Lima. Las investigaciones preliminares del Ministerio Público han abierto una de las causas más delicadas y trascendentes de los últimos años. La Carpeta Fiscal N.º 527016400-2025, que concentra indicios de gravísimos delitos cometidos durante las protestas de diciembre de 2022.
las pesquizas involucra a altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), gracias a la denuncia presentada por el Mayor PNP en retiro y abogado Hilario Rosales Sánchez.
Nueva linea de investigacióna s los Altos Mandos de FF.AA. y PNP
Rosales, responsable directo de esta nueva línea de investigación que va más allá de las denuncias previas ya existentes. Aportó documentación y elementos que han permitido a la Fiscalía ampliar el enfoque tradicional y dirigirse ahora hacia la estructura operativa de las fuerzas de seguridad.
Su acción ha dado paso a indagaciones clave por delitos como homicidio calificado, lesiones graves, abuso de autoridad, peculado de uso y organización criminal, todos en el marco de una presunta violación sistemática de derechos humanos.
Los generales Raúl Alfaro Alvarado, Manuel Martín Gómez De La Torre, David Ojeda Parra y Walter Córdova Alemán figuran entre los altos mandos incluidos en esta ampliación preliminar.
Según la denuncia, su participación habría sido determinante en decisiones y operaciones que derivaron en el uso letal y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes. Los resultados, más de 60 fallecidos y cientos de heridos en regiones como Ayacucho, Puno y Apurímac.
Mediante la Disposición Fiscal N.º 04 del 27 de octubre de 2025, el Ministerio Público decidió acumular la nueva carpeta con investigaciones anteriores. Las mismas que ya incluían a la expresidenta Dina Boluarte, el expremier Pedro Angulo, el exministro de Defensa Luis Otárola y el exministro del Interior César Cervantes.
La acumulación permite ahora reconstruir, de manera integral, la cadena de mando político y operativo.
Rosales destacó que el Estado figura como agraviado en esta causa, y subrayó que la naturaleza de los delitos investigados exige identificar no solo autores materiales, sino también responsables jerárquicos que habrían ordenado, permitido o encubierto las acciones represivas durante la crisis social.
Estas investigaciones preliminares, impulsadas por la denuncia del Mayor Hilario Rosales, podrían redefinir el rumbo judicial del caso y establecer un precedente en materia de responsabilidad penal de altos mandos, transparencia institucional y justicia para las víctimas.
