeres en situación de violencia que lleva el nombre de su hija.
«Solo muerta me van a sacar. Voy a seguir atendiendo aunque tenga que hacerlo en la vereda», Declaró Nelly al programa ¿De qué lado estás? en Radio del Plata.
La situación estalló en las últimas 48 horas. Funcionarios y fuerzas de seguridad impidieron el ingreso de Nelly y su equipo al edificio ubicado en calle 7 entre 45 y 46 de La Plata. El resultado es desolador: el mobiliario y las fotos de Sandra fueron amontonados en un rincón.
La intervención policial se sumó al hecho de que el edificio presenta serios daños estructurales en el techo. Nelly Gamboa atribuye el estado de las instalaciones a una negligencia intencional de parte del Ministerio a cargo de Estela Díaz, bajo la administración del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Este desmantelamiento físico ocurrió el 5 de octubre de 2026. Al intentar reingresar tras las obras de reparación, el equipo encontró sus oficinas vacías. No existía ninguna orden judicial que avalara esta medida arbitraria.
El núcleo del conflicto: ¿Qué debe ser la Casa Sandra Ayala?
Nelly y las organizaciones sociales que la acompañan sostienen que el espacio debe ser un centro de puertas abiertas. Exigen asistencia alimentaria y contención psicológica inmediata. Desde el Ministerio de las Mujeres se exige transformar el lugar en una «Dirección de Mariposas» con las puertas cerradas. O en un simple espacio de recordación.
«La señora Estela me dijo que las oficinas tienen que ser una dirección de mariposas y trabajar con la puerta cerrada. Yo le dije que no, porque eso es tapar el grito de justicia. A mí no me sirve prender una vela y mirar una foto, me sirve salvar a la chica que llega hoy», declaró Nelly al mismo medio.
La madre sobrevivió al dolor atroz de perder a su hija. Sandra tenía 21 años cuando fue asesinada en el Ministerio de Economía. Nelly asegura que el Estado se ha vuelto sordo y está en su contra.
«Me discriminan porque hago lo que ellos no hacen. Me quedo hasta la noche para que una mujer no se suicide. El Ministerio está lejos de la gente», ha declarado al mismo medio, reafirmando su compromiso con las víctimas.
Casa Sandra Ayala La Plata: el origen de la lucha
Para comprender la magnitud de esta resistencia, es imperativo recordar el origen de esta lucha. Sandra Yala Gamboa era una joven enfermera peruana de 21 años. El 16 de febrero del 2007 fue brutalmente violada y asesinada dentro de una dependencia del Ministerio de Economía en La Plata, Argentina.
Su crimen desnudó la vulnerabilidad extrema de las migrantes en Argentina. El caso conmocionó a toda la sociedad platense y también a la comunidad peruana en el país vecino. Nelly transformó su dolor en una trinchera de lucha incansable. La «Casa Sandra» nació como un homenaje vivo a su hija.
Hoy, Casa Sandra Ayala La Plata no es solo un edificio. Es un símbolo de la resistencia migrante y feminista frente a un Estado que a menudo falla en proteger a los más vulnerables.
La victoria judicial y la cronología del desalojo
En paralelo al conflicto físico, la familia obtuvo una victoria legal histórica. El 18 de junio de 2026, la Sala I de la Cámara de Apelación de La Plata condenó a la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. El Estado fue declarado responsable civil por el femicidio al tener el edificio en total abandono, sin custodia ni luminarias.
El femicida, Diego José Cadícamo, cumple prisión perpetua desde 2012. Irónicamente, la misma administración provincial que fue condenada por la justicia hoy intenta desalojar a la madre.
El conflicto edilicio comenzó el 28 de agosto de 2026. Se produjo un derrumbe parcial del techo. Las instalaciones fueron clausuradas preventivamente. Nelly y su equipo continuaron atendiendo a las víctimas en la vereda.
Sin embargo, el 5 de octubre, al finalizar las obras, el Ministerio retiró todos los muebles, computadoras y expedientes sin previo aviso. Esto forzó un desalojo de hecho.
La abogada Lourdes y la movilización urgente
María Lourdes Kairuz es abogada y acompañante histórica de la causa. Es defensora de derechos humanos. Ha trabajado durante años junto a Nelly y las organizaciones de mujeres migrantes en La Plata.
«Nelly no busca un empleo, busca justicia activa. Hemos descubierto abusos y evitado suicidios. Sacarla de ahí es dejar a cientos de mujeres sin respuesta», advirtió la letrada. La denuncia incluye episodios de hostigamiento policial y falta de notificación formal.
Ante el inminente desalojo, Nelly lanzó un llamado desesperado a la solidaridad. La movilización es el jueves 22 de octubre de 2026, a las 13:00 hs en las puertas de Casa Sandra.
Mundo PEX
ESCÁNDALO: Cancillería blindó a la nuera de Boluarte por falsedad ideológica y sancionó a víctima del consulado en Miami
Un informe oficial detalla cómo la diplomática Blanca Gómez Velásquez utilizó a un tercero para falsificar la firma de su esposo, David Eduardo Gómez Boluarte —hijo de la ex presidenta de facto Dina Boluarte— en un registro oficial de la inteligencia del Estado. La entidad decidió que este acto ilícito «no perjudicó gravemente» al fisco y lo redujo a una simple «amonestación verbal», salvándola de un proceso penal.
Cancillería blindó a nuera de Boluarte por falsedad ideológica, un informe oficial detalla cómo la diplomática Blanca Gómez Velásquez utilizó a un tercero para falsificar la firma de su esposo, David Eduardo Gómez Boluarte —hijo de la ex presidenta Dina Boluarte— en un registro oficial de la inteligencia del Estado. La entidad decidió que este acto ilícito «no perjudicó gravemente» al fisco y lo redujo a una simple «amonestación verbal», salvándola de un proceso penal.
Actualización 2026: Las irregularidades expuestas en este expediente continúan siendo un referente de la opacidad en la gestión diplomática, reafirmando la necesidad de una auditoría forense.
Un nuevo y vergonzoso capítulo en los pasillos del Palacio de Torre Tagle.
Mediante Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE, firmada el 19 de septiembre de 2025 por el viceministro Félix Denegri Boza, el Ministerio de Relaciones Exteriores blindó a la Blanca Mercedes Gómez Velásquez, esposa de David Eduardo Gómez Boluarte, hijo de Dina Boluarte Zegarra. La entidad archivó un proceso disciplinario grave y redujo la falsedad ideológica cometida por la funcionaria a una simple «amonestación verbal».
El caso expone la frivolidad con la que el Estado peruano protege a la familia de la ex mandataria, tratando un acto ilícito contra la fe pública como un simple «error de forma».
El «golpe» en el auditorio: Tres minutos para burlar a la DINI
Los documentos clasificados como «Confidenciales» a los que tuvo acceso esta redacción revelan la crónica de un fraude cantado. El 11 de septiembre de 2024, en el auditorio Raúl Porras Barrenechea de la Cancillería, se dictaba una sesión del Curso de Inteligencia Estratégica para funcionarios diplomáticos, a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
David Eduardo Gómez Boluarte, Tercer Secretario e hijo de Dina Boluarte, no se presentó a laborar ese día. Sin embargo, su nombre debía figurar en el registro oficial para evitar problemas con la Oficina de Capacitación, dado que el reglamento del curso solo permitía una ausencia justificada. La solución orquestada por su esposa, Blanca Gómez Velásquez, constituye un clásico caso de falsedad ideológica en documento público:
Según Memorándum N.° OCP00631/2024, Gómez Velásquez firmó su propia asistencia y acto seguido reclutó a Juan Sebastián Montenegro Arias, un joven trabajador de la ONG Encuentros (bajo convenio con la Agencia de la ONU para los Refugiados en la sede de Cancillería), para que falsificara la firma de su esposo en la lista oficial.
Las cámaras de seguridad de la entidad fueron implacables: registraron a Gómez Velásquez y a Montenegro en el lobby exactamente tres minutos (de 09:59:50 a 10:02:15). El tiempo justo para cometer el acto ilícito y esfumarse. El cotejo pericial confirmó que la rúbrica plasmada en el documento oficial difería flagrantemente de la foja de servicios del Tercer Secretario Gómez Boluarte.
Cuando fue acorralada por los investigadores, Gómez Velásquez admitió que, ante la inasistencia de su pareja, «se le ocurrió pedir que firme a un amigo muy cercano«. Por su parte, el «amigo» (Montenegro) minimizó el acto de falsedad alegando que «solo se trataba de una firma y que le habían dicho que era algo simple».
La contorsión jurídica para encubrir un delito contra la Fe Pública
Hacer que un tercero firme por otro en un registro estatal obligatorio no es una falta ética menor; es un acto ilícito tipificado en el Código Penal como Falsedad Ideológica, un delito contra la Fe Pública. Sin embargo, la Cancillería activó sus mecanismos de protección para salvar a la nuera de Dina Boluarte.
En una decisión que ha generado indignación en las bases del servicio diplomático, el Despacho Viceministerial argumentó que la falta «no revestía gravedad». ¿El argumento central? Que como la firma falsa no fue validada por los organizadores del curso, el Estado no sufrió un «perjuicio económico». En otras palabras, para la Cancillería, falsificar un documento oficial para beneficiar al hijo de la ex presidenta de la República es solo un «error» que merece un «llamado de atención», siempre y cuando no le cueste dinero al fisco.
Cómo Cancillería blindó a nuera de Boluarte: la cronología para «limpiar» el legajo
Los documentos a los que tuvo acceso esta redacción, permiten reconstruir una operación de contención de daños ejecutada cuidadosamente. El 11 de septiembre de 2024 se comete el fraude; el 20 de septiembre, la Oficina de Capacitación lo denuncia; y el 26 de septiembre, el Viceministerio ordena la investigación preliminar.
Pero es en la siguiente fase donde se revela el patrón: entre el 17 de octubre de 2024 (cuando se solicitan los videos de seguridad) y el 29 de enero de 2025, la Oficina General de Recursos Humanos (ORH) emite el Informe N.° 002-2025-UAD/MRE, un documento que, pese a tener la confesión, el video y el cotejo de firmas, ya viene «pre-cocinado» con la conclusión de que la falta «no reviste gravedad» porque no hubo perjuicio económico. Finalmente, el 19 de septiembre de 2025, el viceministro Félix Denegri Boza firma la RVM N.° 0555-2025-RE, que archiva el caso grave y lo convierte en una inofensiva «amonestación verbal».
Una amonestación verbal es la sanción más leve del régimen disciplinario y, lo más importante, no genera inhabilitación ni mancha el legajo de cara a los filtros de integridad (vetting) que exigen organismos internacionales.
Al «limpiar» el expediente de Gómez Velásquez justo en la ventana en que se evaluaban designaciones multilaterales, la Cancillería allanó el camino burocrático para que la pareja accediera a destinos privilegiados sin el estigma de un proceso por falsedad ideológica.
El «dedazo» a la ONU y el pacto de impunidad
Este blindaje administrativo no ocurre en el vacío; se suma a la creciente indignación pública y a los severos cuestionamientos políticos por el vertiginoso ascenso de la pareja en la carrera diplomática.
Expertos en el servicio diplomático denunciaron en su momento una serie de irregularidades con el canciller Elmer Schaler a la cabeza de Torre Tagle para garantizar que Gómez Boluarte y Gómez Velásquez aseguren destinos privilegiados en misiones internacionales y organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sorteando los méritos y el rigor del escalafón que sí se exige al resto del cuerpo diplomático peruano.
Esta red de privilegios no se limita a la pareja. En la actualidad, David Eduardo Gómez Boluarte y Blanca Gómez Velásquez consolidan su carrera en el servicio exterior con destinos en misiones clave y aspiraciones directas a la ONU, mientras que sus tíos —hermanos de la ex presidenta y del exvicepresidente— también figuran bajo la lupa de la justicia por presuntos delitos de tráfico de influencias y nombramientos irregulares.
Lejos de ser un obstáculo, estas investigaciones no les han impedido ser agraciados con designaciones en el exterior y cargos de confianza, evidenciando que la Cancillería se ha transformado en feudos familaires donde el escrutinio legal es ignorado para garantizar el ascenso de todo el clan.
La responsabilidad política de esta operación de limpieza recae directamente en el despacho del ministro Schaler, bajo cuya gestión se emitió la resolución que convirtió un acto de falsedad ideológica en una simple «amonestación verbal». Mantener sus legajos «limpios» parece ser la prioridad absoluta de la Cancillería de Schaler.
La Fiscalía interviene: El blindaje como «prueba reina» de la retaliación
La gravedad de este blindaje administrativo ha trascendido los muros de Torre Tagle y ha activado una investigación penal formal. La Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-510-0, radicada en la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, revela que la Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE no fue un acto aislado de clemencia.
lave que denunció irregularidades en el Consulado de Miami, Emily Criado Nogales, la Cancillería la sancionó con 90 días de suspensión y alteró fraudulentamente su descanso médico.
Ante esta persecución, la funcionaria acudió al Ministerio Público, demostrando que el aparato de Torre Tagle, bajo la gestión del canciller Elmer Schaler, utiliza su potestad disciplinaria para castigar a quienes denuncian y premiar con impunidad a los allegados al poder.
En su ampliación de denuncia presentada el 30 de junio de 2026, la defensa de la testigo utilizó la propia resolución que «limpió» el legajo de Blanca Gómez Velásquez como la «prueba reina» ante el fiscal.
El documento acredita ante la justicia una flagrante Violación del Principio de Igualdad y Discriminación Grosera: mientras a la nuera de Dina Boluarte se le perdona un delito contra la Fe Pública con una amonestación verbal, a la denunciante se le aplica el máximo rigor sancionador.
Esta asimetría ha derivado en cargos penales por los delitos de Abuso de Autoridad, Falsedad Ideológica, Fraude Procesal y Coacción Sistémica, poniendo bajo el microscopio del Ministerio Público no solo la falsificación en el curso de la DINI, sino toda la red de complicidades que protege a la familia de la ex presidenta de facto.
- Nota de la Redacción: Esta información se sustenta en el Expediente Constituido, la Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE y la Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-510-0, documentos que evidencian la cronología, los actores, las figuras delictivas y la resolución final del caso. Se actualizará conforme se reciban los nuevos actuados fiscales.
Mundo PEX
¡Manipulación Sistémica! Estado peruano operó en favor de Keiko en votación de peruanos en el exterior
El voto de los peruanos en el exterior, concebido como un derecho fundamental para la diáspora, se ha convertido en el talón de Aquiles de la legitimidad democrática del Perú. La segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no solo se definió en las urnas locales, sino que estuvo marcada por una serie de decisiones institucionales sospechosas, intervenciones políticas descaradas y una logística opaca que sugiere una ingeniería electoral diseñada desde el propio aparato del Estado.
1. La Compra de Lealtades: El Decreto Jerí
2. La Violación de la Neutralidad: Canciller Hugo de Zela
3. El Vacío de Poder: La Purga Diplomática de Balcázar
4. La Injerencia Extranjera: El Rol de Berni Navarro y la Embajada de EE.UU.
5. El Agujero Negro de Buenos Aires: Isasi y la Cadena Rota
- Retención Ilegal: Las actas fueron retenidas durante tres días antes de su envío a Lima, rompiendo flagrantemente la cadena de custodia.
- Opacidad Total: Se impidió la digitalización de las actas, eliminando la única herramienta capaz de auditar la veracidad de los resultados físicos.
- Ausencia de Supervisión: Sin observadores de partido ni respaldo digital, el conteo inicial quedó a merced de la voluntad de un funcionario con conocidos vínculos fujimoristas.
6. Caos y Opacidad en Estados Unidos: Denuncias en Washington, Nueva York y Miami
- Washington D.C.: Testigos presenciales reportaron que miembros de mesa fueron intimidados por personal consular para modificar actas con errores materiales sin seguir el protocolo de subsanación estándar. Además, se denunció la falta de transparencia en el escrutinio final dentro de la embajada, donde se negó el acceso a representantes de partidos opositores bajo pretextos de «seguridad nacional».
- Nueva York: Organizaciones de la diáspora denunciaron retrasos injustificados en la apertura de locales de votación en zonas con alta concentración de votantes críticos al oficialismo, mientras que en distritos considerados «fujimoristas», el flujo fue fluido. Se reportaron también ánforas que llegaron a Lima con sellos de seguridad visiblemente violados o inconsistentes con los registros de salida.
- Miami: Se documentaron casos de «voto cadena», donde funcionarios consulares habrían asesorado a votantes mayores sobre cómo marcar sus papeletas, violando el secreto del sufragio. Asimismo, hubo denuncias sobre la desaparición temporal de paquetes electorales antes de su ingreso a la valija diplomática, generando dudas sobre si todo el material emitido llegó efectivamente a Lima.
7. La Prohibición de Digitalización: La ONPE bajo Presión
8. La Custodia Partidizada: De Diez Canseco a las Fuerzas Armadas de Amadeo Flores
- Historial de Aportes: Realizó aportes económicos directos al partido fujimorista entre 2018 y 2023.
- Cargos Previos: Trabajó como asesor principal de la congresista fujimorista Rosángela Barbarán (2021-2023) y de la Comisión de Educación presidida por Paloma Noceda (2017-2018).
- Militancia Activa: Postuló previamente a regidor de Lima por la plancha de Fuerza Popular.
Conclusión: Un Voto Sin Garantías
- El soborno institucionalizado mediante el D.S. N° 250-2025-EF.
- La purga diplomática de Balcázar.
- La intervención pública de De Zela.
- La opacidad de Isasi en Buenos Aires.
- Las denuncias de intimidación y manipulación en Estados Unidos (Washington, NY, Miami).
- La eliminación de auditoría digital por resolución Nº 000090-2026-JN/ONPE
- La recepción partidista de Diez Canseco.
- La custodia militar bajo el mando de Amadeo Flores, operador fujimorista.
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