En el Perú, hay juicios que se ganan con pruebas y otros que se sentencian con prejuicios. El proceso contra Pedro Castillo pertenece al segundo grupo. El tribunal conformado por el juez supremo José Neyra Flores (presidente), junto a los magistrados Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez, no parece estar interesado en esclarecer la verdad, sino en ejecutar una condena escrita desde antes de la primera audiencia. Hoy, más que jueces, son vistos como los verdugos de Pedro Castillo.
El abogado Benji Espinoza, quien fue parte del equipo de defensa del expresidente, lo ha dicho sin rodeos: “Si tú sabes que los jueces que deben juzgarte son tus verdugos y están preparando tu guillotina para volarle la cabeza a tu cliente”, refiriéndose directamente al rol que viene cumpliendo el juez Neyra en este proceso.
En una charla en el portal LP Derecsho. Espinoza también señaló que Neyra tuvo la oportunidad de actuar conforme a derecho al evaluar la recusación contra la jueza Norma Carbajal, quien había adelantado opinión y, por tanto, contaminado el proceso. No lo hizo. Prefirió proteger la figura del tribunal y sacrificar el principio de imparcialidad. “Ya ha dejado de garantizar un debido proceso en el juicio a Castillo”, sentenció el abogado, haciendo uso de su derecho constitucional a criticar las decisiones judiciales desde el enfoque de las garantías procesales.
El Ministerio Público ha solicitado contra Castillo 34 años de prisión y una reparación civil de más de 65 millones de soles. Una condena escandalosamente desproporcionada para un acto calificado por muchos como una “intentona fallida” que no cumplió ninguno de los requisitos del delito de rebelión. No hubo armas, no hubo alzamiento, no hubo organización. Solo hubo un mensaje fallido y una captura inmediata.
Más aún, fiscales presentan actas y supuestas pruebas que no resisten el mínimo análisis técnico ni jurídico. No hay conspiración, aseguran diversos penalistas, y sin embargo se insiste en forzar la narrativa para cerrar el proceso con una sentencia ejemplar —más política que legal— contra quien representó un quiebre en el poder tradicional limeño.
Y mientras esto ocurre, los tres jueces se mantienen en sus cargos sin cuestionamiento interno, ratificando un proceso que muchos ya califican como una ejecución judicial. Las audiencias son públicas, y en ellas se hace evidente la falta de neutralidad del colegiado. El tribunal no escucha, interrumpe, desestima pruebas, descarta testimonios, ignora los principios fundamentales del derecho. ¿Esto es justicia?
No se está juzgando solo a Pedro Castillo. Se está juzgando a un símbolo del Perú profundo, a un maestro rural que osó romper el molde político. Y el mensaje es claro: quien se atreva a desafiar el orden, tendrá a sus verdugos esperándolo en el estrado.
Si los jueces Neyra, Guerrero y Carbajal imponen una condena con esta carga de vicios, estarán manchando más que su toga: estarán debilitando el Estado de Derecho y dejando claro que en el Perú, cuando la justicia incomoda al poder, se convierte en herramienta de castigo.
