ima.– Las investigaciones preliminares del Ministerio Público han abierto una de las causas más delicadas y trascendentes de los últimos años. La Carpeta Fiscal N.º 527016400-2025, que concentra indicios de gravísimos delitos cometidos durante las protestas de diciembre de 2022, involucra ahora a altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), gracias a la denuncia presentada por el Mayor PNP en retiro y abogado Hilario Rosales Sánchez.
Rosales, responsable directo de esta nueva línea de investigación que va más allá de las denuncias previas ya existentes, aportó documentación y elementos que han permitido a la Fiscalía ampliar el enfoque tradicional y dirigirse ahora hacia la estructura operativa de las fuerzas de seguridad. Su acción ha dado paso a indagaciones clave por delitos como homicidio calificado, lesiones graves, abuso de autoridad, peculado de uso y organización criminal, todos en el marco de una presunta violación sistemática de derechos humanos.
Los generales Raúl Alfaro Alvarado, Manuel Martín Gómez De La Torre, David Ojeda Parra y Walter Córdova Alemán figuran entre los altos mandos incluidos en esta ampliación preliminar. Según la denuncia impulsada por Rosales, su participación habría sido determinante en decisiones y operaciones que derivaron en el uso letal y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, dejando un saldo de más de 60 fallecidos y cientos de heridos en regiones como Ayacucho, Puno y Apurímac.
La relevancia de esta fase preliminar se incrementó con la Disposición Fiscal N.º 04 del 27 de octubre de 2025, mediante la cual el Ministerio Público decidió acumular la nueva carpeta con investigaciones anteriores que ya incluían a la expresidenta Dina Boluarte, el expremier Pedro Angulo, el exministro de Defensa Luis Otárola y el exministro del Interior César Cervantes. La acumulación permite ahora reconstruir, de manera integral, la cadena de mando político y operativo.
Rosales destacó que el Estado figura como agraviado en esta causa, y subrayó que la naturaleza de los delitos investigados exige identificar no solo autores materiales, sino también responsables jerárquicos que habrían ordenado, permitido o encubierto las acciones represivas durante la crisis social.
Estas investigaciones preliminares, impulsadas por la denuncia del Mayor Hilario Rosales, podrían redefinir el rumbo judicial del caso y establecer un precedente en materia de responsabilidad penal de altos mandos, transparencia institucional y justicia para las víctimas.
