Repudian polémica tesis de posible vicegobernadora Yashyra Apaza que asegura «saqueos» en masacre de Juliaca 2023

Profunda indignación y repudio ha despertado en Puno la tesis de Yashyra Morelia Apaza Mamani. Ella se perfila como posible vicegobernadora regional por la alianza política ASI – Juntos por el Perú. La cuestionada investigación señala saqueos y enfrentamientos con la policía durante la masacre del 9 de enero de 2023.

Apaza presentó el documento en 2024 para optar el título de abogada en la Universidad César Vallejo. Lo tituló «El derecho a la propiedad privada y el derecho a la protesta en las manifestaciones de Juliaca 2023».  Hoy enfrenta duros cuestionamientos por carece de fundamentos sólidos y utiliza afirmaciones falsas para estigmatizar las históricas movilizaciones ciudadanas de enero de 2023.

Para su investigación, Apaza habría entrevistado abogados constitucionalistas y expertos en derecho a la propiedad privada. Obvió testimonios de comerciantes afectados o familiares de víctimas de la represión policial y propone límites al derecho a la protesta en defensa del derecho a la propiedad privada.

Yashyra Apaza es candidata a la Vicegobernación Regional por la alianza ASI – Juntos por el Perú. La alianza postula a Jhomar Marcelino Tonconi Quispe a la gobernación.

Tonconi-Apaza obtuvo el 22,48 % de los votos válidos en la primera vuelta del 4 de octubre. La fórmula se medirá en segunda vuelta frente a la organización Ahora Nación, encabezada por Eduardo Quispe Pandia (21,22 %).

Las claves del cuestionamiento y la falta de fundamento

Representantes de la sociedad civil cuestionaron severamente la tesis. La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero del 2023 también la cuestionó.

La tesis sostiene de forma generalizada la existencia de saqueos, robos y ataques a establecimientos comerciales. Sin embargo, no presenta pruebas documentales, denuncias policiales válidas ni testimonios directos que corroboren tales hechos.

Raúl Samillán representante de familiares de las 18 muertes del 9 de enero de 2023,  cuestionó que la polémica tesis incluya afirmaciones sobre saqueos, robos y daños a establecimientos comerciales durante las protestas. También señaló que la tesis no aborda suficientemente las denuncias de vulneraciones de derechos humanos.

El golpe más duro a la credibilidad de la investigación provino del coordinador del Módulo Defensorial de Juliaca, Nivardo Enríquez Barriales. Él desmintió públicamente haber participado en dicha tesis y negó haber aportado información sobre supuestos saqueos.

Enríquez aclaró que los registros oficiales no contienen ninguna denuncia ciudadana por tales actos. Puntualizó que las intervenciones policiales en las inmediaciones del aeropuerto causaron las únicas afectaciones a bienes particulares documentadas.

La sombra de los «oficios de terceros» y la fragilidad probatoria

Un examen riguroso de los anexos de la investigación destapa una irregularidad que roza la ilegalidad,  sustenta afirmaciones contundentes sobre «saqueos» a partir de supuestos oficios firmados por terceros. El texto erige estos documentos como pilar probatorio, sin embargo, adolecen de la más mínima trazabilidad institucional.

No existe constancia de que autoridades competentes emitieran tales oficios. Tampoco hay evidencia de que cadenas de custodia los ratificaran o que los contrastaran con los libros de actas oficiales.

Entre la denuncia de un supuesto atentado y el repudio social

En medio de este clima de tensión, la propia Apaza Mamani denunció un supuesto atentado en su vivienda en Juliaca. Reportó ante las autoridades el hallazgo de municiones, un presunto artefacto explosivo y pintas exigiendo su renuncia.

Sin embargo, los colectivos sociales y familiares de las víctimas ven esta narrativa de victimización de otra forma. Para ellos, esta narrativa evidencia la profunda brecha entre sus aspiraciones políticas y el repudio de una población.

La población rechaza que utilicen su dolor como escalón electoral.

La ciudadanía cuestiona que se intente desviar el foco hacia una estrategia de miedo. Según los críticos, el verdadero atentado es contra la memoria histórica y la verdad de los sucesos de 2023. Esto ocurre en lugar de abordar las graves irregularidades de su trabajo académico.

Un perfil político reciente y antecedentes administrativos

Los registros oficiales pintan el retrato de una irrupción política acelerada, Apaza Mamani se afilió a Juntos por el Perú el 7 de octubre de 2024.

Apaza Mamani obtuvo previamente su bachillerato en Derecho en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (2021). Su trayectoria laboral se limitó al sector privado, como asistente administrativa en Procesos Industriales Andinos S.A.C. entre 2017 y 2026.

Asimismo, su ficha en la SUNAT la registra como persona natural sin negocio, su estado es «ACTIVO» y «HABIDO» desde el 3 de julio de 2025. Sin embargo, un detalle llama la atención es que  registra deuda coactiva.