La Paz, Bolivia, 7 de noviembre de 2025. La Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata denunció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “avaló la impunidad” de la expresidenta Jeanine Añez al anular su condena por el caso Golpe II. El colectivo afirmó que el fallo responde a intereses políticos y desconoce las graves violaciones de derechos humanos registradas en noviembre de 2019.
“El TSJ libera a quienes promovieron la violencia y deja en indefensión a las víctimas”, señala el documento firmado por el directorio de la Asociación. La organización cuestiona además que el Tribunal haya declarado que Añez “no actuó con dolo ni lesionó bien jurídico alguno”, pese a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que califican los hechos de Sacaba y Senkata como masacres.
El pronunciamiento recuerda que las ejecuciones sumarias, torturas y detenciones ilegales durante el gobierno de Añez siguen impunes. Los familiares acusan al TSJ de actuar con “sumisión ideológica” y de proteger a los responsables de la represión.
Las víctimas exigieron al presidente electo Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmand Lara visitar Senkata el 19 de noviembre, en cumplimiento de las leyes que declaran esa fecha como el Día de la Dignificación y Reivindicación de las Víctimas de 2019.
“El TSJ ha atentado contra las víctimas, dejando en impunidad las muertes, la masacre que ya ha sido confirmada por la CIDH. El juez ha firmado ese fallo con sangre, con la sangre de nuestros hijos.Él, su firma, y su conciencia, están manchadas para siempre”, expresó la representante de las víctimas, Gloria Quisbert
“Nos han dejado nuevamente con un dolor más (…). No pertenecemos a ningún partido político. La justicia tiene que ser imparcial, quien tiene que pagar que pague, pero tiene que hacerse justicia. No vamos a cansarnos nosotros, estamos buscando otras vías y hemos denunciado a la CIDH lo que nos han hecho el día de ayer”, reveló.
Según el testimonio de Quisbert, las víctimas vivieron con angustia la audiencia en la que, asegura, se cambió el papel de victimarios por el de víctimas.
“Nos han dado otro puñal en la espalda. Han dejado en libertad a quienes deben pagar por las muertes”, afirmó.
Desde la Asociación de Presos y Perseguidos Políticos del gobierno de Áñez también se levantaron voces de indignación. Un familiar denunció que, durante el conflicto de 2019, fueron arrestados solo por defender símbolos indígenas como la whipala o por apoyar a las mujeres de pollera.
“Fuimos detenidos, torturados y acusados sin pruebas. Hoy la justicia protege a los responsables”, manifestó uno de los afectados.
Asimismo, una mujer víctima relató que fue “injustamente” encarcelada seis meses, mientras sus hijos sufrieron abandono.
“Nos duele ver que quieren liberar a Áñez, Camacho y Pumari. Ellos son autores. Lo que vivimos no se olvida”, recordó la mujer visiblemente afectada.
