Connect with us

PEX Argentina

Argentina: La dura realidad de los pacientes olvidados en el sistema de salud pública

Published

8 años ago

on

Sin familiares que los visiten, y con la dificultad para acceder a un refugio adecuado, muchos pacientes en estado de abandono permanecen durante años en hospitales estatales.

La punta del cuchillo a la altura de su garganta. Sus propias manos empuñando con tosca fuerza hacia dentro. La sangre espesa, lenta, en el piso. Un cuerpo que cae desvanecido y solo. Completamente solo. Pero si a Ramón, de 41 años, le preguntan cuál es su último recuerdo ─antes de intentar suicidarse y pasar más de dos años postrado en una cama de hospital en Buenos Aires, abandonado por su familia, expuesto a enfermedades y sin un refugio adecuado dónde ir─, él dirá que son sus hijas de 6 y 4 años.

También recordará a sus padres, a quienes quisiera volver a abrazar. Hablará de las tardes jugando al fútbol, los fines de semana, junto a su sobrino y los amigos de la localidad de Laferrere donde solía vivir. De su trabajo como seguridad privada en un centro comercial de la misma zona. De su ex pareja, madre de sus hijas.

Pero hoy, Ramón, recostado sobre la cama de un cuarto opaco y sin acompañamiento, aguarda por dos cosas: un refugio subvencionado por el Estado donde puedan recibirlo o la muerte que intentó buscar en 2016 y lo trajo hasta un hospital público.

No hay una estadística oficial en Argentina que indique el número de personas abandonadas en los centros hospitalarios. Algunos ingresan como pacientes sin documentos de identidad y en situación de calle. Otros, en cambio, son dejados a su suerte por familiares que se niegan a acompañarlos. Todos deben someterse a una eterna espera hasta encontrarles un lugar donde puedan alojarlos y volver a empezar.

Mientras tanto, pueden permanecer durante años dentro del hospital, volviéndose parte del paisaje cotidiano: caminando por los pasillos blancos, saludando a doctores y personal de mantenimiento, cruzándose con pacientes que solo van a un chequeo de 15 minutos. Pero también se encuentran expuestos a virus intrahospitalarios que pueden costarles la vida.

Dentro del hospital
Desde el 2015, el hospital ‘Simplemente Evita’, ubicado en La Matanza, la localidad más extensa y populosa de Buenos Aires, recibió 101 pacientes en estado de abandono. Los casos oscilaban entre personas que vivían en la calle, pacientes psiquiátricos o, como el caso de Ramón, un hombre solo que hoy vive allí sin recibir ninguna visita y a la espera de encontrar un lugar.

Lorena González, trabajadora social del hospital y encargada de encontrarle un hogar a los pacientes, explica que han tenido casos de personas que permanecieron hasta por cinco años viviendo en el centro hospitalario.

«No hay ninguna norma que estipule una cantidad mínima de tiempo que deban permanecer dentro. Se trata siempre de buscarles un refugio lo antes posible y acorde a sus necesidades, pero es un trámite que puede llevar su tiempo. A veces por las condiciones del paciente, otras porque simplemente no hay lugar en los alojamientos estatales o se demora judicialmente su traslado, por lo que terminan instalados acá», señala la especialista en diálogo con este medio.

Los requisitos para ingresar a los refugios que pertenecen al distrito suelen ser burocráticos: condiciones como la edad, la movilidad o el grado de avance de una enfermedad acortan las posibilidades de encontrar un sitio. Después, cuando se cumple con lo necesario, se verifica la cantidad de cupos disponibles. La provincia de Buenos Aires posee una de las crisis habitacionales más extensas del país, lo que también imposibilita el acceso a un lugar.

«Para la Ley, si una persona está en el hospital, a pesar de que no tenga familia, ni recursos, no está abandonada porque es asistida: se le brinda comida y atención médica. Pero uno no puede naturalizar eso. Trabajamos para exteriorizar al paciente y que pueda volver a integrarse a la sociedad. El hospital no puede convertirse en su hogar permanente», afirma González.

La trabajadora social recuerda el caso de un hombre de edad avanzada y en situación de calle, que estuvo siete meses en el nosocomio. Tenía su propia habitación, hacía chistes junto a los médicos y hasta salía a la puerta a fumar un cigarrillo y contemplar el parque. Deambulaba, dicen, como si fuera su propio hogar.

«Él podía moverse sin problema. Cuando le conseguíamos a un sitio, se escapaba y volvía a la calle. Venía a visitarnos. Decía que lo habían echado, pero se notaba que había formado cierto lazo emocional con el hospital. Distinto es el caso de, por ejemplo, Ramón, que está imposibilitado de moverse por estar medicado», detalla González.

Ramón llegó en 2016, luego de un intentó de suicidio con una cuchilla. Los archivos de su expediente hablan de un episodio de celos, una ex pareja, problemas de amor. Aunque en los primeros días de internación mantenía un acompañamiento de algún familiar y la madre de sus dos hijas, hoy está abandonado.

El cuarto no dice mucho. Apenas una ventana enrejada donde destellos de sol clarean el ambiente blanco y gris. No hay televisión, ni radio, solo dos camas. En una, recostado inmóvil, con apenas unos balbuceos, Ramón confiesa lo primero que va a hacer cuando se recupere: ir a abrazar a sus dos hijas.

«Las extraño a ellas y a mis padres. Fue un exceso lo que hice, estuve mal. Yo trabajaba como seguridad en un centro comercial, jugaba al fútbol en el barrio los fines de semana, miraba los partidos de River Plate. Me gustaría volver a eso», dice el hombre mientras al lado se enfría su desayuno: Té con vainillas.

Respecto de su estadía en el hospital, asegura que le gustaría tener un compañero de habitación, «un amigo». Así, señala, podría charlar con alguien, al menos, y sentirse menos solo.

María Zarza, jefa del equipo de trabajadoras sociales del ‘Simplemente Evita’, agrega que así como se abandonan personas, también las familias suelen dejar los cuerpos una vez que fallecen. Desconocidos, y como si nunca hubieran existido, los óbitos se entierran en parcelas de cementerios estatales.

«Los dejan acá porque no quieren hacer los trámites debido a que se encuentran viviendo en otras provincias o si hay que pagar algunos costos, dado que a veces son familias humildes. Eso habla de la importancia que tuvo para su círculo íntimo. Muchos mantuvieron relaciones conflictivas, pero es fuerte no querer ni siquiera enterrarlo», confiesa Zarza.

El curioso caso de Miguel Baldoni
El Hospital Paroissien es uno de los centros públicos de salud más grandes de La Matanza. En 2017, reportaron nueve casos de abandono que al día de hoy buscan trasladar a un refugio. Pero fue hace diez años que el hospital recibió a un paciente sin familia, ni documentos, que encontró en el lugar y sus trabajadores lo que muchos en esas condiciones necesitan: una familia.

Es el año 2008 y a Miguel Baldoni, de 45 años, le duele el pecho. Está agitado, le cuesta respirar normalmente. «Los pulmones», le dice el médico cuando decide entrar al Paroissien para que lo revisen: «La dificultad para respirar que tiene viene de su deficiencia pulmonar», le explica el doctor, que opta por dejarlo internado en observación. Pero aquella primera noche se convirtió en muchas más: se quedaría por diez años viviendo allí hasta el último día de su vida.

«Su caso no fue para nada común. Era muy amable y sensible. Rápidamente formó una conexión con el lugar. No quería irse. Cada vez que encontrábamos un refugio, se enfermaba porque rechazaba la idea de salir. Esta fue su casa», confiesa Macela Belforte, jefa de asistencia social del Paroissien.

Sin hogar propio, ni familia, comenzó a integrarse rápidamente en el hospital, mientras aguardaba por un sitio al cual ir. Con el pasar de los años, su figurada alta y espigada, de ojos claros, se volvió cotidiana en los pasillos del hospital. Médicos, enfermeras y otros trabajadores lo saludaban por su nombre de pila y, a veces, ayudaba en lo que le pedían: «Baldoni, ¿me das una mano para llevar esto?» o «Baldoni ¿sabes dónde está la doctora?», y él respondía siempre que sí.

Durante un tiempo compartió su habitación con un paciente que tenía un perro. Cada noche, la mascota dormía debajo del lecho vecino, custodiando la salud de su dueño. Hasta que un día, Baldoni entró a la habitación y notó que la cama de al lado estaba vacía y recién tendida: su compañero de había muerto y solo quedaba el can. Desde entonces, cuentan en el hospital, el animal y Baldoni no se separaron más.

«Iban a todos lados juntos. Le puso de nombre ‘Bonito Baldoni Jr’, muy gracioso. Su salud se iba deteriorando, pero no se separaban. Incluso hizo entrar una veterinaria al hospital para que lo viera. Nunca un paciente tomó tanta pertenencia con el personal de acá», recuerda Belforte.

En el 2015, Baldoni sufrió una fuerte afección en sus pulmones —producto de un virus intrahospitalario— y falleció en su cuarto. Su perro, ‘Bonito’, lo esperó hasta el último día debajo de la cama.

«El lugar que le dio una familia es el que lo termina enfermando. Aguantó demasiado. Hemos tenido casos que solo viven meses al entrar acá. Pero lo vimos siempre feliz. Su partida la sentimos todos y se realizó una colecta para cubrir los gastos del entierro», narra la asistente social.

La búsqueda de una hija
Martín, de 40 años, llegó al Paroissien en 2013 producto de un accidente en su motocicleta, mientras manejaba sin casco por La Matanza. El duro choque generó una herida profunda en su cráneo que lo derivó a una operación de urgencia. Al terminar, según los registros médicos, Galeano no recordaba nada de su vida: ni quién era o con quién vivía, mucho menos a dónde iba con su motocicleta. Sin portar, además, con algún documento que esclarezca su identidad —y con una amnesia profunda—, se lo consideró en ‘estado de abandono’.

Pero a fines del año anterior, luego de cinco años, una mujer se presentó con ojos llorosos a la oficina de asistencia social: era la hija de este hombre que, entre lágrimas, confesaba que su familia le había confirmado —falsamente— la muerte y el entierro de su padre.

«Imaginate cómo nos pusimos. No entendíamos nada. Obviamente su padre no la reconoció y ella se quedó muy angustiada. No había quedado conforme con la historia de su muerte, así que fue a buscarlo a diferentes hospitales de la zona hasta que lo encontró acá. Pero física y mentalmente, él ya no era su padre», cuenta Belforte.

Actualmente, se le están realizando los trámites como documento y certificado de discapacidad para trasladarlo a un centro de atención psiquiátrica, dado su estado. La hija, explicó a las autoridades del hospital, no podía hacerse cargo.

Última parada: Hogar ‘Martín Rodríguez’
Si los pacientes tienen la posibilidad de acceder a un refugio, el hogar ‘Martín Rodríguez’ —en la localidad de Ituzaingó— es uno de los más reconocidos en la provincia de Buenos Aires y donde habitualmente reciben gente provenientes de distintas instituciones médicas.

Es el lugar al cual Francisco, de 67 años, llegó hace dos años luego de permanecer un mes internado en el Hospital Policlínico de San Justo, a causa de un accidente cerebrovascular (ACV). Su proceso de ubicación fue rápido. Aunque también lo fue, dice, enterarse de su estado de abandono:

«Mis hijos no podían recibirme en sus casas. Tampoco me quedó algún familiar, así que tuve que darme cuenta de que estaba solo. Antes vivía con mi madre, pero fue internada en un geriátrico y perdió su alquiler. Ahí me di cuenta que, por primera vez, no tenía un techo propio», confiesa, desde un amplio salón en el hogar.

Actualmente, el complejo alberga más de 900 personas en el mismo estado que este hombre. Posee distintos pabellones que diferencian a los pacientes: algunos destinados exclusivamente a mujeres y otros a huéspedes psiquiátricos. Pero él afirma que estaba mejor cuidado en el hospital:

«La atención en el Policlínico fue excelente. Me trataban con mucho cariño. Este lugar no es así. No hay la suficiente cantidad de enfermeras para todos. Hay robos, la comida es mala y los tratos no son buenos», enumera.

Son las dos de la tarde de un día de enero y afuera el sol crispa del calor. Francisco habla pausado, pero claro, sobre sus proyectos a futuro: quiere formar una comisión interna que luche por los derechos de los huéspedes y denunciar lo que ocurre dentro. También lograr adquirir una vivienda propia, aunque no cuente hoy con recursos propios. Antes de terminar, admite su mayor objetivo: «Yo en este lugar», dice señalando con su bastón todo el salón, «no me pienso morir». Y repite: «Acá adentro, a pesar de estar solo, no me quiero morir».

Related Topics:

Mundo PEX

La Plata, Argentina: Madre peruana resiste el desalojo de «Casa Sandra» y convoca a una movilización urgente

Bajo la administración del gobernador Axel Kicillof, el gobierno bonaerense busca desalojar a Nelly Gamboa de ‘Casa Sandra’. El refugio, creado tras el femicidio de su hija, enfrenta un cierre burocrático

Published

7 días ago

on

octubre 13, 2026

By

Casa Sandra Ayala La Plata - Nelly Gamboa

Nelly Gamboa, madre de Sandra Ayala Gamboa, denuncia la persecución del Ministerio de las Mujeres de Buenos Aires. Su hija fue asesinada en el Ministerio de Economía. Hoy, bajo la administración de Axel Kicillof, buscan desalojar Casa Sandra Ayala La Plata. Por eso, Nelly convoca a una movilización urgente.

La denuncia y el desalojo de hecho

Nelly Gamboa, madre de Sandra Ayala Gamboa, denunció esta mañana ser víctima de persecución política por parte del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es desalojarla del refugio de escucha y ayuda inmediata para mujeres en situación de violencia que lleva el nombre de su hija.

«Solo muerta me van a sacar. Voy a seguir atendiendo aunque tenga que hacerlo en la vereda», Declaró Nelly al programa ¿De qué lado estás? en Radio del Plata.

La situación estalló en las últimas 48 horas. Funcionarios y fuerzas de seguridad impidieron el ingreso de Nelly y su equipo al edificio ubicado en calle 7 entre 45 y 46 de La Plata. El resultado es desolador: el mobiliario y las fotos de Sandra fueron amontonados en un rincón.

La intervención policial se sumó al hecho de que el edificio presenta serios daños estructurales en el techo. Nelly Gamboa atribuye el estado de las instalaciones a una negligencia intencional de parte del Ministerio a cargo de Estela Díaz, bajo la administración del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Este desmantelamiento físico ocurrió el 5 de octubre de 2026. Al intentar reingresar tras las obras de reparación, el equipo encontró sus oficinas vacías. No existía ninguna orden judicial que avalara esta medida arbitraria.

El núcleo del conflicto: ¿Qué debe ser la Casa Sandra Ayala?

Nelly y las organizaciones sociales que la acompañan sostienen que el espacio debe ser un centro de puertas abiertas. Exigen asistencia alimentaria y contención psicológica inmediata. Desde el Ministerio de las Mujeres se exige transformar el lugar en una «Dirección de Mariposas» con las puertas cerradas. O en un simple espacio de recordación.

«La señora Estela me dijo que las oficinas tienen que ser una dirección de mariposas y trabajar con la puerta cerrada. Yo le dije que no, porque eso es tapar el grito de justicia. A mí no me sirve prender una vela y mirar una foto, me sirve salvar a la chica que llega hoy», declaró Nelly al mismo medio.

La madre sobrevivió al dolor atroz de perder a su hija. Sandra tenía 21 años cuando fue asesinada en el Ministerio de Economía. Nelly asegura que el Estado se ha vuelto sordo y está en su contra.

«Me discriminan porque hago lo que ellos no hacen. Me quedo hasta la noche para que una mujer no se suicide. El Ministerio está lejos de la gente», ha declarado al mismo medio, reafirmando su compromiso con las víctimas.

Casa Sandra Ayala La Plata: el origen de la lucha

Para comprender la magnitud de esta resistencia, es imperativo recordar el origen de esta lucha. Sandra Yala Gamboa era una joven enfermera peruana de 21 años. El 16 de febrero del 2007 fue brutalmente violada y asesinada dentro de una dependencia del Ministerio de Economía en La Plata, Argentina.

Su crimen desnudó la vulnerabilidad extrema de las migrantes en Argentina. El caso conmocionó a toda la sociedad platense y también a la comunidad peruana en el país vecino. Nelly transformó su dolor en una trinchera de lucha incansable. La «Casa Sandra» nació como un homenaje vivo a su hija.

Hoy, Casa Sandra Ayala La Plata no es solo un edificio. Es un símbolo de la resistencia migrante y feminista frente a un Estado que a menudo falla en proteger a los más vulnerables.

La victoria judicial y la cronología del desalojo

En paralelo al conflicto físico, la familia obtuvo una victoria legal histórica. El 18 de junio de 2026, la Sala I de la Cámara de Apelación de La Plata condenó a la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. El Estado fue declarado responsable civil por el femicidio al tener el edificio en total abandono, sin custodia ni luminarias.

El femicida, Diego José Cadícamo, cumple prisión perpetua desde 2012. Irónicamente, la misma administración provincial que fue condenada por la justicia hoy intenta desalojar a la madre.

El conflicto edilicio comenzó el 28 de agosto de 2026. Se produjo un derrumbe parcial del techo. Las instalaciones fueron clausuradas preventivamente. Nelly y su equipo continuaron atendiendo a las víctimas en la vereda.

Sin embargo, el 5 de octubre, al finalizar las obras, el Ministerio retiró todos los muebles, computadoras y expedientes sin previo aviso. Esto forzó un desalojo de hecho.

La abogada Lourdes y la movilización urgente

María Lourdes Kairuz es abogada y acompañante histórica de la causa. Es defensora de derechos humanos. Ha trabajado durante años junto a Nelly y las organizaciones de mujeres migrantes en La Plata.

«Nelly no busca un empleo, busca justicia activa. Hemos descubierto abusos y evitado suicidios. Sacarla de ahí es dejar a cientos de mujeres sin respuesta», advirtió la letrada. La denuncia incluye episodios de hostigamiento policial y falta de notificación formal.

Ante el inminente desalojo, Nelly lanzó un llamado desesperado a la solidaridad. La movilización es el jueves 22 de octubre de 2026, a las 13:00 hs en las puertas de Casa Sandra.

Continue Reading

Mundo PEX

ESCÁNDALO: Cancillería blindó a la nuera de Boluarte por falsedad ideológica y sancionó a víctima del consulado en Miami

Un informe oficial detalla cómo la diplomática Blanca Gómez Velásquez utilizó a un tercero para falsificar la firma de su esposo, David Eduardo Gómez Boluarte —hijo de la ex presidenta de facto Dina Boluarte— en un registro oficial de la inteligencia del Estado. La entidad decidió que este acto ilícito «no perjudicó gravemente» al fisco y lo redujo a una simple «amonestación verbal», salvándola de un proceso penal.

Published

2 semanas ago

on

octubre 4, 2026

By

Cancillería blindó a nuera de Boluarte por falsedad ideológica, un informe oficial detalla cómo la diplomática Blanca Gómez Velásquez utilizó a un tercero para falsificar la firma de su esposo, David Eduardo Gómez Boluarte —hijo de la ex presidenta Dina Boluarte— en un registro oficial de la inteligencia del Estado. La entidad decidió que este acto ilícito «no perjudicó gravemente» al fisco y lo redujo a una simple «amonestación verbal», salvándola de un proceso penal. 

Actualización 2026: Las irregularidades expuestas en este expediente continúan siendo un referente de la opacidad en la gestión diplomática, reafirmando la necesidad de una auditoría forense.

Un nuevo y vergonzoso capítulo en los pasillos del Palacio de Torre Tagle.

Mediante Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE, firmada el 19 de septiembre de 2025 por el viceministro Félix Denegri Boza, el Ministerio de Relaciones Exteriores blindó a la Blanca Mercedes Gómez Velásquez, esposa de David Eduardo Gómez Boluarte, hijo de Dina Boluarte Zegarra. La entidad archivó un proceso disciplinario grave y redujo la falsedad ideológica cometida por la funcionaria a una simple «amonestación verbal».

El caso expone la frivolidad con la que el Estado peruano protege a la familia de la ex mandataria, tratando un acto ilícito contra la fe pública como un simple «error de forma».

El «golpe» en el auditorio: Tres minutos para burlar a la DINI

Los documentos clasificados como «Confidenciales» a los que tuvo acceso esta redacción revelan la crónica de un fraude cantado. El 11 de septiembre de 2024, en el auditorio Raúl Porras Barrenechea de la Cancillería, se dictaba una sesión del Curso de Inteligencia Estratégica para funcionarios diplomáticos, a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

David Eduardo Gómez Boluarte, Tercer Secretario e hijo de Dina Boluarte, no se presentó a laborar ese día. Sin embargo, su nombre debía figurar en el registro oficial para evitar problemas con la Oficina de Capacitación, dado que el reglamento del curso solo permitía una ausencia justificada. La solución orquestada por su esposa, Blanca Gómez Velásquez, constituye un clásico caso de falsedad ideológica en documento público:

Según Memorándum N.° OCP00631/2024, Gómez Velásquez firmó su propia asistencia y acto seguido reclutó a Juan Sebastián Montenegro Arias, un joven trabajador de la ONG Encuentros (bajo convenio con la Agencia de la ONU para los Refugiados en la sede de Cancillería), para que falsificara la firma de su esposo en la lista oficial.

Las cámaras de seguridad de la entidad fueron implacables: registraron a Gómez Velásquez y a Montenegro en el lobby exactamente tres minutos (de 09:59:50 a 10:02:15). El tiempo justo para cometer el acto ilícito y esfumarse. El cotejo pericial confirmó que la rúbrica plasmada en el documento oficial difería flagrantemente de la foja de servicios del Tercer Secretario Gómez Boluarte.

Memorándum-N.°-OCP00631-2024-Blanca-Gomez-Velasquez.webp
Memorándum-N.°-OCP00631-2024-Blanca-Gomez-Velasquez.webp

Cuando fue acorralada por los investigadores, Gómez Velásquez admitió que, ante la inasistencia de su pareja, «se le ocurrió pedir que firme a un amigo muy cercano«. Por su parte, el «amigo» (Montenegro) minimizó el acto de falsedad alegando que «solo se trataba de una firma y que le habían dicho que era algo simple».

La contorsión jurídica para encubrir un delito contra la Fe Pública

Hacer que un tercero firme por otro en un registro estatal obligatorio no es una falta ética menor; es un acto ilícito tipificado en el Código Penal como Falsedad Ideológica, un delito contra la Fe Pública. Sin embargo, la Cancillería activó sus mecanismos de protección para salvar a la nuera de Dina Boluarte.

En una decisión que ha generado indignación en las bases del servicio diplomático, el Despacho Viceministerial argumentó que la falta «no revestía gravedad». ¿El argumento central? Que como la firma falsa no fue validada por los organizadores del curso, el Estado no sufrió un «perjuicio económico». En otras palabras, para la Cancillería, falsificar un documento oficial para beneficiar al hijo de la ex presidenta de la República es solo un «error» que merece un «llamado de atención», siempre y cuando no le cueste dinero al fisco.

Cómo Cancillería blindó a nuera de Boluarte: la cronología para «limpiar» el legajo

Los documentos a los que tuvo acceso esta redacción, permiten reconstruir una operación de contención de daños ejecutada cuidadosamente. El 11 de septiembre de 2024 se comete el fraude; el 20 de septiembre, la Oficina de Capacitación lo denuncia; y el 26 de septiembre, el Viceministerio ordena la investigación preliminar.

Pero es en la siguiente fase donde se revela el patrón: entre el 17 de octubre de 2024 (cuando se solicitan los videos de seguridad) y el 29 de enero de 2025, la Oficina General de Recursos Humanos (ORH) emite el Informe N.° 002-2025-UAD/MRE, un documento que, pese a tener la confesión, el video y el cotejo de firmas, ya viene «pre-cocinado» con la conclusión de que la falta «no reviste gravedad» porque no hubo perjuicio económico. Finalmente, el 19 de septiembre de 2025, el viceministro Félix Denegri Boza firma la RVM N.° 0555-2025-RE, que archiva el caso grave y lo convierte en una inofensiva «amonestación verbal».

Una amonestación verbal es la sanción más leve del régimen disciplinario y, lo más importante, no genera inhabilitación ni mancha el legajo de cara a los filtros de integridad (vetting) que exigen organismos internacionales.

Al «limpiar» el expediente de Gómez Velásquez justo en la ventana en que se evaluaban designaciones multilaterales, la Cancillería allanó el camino burocrático para que la pareja accediera a destinos privilegiados sin el estigma de un proceso por falsedad ideológica.

El «dedazo» a la ONU y el pacto de impunidad

Este blindaje administrativo no ocurre en el vacío; se suma a la creciente indignación pública y a los severos cuestionamientos políticos por el vertiginoso ascenso de la pareja en la carrera diplomática.

Expertos en el servicio diplomático denunciaron en su momento una serie de irregularidades con el canciller Elmer Schaler a la cabeza de Torre Tagle para garantizar que Gómez Boluarte y Gómez Velásquez aseguren destinos privilegiados en misiones internacionales y organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sorteando los méritos y el rigor del escalafón que sí se exige al resto del cuerpo diplomático peruano.

Esta red de privilegios no se limita a la pareja. En la actualidad, David Eduardo Gómez Boluarte y Blanca Gómez Velásquez consolidan su carrera en el servicio exterior con destinos en misiones clave y aspiraciones directas a la ONU, mientras que sus tíos —hermanos de la ex presidenta y del exvicepresidente— también figuran bajo la lupa de la justicia por presuntos delitos de tráfico de influencias y nombramientos irregulares.

Lejos de ser un obstáculo, estas investigaciones no les han impedido ser agraciados con designaciones en el exterior y cargos de confianza, evidenciando que la Cancillería se ha transformado en feudos familaires  donde el escrutinio legal es ignorado para garantizar el ascenso de todo el clan.

La responsabilidad política de esta operación de limpieza recae directamente en el despacho del ministro Schaler, bajo cuya gestión se emitió la resolución que convirtió un acto de falsedad ideológica en una simple «amonestación verbal». Mantener sus legajos «limpios» parece ser la prioridad absoluta de la Cancillería de Schaler.

La Fiscalía interviene: El blindaje como «prueba reina» de la retaliación

La gravedad de este blindaje administrativo ha trascendido los muros de Torre Tagle y ha activado una investigación penal formal. La Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-510-0, radicada en la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, revela que la Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE no fue un acto aislado de clemencia.

lave que denunció irregularidades en el Consulado de Miami, Emily Criado Nogales, la Cancillería la sancionó con 90 días de suspensión y alteró fraudulentamente su descanso médico.

Ante esta persecución, la funcionaria acudió al Ministerio Público, demostrando que el aparato de Torre Tagle, bajo la gestión del canciller Elmer Schaler, utiliza su potestad disciplinaria para castigar a quienes denuncian y premiar con impunidad a los allegados al poder.

En su ampliación de denuncia presentada el 30 de junio de 2026, la defensa de la testigo utilizó la propia resolución que «limpió» el legajo de Blanca Gómez Velásquez como la «prueba reina» ante el fiscal.

El documento acredita ante la justicia una flagrante Violación del Principio de Igualdad y Discriminación Grosera: mientras a la nuera de Dina Boluarte se le perdona un delito contra la Fe Pública con una amonestación verbal, a la denunciante se le aplica el máximo rigor sancionador.

Carpeta-Fiscal-N°-506015505-2025-510-0-Primera-Fiscalia-Especializada-en-Delitos-de-Corrupcion-de-Funcionarios-de-Lima-caso-Blanca-Gomez-Velasquez.webp

Esta asimetría ha derivado en cargos penales por los delitos de Abuso de Autoridad, Falsedad Ideológica, Fraude Procesal y Coacción Sistémica, poniendo bajo el microscopio del Ministerio Público no solo la falsificación en el curso de la DINI, sino toda la red de complicidades que protege a la familia de la ex presidenta de facto.

  • Nota de la Redacción: Esta información se sustenta en el Expediente Constituido, la Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE y la Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-510-0, documentos que evidencian la cronología, los actores, las figuras delictivas y la resolución final del caso. Se actualizará conforme se reciban los nuevos actuados fiscales.

Continue Reading

Mundo PEX

¡Manipulación Sistémica! Estado peruano operó en favor de Keiko en votación de peruanos en el exterior

Published

4 meses ago

on

junio 15, 2026

By




El voto de los peruanos en el exterior, concebido como un derecho fundamental para la diáspora, se ha convertido en el talón de Aquiles de la legitimidad democrática del Perú. La segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no solo se definió en las urnas locales, sino que estuvo marcada por una serie de decisiones institucionales sospechosas, intervenciones políticas descaradas y una logística opaca que sugiere una ingeniería electoral diseñada desde el propio aparato del Estado.

Desde el «blindaje» económico de los diplomáticos hasta la ruptura de la cadena de custodia bajo mando militar partidizado, esta es la radiografía de un proceso viciado. En el extranjero no existe el JNE-ONPE, las elecciones de los pex lo maneja la cancillería.

1. La Compra de Lealtades: El Decreto Jerí

La manipulación no comenzó el día de la elección, sino meses antes. Bajo la gestión del interino José Jerí, el gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 250-2025-EF, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2025. Esta norma duplicó los sueldos de embajadores y cónsules, elevándolos  10,600 a  20,000 dólares mensuales.
Además de ser un escandaloso aumento salarial, esta medida funcionó como un mecanismo de cooptación institucional. Al asegurar el bienestar económico de la cúpula diplomática, el pacto garantizó una burocracia lealista dispuesta a ejecutar directrices no escritas pero claramente entendidas: proteger los intereses del verdadero poder detrás de los gobiernos títeres del Congreso en el extranjero.

2. La Violación de la Neutralidad: Canciller Hugo de Zela

La imparcialidad del Estado fue pisoteada públicamente por el entonces embajador y excanciller Hugo de Zela. En una entrevista con Canal N, De Zela declaró que «votar bien» significaba elegir a alguien «totalmente distinto» al expresidente Pedro Castillo.
Esta no fue una opinión personal; fue una directriz política emitida desde una posición de poder estatal. Al asociar el voto contra el «populismo» con la necesidad de marcar distancia de Castillo, De Zela envió un mensaje codificado pero inequívoco a la base electoral de derecha: votar por Keiko Fujimori. Fue un acto de proselitismo estatal que utilizó la plataforma diplomática para influir en la preferencia de miles de ciudadanos. 

3. El Vacío de Poder: La Purga Diplomática de Balcázar

Bajo la supervisión del canciller  Carlos Pareja, un declarado admirador de Donald Trump y figura cercana al fujimorismo, el presidente interino José María Balcázar ejecutó una movida maquiavélica horas antes del ballotage: el cese de embajadores políticos en 17 países estratégicos, incluyendo España, Francia y naciones clave de Latinoamérica.
Al dejar estas plazas vacantes y anunciar que los reemplazos serían designados por el próximo gobierno, se eliminó cualquier posibilidad de supervisión externa fresca. El manejo del material electoral quedó en manos de interinos y funcionarios de carrera cuya lealtad ya había sido asegurada por el decreto de Jerí. Fue una jugada de ajedrez para mantener el control absoluto sobre la logística electoral sin rendir cuentas a nuevos actores políticos, creando un vacío de poder que facilitó la opacidad en el conteo de votos.

4. La Injerencia Extranjera: El Rol de Berni Navarro y la Embajada de EE.UU.

Mientras el gobierno peruano manipulaba sus propias estructuras, se evidenció una injerencia sin precedentes por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, encabezada por el embajador Berni Navarro. Lejos de mantener una postura de observación neutral, Navarro actuó como un actor político directo, ejerciendo presión sobre las instituciones democráticas peruanas para favorecer un resultado específico.
La presencia de Berni Navarro transformó la embajada estadounidense en un centro de operaciones políticas, violando flagrantemente los principios de no intervención y soberanía nacional.

5. El Agujero Negro de Buenos Aires: Isasi y la Cadena Rota

Si hay un lugar donde las sospechas se materializan en hechos concretos, ese es el consulado de Buenos Aires. Bajo la gestión del cónsul Luis Felipe Isasi —otro beneficiario del aumento salarial, de públicos vínculos con el fujimorismo en Argentina—, se produjeron irregularidades graves. Aunque Isasi fue reasignado a Cuba en noviembre del 2025, continuó operando de facto en Argentina durante el proceso electoral.
  • Retención Ilegal: Las actas fueron retenidas durante tres días antes de su envío a Lima, rompiendo flagrantemente la cadena de custodia.
  • Opacidad Total: Se impidió la digitalización de las actas, eliminando la única herramienta capaz de auditar la veracidad de los resultados físicos.
  • Ausencia de Supervisión: Sin observadores de partido ni respaldo digital, el conteo inicial quedó a merced de la voluntad de un funcionario con conocidos vínculos fujimoristas.

Te Puede interesar: ¡ESCÁNDALO! Cancillería peruana premió a estafadores y vinculados al narcotráfico

6. Caos y Opacidad en Estados Unidos: Denuncias en Washington, Nueva York y Miami

Las irregularidades no se limitaron a Sudamérica. En Estados Unidos, país con la mayor densidad de votantes peruanos en el exterior, las denuncias de manipulación fueron sistémicas y alarmantes, aprovechando el vacío de poder dejado por la purga de embajadores.
  • Washington D.C.: Testigos presenciales reportaron que miembros de mesa fueron intimidados por personal consular para modificar actas con errores materiales sin seguir el protocolo de subsanación estándar. Además, se denunció la falta de transparencia en el escrutinio final dentro de la embajada, donde se negó el acceso a representantes de partidos opositores bajo pretextos de «seguridad nacional».
  • Nueva York: Organizaciones de la diáspora denunciaron retrasos injustificados en la apertura de locales de votación en zonas con alta concentración de votantes críticos al oficialismo, mientras que en distritos considerados «fujimoristas», el flujo fue fluido. Se reportaron también ánforas que llegaron a Lima con sellos de seguridad visiblemente violados o inconsistentes con los registros de salida.
  • Miami: Se documentaron casos de «voto cadena», donde funcionarios consulares habrían asesorado a votantes mayores sobre cómo marcar sus papeletas, violando el secreto del sufragio. Asimismo, hubo denuncias sobre la desaparición temporal de paquetes electorales antes de su ingreso a la valija diplomática, generando dudas sobre si todo el material emitido llegó efectivamente a Lima.
Estas denuncias, sumadas a la prohibición de digitalización, imposibilitaron una auditoría rápida y crearon un manto de sospecha sobre decenas de miles de votos en la comunidad peruana más grande del exterior.

7. La Prohibición de Digitalización: La ONPE bajo Presión

A diferencia de la primera vuelta, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante resolución Nº 000090-2026-JN/ONPE prohibió la digitalización de las actas de los peruanos en el extranjero para la segunda vuelta. Esta decisión crítica se dio en un contexto de crisis institucional tras la renuncia del jefe de dicha organización, Piero Corvetto, quien dejó el cargo tras detectarse irregularidades en la primera ronda.
La suspensión de este protocolo de transparencia ocurrió bajo intensa presión mediática y amenazas directas del candidato Rafael López Aliaga, quien llegó a exigir la nulidad de los comicios si no se cumplían sus demandas en 24 horas. Al eliminar el respaldo digital, la ONPE dejó al voto en el exterior vulnerable a la manipulación física, sin posibilidad de auditoría cruzada inmediata.

8. La Custodia Partidizada: De Diez Canseco a las Fuerzas Armadas de Amadeo Flores

El viaje de las actas culminó en Lima, donde fueron recibidas inicialmente por Raúl Diez Canseco. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió su rol como parte de la «cadena de custodia diplomática», la realidad política es innegable: Diez Canseco es una figura de abierta cercanía al fujimorismo. El partido Juntos por el Perú denunció correctamente que entregar el material electoral más sensible del país a un actor con claros intereses partidistas constituye un conflicto de interés insalvable.
Sin embargo, la captura del proceso no terminó allí. La custodia final y el transporte seguro de las ánforas quedaron bajo la responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, lideradas por el Ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno. Nombrado en abril de 2026 dentro del gabinete del presidente interino José María Balcázar, Flores no es un tecnócrata independiente, sino un operador político con profundos lazos con Fuerza Popular:
  • Historial de Aportes: Realizó aportes económicos directos al partido fujimorista entre 2018 y 2023.
  • Cargos Previos: Trabajó como asesor principal de la congresista fujimorista Rosángela Barbarán (2021-2023) y de la Comisión de Educación presidida por Paloma Noceda (2017-2018).
  • Militancia Activa: Postuló previamente a regidor de Lima por la plancha de Fuerza Popular.
Aunque la lideresa Keiko Fujimori descartó públicamente que su nombramiento respondiera a una «cuota de poder», la evidencia de su trayectoria desmiente esta narrativa. La presencia de Flores en el Ministerio de Defensa garantizó que la fuerza pública, encargada de custodiar físicamente los votos más cuestionados del proceso, estuviera bajo el mando de un aliado estratégico del fujimorismo. No se trata solo de quién recibió las valijas, sino de quién tuvo el poder de fuego y la autoridad para garantizar —o impedir— su integridad final.

Conclusión: Un Voto Sin Garantías

La suma de estos factores configura un escenario de fraude sistémico:
  1. El soborno institucionalizado mediante el D.S. N° 250-2025-EF.
  2. La purga diplomática de Balcázar.
  3. La intervención pública de De Zela.
  4. La opacidad de Isasi en Buenos Aires.
  5. Las denuncias de intimidación y manipulación en Estados Unidos (Washington, NY, Miami).
  6. La eliminación de auditoría digital por resolución Nº 000090-2026-JN/ONPE
  7. La recepción partidista de Diez Canseco.
  8. La custodia militar bajo el mando de Amadeo Flores, operador fujimorista.
El voto de los peruanos en el exterior no fue libre ni secreto; fue gestionado, influenciado y custodiado por una red de funcionarios comprometidos con un resultado específico.  La democracia peruana exige una investigación internacional independiente; de lo contrario, cada voto emitido fuera de nuestras fronteras será visto no como un ejercicio cívico, sino como el producto de una manipulación estatal calculada.
Video sugerido: 






Continue Reading

LO MAS VISTO DE ECOS

Red de comunicación internacional: Fans Latinas Online