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Argentina: Cristina se defiende y dice que nunca recibió coimas de Uberti ni ningún otro funcionario durante su presidencia
En medio del escándalo por los “cuadernos de las coimas”, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio.
Si bien dijo que no va a hablar sobre “remiseros arrepentidos” que dicen haberla visto en pijama (en referencia a Oscar Centeno, quien dijo que la había visto en jogging en la Quinta de Olivos) ni “ex funcionarios de cuarta línea”, apunta contra el empresario Gabriel Romero -quien asegura haber pagado por un decreto presidencial”: “Sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos”.
Sin nombrar a Uberti, remarcó que “nunca formó parte de mis dos presidencias, pero describe excursiones casi turísticas en mi dormitorio”. El ex funcionario, al declarar como “imputado colaborador”, afirmó que ingresó al dormitorio “de Néstor y Cristina y estaba repleto de bolsos y valijas con dinero”. Uberti aclaró que cuando ingresó al dormitorio del departamento de Juncal y Uruguay de los Kirchner -quienes vivían desde hace años en la Quinta de Olivos- no había otras personas en el lugar.
En el cierre del texto, afirmó que hay un “manejo extorsivo de la figura del arrepentido” y, como ya es habitual en ella, denunció complicidad entre el “Poder Judicial, los medios hegemónicos de comunicación y el Gobierno” nacional.
La carta completa:
He decidido no hacer comentarios sobre remiseros “arrepentidos” que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también “arrepentidos”, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Sin embargo, como ex presidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero –nuevo “arrepentido”- que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial.
Grande fue mi sorpresa cuando comencé a leer el referido decreto y mayor aún mi indignación cuando concluí su lectura. Es que el decreto 113 del 21 de enero del 2010 tiene particularidades muy especiales.
Breve introducción al referido decreto. El 6 de enero de 2002 se sancionó la Ley 25.561 por la que se declaró la emergencia pública, se dispuso la salida del régimen de convertibilidad del peso argentino con el dólar estadounidense y se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos de obras y servicios públicos concesionados que habían sido puestos en crisis por la obligada salida del régimen mencionado. Uno de esos contratos era el de la empresa Hidrovía S.A. cuya concesión fue aprobada por el decreto 253 del 21 de febrero de 1995 y cuyo titular es el Sr. Gabriel Romero.
El 3 de julio de 2003 Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Julio De Vido firmaron el decreto 311 por el cual se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en la órbita de los Ministerios de Economía y de Planificación Federal. Esa unidad tenía como función hacer operativas las renegociaciones ordenadas por la Ley de emergencia.
El decreto y la hidrovía 1. El 19 de junio de 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la UNIREN y la empresa Hidrovía S.A firman una propuesta de Carta de Entendimiento para lograr la renegociación de la concesión.
2. El principal problema que tenía dicha renegociación era que la aplicación de las normas en materia de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) convertía a la empresa Hidrovía S.A. en gran deudora de la AFIP por la liquidación de dicho tributo. La empresa sostenía que la normativa estaba mal aplicada en el caso particular de su actividad. Durante el año 2008, siendo ya presidenta, le manifesté al Sr. Romero que ese problema no se podía solucionar en el ámbito del Poder Ejecutivo porque la AFIP no iba a hacer ninguna interpretación que implicara condonar una deuda. Le dije que yo no iba a firmar absolutamente nada sin la intervención del Congreso porque se trataba de materia impositiva.
3. Finalmente, dicho problema fue abordado por una Ley del Congreso de la Nación que interpretó específicamente una forma de liquidación del IVA para el caso de concesiones de obras de dragado, señalización y mantenimiento de vías navegables con motivo de su explotación. O sea, para Hidrovía S.A. Dicha Ley, la 26.453, fue sancionada el 10 de diciembre de 2008 por UNANIMIDAD.
4. Recién luego de aprobada esa Ley, la Carta de Entendimiento firmada por UNIREN y la empresa Hidrovía S.A. se sometió al proceso de audiencia pública en la que participaron y se expresaron opiniones de los usuarios, distintos sectores y actores sociales. Como consecuencia, la UNIREN estimó conveniente modificar aspectos de la propuesta de entendimiento, todo ello expuesto en las actuaciones y publicado en el sitio de internet de la mencionada Unidad.
5. Luego, con fecha 21 de abril de 2009 la empresa y la UNIREN suscribieron una propuesta de Acta Acuerdo que contenía los términos de la renegociación del contrato ordenada por la Ley de salida de la convertibilidad.
6. La Procuración del Tesoro de la Nación, cuya intervención es obligatoria de acuerdo al decreto 311/03, emitió un primer dictamen con propuestas que fueron incorporadas en una addenda modificatoria; emitiendo, luego, dicho organismo, un segundo dictamen final.
7. Asimismo, también la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tomó intervención de acuerdo a la normativa vigente.
8. Sin embargo, lo más distintivo de este proceso fue que, por tratarse de facultades delegadas, la propuesta de Acta Acuerdo salió de la esfera de decisión del Poder Ejecutivo y su contenido fue obligatoriamente sometido a consideración y aprobación del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional. Cabe aclarar que la aprobación del Congreso de la Nación era condición imprescindible para la ratificación del Acta Acuerdo. O sea, sin Parlamento, no había decreto.
9. Dicha comisión emitió un dictamen de mayoría en el que realizaron modificaciones a la propuesta del Acta Acuerdo, incluyendo además un requerimiento efectuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
10. Introducidas las modificaciones propuestas por el Parlamento, el 20 de octubre de 2009, la UNIREN y los representantes de la empresa concesionaria suscribieron el Acta Acuerdo y establecieron las condiciones de adecuación del contrato de concesión de la hidrovía, tal cual lo había ordenado la Ley de emergencia pública y salida de la convertibilidad.
11. Por último, y de acuerdo lo establece el decreto 311/03, correspondía al Poder Ejecutivo ratificar los acuerdos alcanzados y por eso el 21 de enero de 2010 firmé el decreto 113.
O SEA que mi intervención como presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sin cuya aprobación no hubiera habido decreto.
Hoy, en un verdadero menú de “arrepentidos” a la carta, el Sr. Gabriel Romero dice haber pagado dinero por la firma de ese decreto que, finalizado todo el proceso explicado previamente, era para mí obligatorio firmar. En todo caso, sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación.
El evidente manejo extorsivo de la figura del “arrepentido” llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas.
Mundo PEX
La Plata, Argentina: Madre peruana resiste el desalojo de «Casa Sandra» y convoca a una movilización urgente
Bajo la administración del gobernador Axel Kicillof, el gobierno bonaerense busca desalojar a Nelly Gamboa de ‘Casa Sandra’. El refugio, creado tras el femicidio de su hija, enfrenta un cierre burocrático
Nelly Gamboa, madre de Sandra Ayala Gamboa, denuncia la persecución del Ministerio de las Mujeres de Buenos Aires. Su hija fue asesinada en el Ministerio de Economía. Hoy, bajo la administración de Axel Kicillof, buscan desalojar Casa Sandra Ayala La Plata. Por eso, Nelly convoca a una movilización urgente.
La denuncia y el desalojo de hecho
Nelly Gamboa, madre de Sandra Ayala Gamboa, denunció esta mañana ser víctima de persecución política por parte del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es desalojarla del refugio de escucha y ayuda inmediata para mujeres en situación de violencia que lleva el nombre de su hija.
«Solo muerta me van a sacar. Voy a seguir atendiendo aunque tenga que hacerlo en la vereda», Declaró Nelly al programa ¿De qué lado estás? en Radio del Plata.
La situación estalló en las últimas 48 horas. Funcionarios y fuerzas de seguridad impidieron el ingreso de Nelly y su equipo al edificio ubicado en calle 7 entre 45 y 46 de La Plata. El resultado es desolador: el mobiliario y las fotos de Sandra fueron amontonados en un rincón.
La intervención policial se sumó al hecho de que el edificio presenta serios daños estructurales en el techo. Nelly Gamboa atribuye el estado de las instalaciones a una negligencia intencional de parte del Ministerio a cargo de Estela Díaz, bajo la administración del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Este desmantelamiento físico ocurrió el 5 de octubre de 2026. Al intentar reingresar tras las obras de reparación, el equipo encontró sus oficinas vacías. No existía ninguna orden judicial que avalara esta medida arbitraria.
El núcleo del conflicto: ¿Qué debe ser la Casa Sandra Ayala?
Nelly y las organizaciones sociales que la acompañan sostienen que el espacio debe ser un centro de puertas abiertas. Exigen asistencia alimentaria y contención psicológica inmediata. Desde el Ministerio de las Mujeres se exige transformar el lugar en una «Dirección de Mariposas» con las puertas cerradas. O en un simple espacio de recordación.
«La señora Estela me dijo que las oficinas tienen que ser una dirección de mariposas y trabajar con la puerta cerrada. Yo le dije que no, porque eso es tapar el grito de justicia. A mí no me sirve prender una vela y mirar una foto, me sirve salvar a la chica que llega hoy», declaró Nelly al mismo medio.
La madre sobrevivió al dolor atroz de perder a su hija. Sandra tenía 21 años cuando fue asesinada en el Ministerio de Economía. Nelly asegura que el Estado se ha vuelto sordo y está en su contra.
«Me discriminan porque hago lo que ellos no hacen. Me quedo hasta la noche para que una mujer no se suicide. El Ministerio está lejos de la gente», ha declarado al mismo medio, reafirmando su compromiso con las víctimas.
Casa Sandra Ayala La Plata: el origen de la lucha
Para comprender la magnitud de esta resistencia, es imperativo recordar el origen de esta lucha. Sandra Yala Gamboa era una joven enfermera peruana de 21 años. El 16 de febrero del 2007 fue brutalmente violada y asesinada dentro de una dependencia del Ministerio de Economía en La Plata, Argentina.
Su crimen desnudó la vulnerabilidad extrema de las migrantes en Argentina. El caso conmocionó a toda la sociedad platense y también a la comunidad peruana en el país vecino. Nelly transformó su dolor en una trinchera de lucha incansable. La «Casa Sandra» nació como un homenaje vivo a su hija.
Hoy, Casa Sandra Ayala La Plata no es solo un edificio. Es un símbolo de la resistencia migrante y feminista frente a un Estado que a menudo falla en proteger a los más vulnerables.
La victoria judicial y la cronología del desalojo
En paralelo al conflicto físico, la familia obtuvo una victoria legal histórica. El 18 de junio de 2026, la Sala I de la Cámara de Apelación de La Plata condenó a la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. El Estado fue declarado responsable civil por el femicidio al tener el edificio en total abandono, sin custodia ni luminarias.
El femicida, Diego José Cadícamo, cumple prisión perpetua desde 2012. Irónicamente, la misma administración provincial que fue condenada por la justicia hoy intenta desalojar a la madre.
El conflicto edilicio comenzó el 28 de agosto de 2026. Se produjo un derrumbe parcial del techo. Las instalaciones fueron clausuradas preventivamente. Nelly y su equipo continuaron atendiendo a las víctimas en la vereda.
Sin embargo, el 5 de octubre, al finalizar las obras, el Ministerio retiró todos los muebles, computadoras y expedientes sin previo aviso. Esto forzó un desalojo de hecho.
La abogada Lourdes y la movilización urgente
María Lourdes Kairuz es abogada y acompañante histórica de la causa. Es defensora de derechos humanos. Ha trabajado durante años junto a Nelly y las organizaciones de mujeres migrantes en La Plata.
«Nelly no busca un empleo, busca justicia activa. Hemos descubierto abusos y evitado suicidios. Sacarla de ahí es dejar a cientos de mujeres sin respuesta», advirtió la letrada. La denuncia incluye episodios de hostigamiento policial y falta de notificación formal.
Ante el inminente desalojo, Nelly lanzó un llamado desesperado a la solidaridad. La movilización es el jueves 22 de octubre de 2026, a las 13:00 hs en las puertas de Casa Sandra.
Mundo PEX
ESCÁNDALO: Cancillería blindó a la nuera de Boluarte por falsedad ideológica y sancionó a víctima del consulado en Miami
Un informe oficial detalla cómo la diplomática Blanca Gómez Velásquez utilizó a un tercero para falsificar la firma de su esposo, David Eduardo Gómez Boluarte —hijo de la ex presidenta de facto Dina Boluarte— en un registro oficial de la inteligencia del Estado. La entidad decidió que este acto ilícito «no perjudicó gravemente» al fisco y lo redujo a una simple «amonestación verbal», salvándola de un proceso penal.
Cancillería blindó a nuera de Boluarte por falsedad ideológica, un informe oficial detalla cómo la diplomática Blanca Gómez Velásquez utilizó a un tercero para falsificar la firma de su esposo, David Eduardo Gómez Boluarte —hijo de la ex presidenta Dina Boluarte— en un registro oficial de la inteligencia del Estado. La entidad decidió que este acto ilícito «no perjudicó gravemente» al fisco y lo redujo a una simple «amonestación verbal», salvándola de un proceso penal.
Actualización 2026: Las irregularidades expuestas en este expediente continúan siendo un referente de la opacidad en la gestión diplomática, reafirmando la necesidad de una auditoría forense.
Un nuevo y vergonzoso capítulo en los pasillos del Palacio de Torre Tagle.
Mediante Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE, firmada el 19 de septiembre de 2025 por el viceministro Félix Denegri Boza, el Ministerio de Relaciones Exteriores blindó a la Blanca Mercedes Gómez Velásquez, esposa de David Eduardo Gómez Boluarte, hijo de Dina Boluarte Zegarra. La entidad archivó un proceso disciplinario grave y redujo la falsedad ideológica cometida por la funcionaria a una simple «amonestación verbal».
El caso expone la frivolidad con la que el Estado peruano protege a la familia de la ex mandataria, tratando un acto ilícito contra la fe pública como un simple «error de forma».
El «golpe» en el auditorio: Tres minutos para burlar a la DINI
Los documentos clasificados como «Confidenciales» a los que tuvo acceso esta redacción revelan la crónica de un fraude cantado. El 11 de septiembre de 2024, en el auditorio Raúl Porras Barrenechea de la Cancillería, se dictaba una sesión del Curso de Inteligencia Estratégica para funcionarios diplomáticos, a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
David Eduardo Gómez Boluarte, Tercer Secretario e hijo de Dina Boluarte, no se presentó a laborar ese día. Sin embargo, su nombre debía figurar en el registro oficial para evitar problemas con la Oficina de Capacitación, dado que el reglamento del curso solo permitía una ausencia justificada. La solución orquestada por su esposa, Blanca Gómez Velásquez, constituye un clásico caso de falsedad ideológica en documento público:
Según Memorándum N.° OCP00631/2024, Gómez Velásquez firmó su propia asistencia y acto seguido reclutó a Juan Sebastián Montenegro Arias, un joven trabajador de la ONG Encuentros (bajo convenio con la Agencia de la ONU para los Refugiados en la sede de Cancillería), para que falsificara la firma de su esposo en la lista oficial.
Las cámaras de seguridad de la entidad fueron implacables: registraron a Gómez Velásquez y a Montenegro en el lobby exactamente tres minutos (de 09:59:50 a 10:02:15). El tiempo justo para cometer el acto ilícito y esfumarse. El cotejo pericial confirmó que la rúbrica plasmada en el documento oficial difería flagrantemente de la foja de servicios del Tercer Secretario Gómez Boluarte.
Cuando fue acorralada por los investigadores, Gómez Velásquez admitió que, ante la inasistencia de su pareja, «se le ocurrió pedir que firme a un amigo muy cercano«. Por su parte, el «amigo» (Montenegro) minimizó el acto de falsedad alegando que «solo se trataba de una firma y que le habían dicho que era algo simple».
La contorsión jurídica para encubrir un delito contra la Fe Pública
Hacer que un tercero firme por otro en un registro estatal obligatorio no es una falta ética menor; es un acto ilícito tipificado en el Código Penal como Falsedad Ideológica, un delito contra la Fe Pública. Sin embargo, la Cancillería activó sus mecanismos de protección para salvar a la nuera de Dina Boluarte.
En una decisión que ha generado indignación en las bases del servicio diplomático, el Despacho Viceministerial argumentó que la falta «no revestía gravedad». ¿El argumento central? Que como la firma falsa no fue validada por los organizadores del curso, el Estado no sufrió un «perjuicio económico». En otras palabras, para la Cancillería, falsificar un documento oficial para beneficiar al hijo de la ex presidenta de la República es solo un «error» que merece un «llamado de atención», siempre y cuando no le cueste dinero al fisco.
Cómo Cancillería blindó a nuera de Boluarte: la cronología para «limpiar» el legajo
Los documentos a los que tuvo acceso esta redacción, permiten reconstruir una operación de contención de daños ejecutada cuidadosamente. El 11 de septiembre de 2024 se comete el fraude; el 20 de septiembre, la Oficina de Capacitación lo denuncia; y el 26 de septiembre, el Viceministerio ordena la investigación preliminar.
Pero es en la siguiente fase donde se revela el patrón: entre el 17 de octubre de 2024 (cuando se solicitan los videos de seguridad) y el 29 de enero de 2025, la Oficina General de Recursos Humanos (ORH) emite el Informe N.° 002-2025-UAD/MRE, un documento que, pese a tener la confesión, el video y el cotejo de firmas, ya viene «pre-cocinado» con la conclusión de que la falta «no reviste gravedad» porque no hubo perjuicio económico. Finalmente, el 19 de septiembre de 2025, el viceministro Félix Denegri Boza firma la RVM N.° 0555-2025-RE, que archiva el caso grave y lo convierte en una inofensiva «amonestación verbal».
Una amonestación verbal es la sanción más leve del régimen disciplinario y, lo más importante, no genera inhabilitación ni mancha el legajo de cara a los filtros de integridad (vetting) que exigen organismos internacionales.
Al «limpiar» el expediente de Gómez Velásquez justo en la ventana en que se evaluaban designaciones multilaterales, la Cancillería allanó el camino burocrático para que la pareja accediera a destinos privilegiados sin el estigma de un proceso por falsedad ideológica.
El «dedazo» a la ONU y el pacto de impunidad
Este blindaje administrativo no ocurre en el vacío; se suma a la creciente indignación pública y a los severos cuestionamientos políticos por el vertiginoso ascenso de la pareja en la carrera diplomática.
Expertos en el servicio diplomático denunciaron en su momento una serie de irregularidades con el canciller Elmer Schaler a la cabeza de Torre Tagle para garantizar que Gómez Boluarte y Gómez Velásquez aseguren destinos privilegiados en misiones internacionales y organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sorteando los méritos y el rigor del escalafón que sí se exige al resto del cuerpo diplomático peruano.
Esta red de privilegios no se limita a la pareja. En la actualidad, David Eduardo Gómez Boluarte y Blanca Gómez Velásquez consolidan su carrera en el servicio exterior con destinos en misiones clave y aspiraciones directas a la ONU, mientras que sus tíos —hermanos de la ex presidenta y del exvicepresidente— también figuran bajo la lupa de la justicia por presuntos delitos de tráfico de influencias y nombramientos irregulares.
Lejos de ser un obstáculo, estas investigaciones no les han impedido ser agraciados con designaciones en el exterior y cargos de confianza, evidenciando que la Cancillería se ha transformado en feudos familaires donde el escrutinio legal es ignorado para garantizar el ascenso de todo el clan.
La responsabilidad política de esta operación de limpieza recae directamente en el despacho del ministro Schaler, bajo cuya gestión se emitió la resolución que convirtió un acto de falsedad ideológica en una simple «amonestación verbal». Mantener sus legajos «limpios» parece ser la prioridad absoluta de la Cancillería de Schaler.
La Fiscalía interviene: El blindaje como «prueba reina» de la retaliación
La gravedad de este blindaje administrativo ha trascendido los muros de Torre Tagle y ha activado una investigación penal formal. La Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-510-0, radicada en la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, revela que la Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE no fue un acto aislado de clemencia.
lave que denunció irregularidades en el Consulado de Miami, Emily Criado Nogales, la Cancillería la sancionó con 90 días de suspensión y alteró fraudulentamente su descanso médico.
Ante esta persecución, la funcionaria acudió al Ministerio Público, demostrando que el aparato de Torre Tagle, bajo la gestión del canciller Elmer Schaler, utiliza su potestad disciplinaria para castigar a quienes denuncian y premiar con impunidad a los allegados al poder.
En su ampliación de denuncia presentada el 30 de junio de 2026, la defensa de la testigo utilizó la propia resolución que «limpió» el legajo de Blanca Gómez Velásquez como la «prueba reina» ante el fiscal.
El documento acredita ante la justicia una flagrante Violación del Principio de Igualdad y Discriminación Grosera: mientras a la nuera de Dina Boluarte se le perdona un delito contra la Fe Pública con una amonestación verbal, a la denunciante se le aplica el máximo rigor sancionador.
Esta asimetría ha derivado en cargos penales por los delitos de Abuso de Autoridad, Falsedad Ideológica, Fraude Procesal y Coacción Sistémica, poniendo bajo el microscopio del Ministerio Público no solo la falsificación en el curso de la DINI, sino toda la red de complicidades que protege a la familia de la ex presidenta de facto.
- Nota de la Redacción: Esta información se sustenta en el Expediente Constituido, la Resolución Viceministerial N.° 0555-2025-RE y la Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-510-0, documentos que evidencian la cronología, los actores, las figuras delictivas y la resolución final del caso. Se actualizará conforme se reciban los nuevos actuados fiscales.
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¡Manipulación Sistémica! Estado peruano operó en favor de Keiko en votación de peruanos en el exterior
El voto de los peruanos en el exterior, concebido como un derecho fundamental para la diáspora, se ha convertido en el talón de Aquiles de la legitimidad democrática del Perú. La segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no solo se definió en las urnas locales, sino que estuvo marcada por una serie de decisiones institucionales sospechosas, intervenciones políticas descaradas y una logística opaca que sugiere una ingeniería electoral diseñada desde el propio aparato del Estado.
1. La Compra de Lealtades: El Decreto Jerí
2. La Violación de la Neutralidad: Canciller Hugo de Zela
3. El Vacío de Poder: La Purga Diplomática de Balcázar
4. La Injerencia Extranjera: El Rol de Berni Navarro y la Embajada de EE.UU.
5. El Agujero Negro de Buenos Aires: Isasi y la Cadena Rota
- Retención Ilegal: Las actas fueron retenidas durante tres días antes de su envío a Lima, rompiendo flagrantemente la cadena de custodia.
- Opacidad Total: Se impidió la digitalización de las actas, eliminando la única herramienta capaz de auditar la veracidad de los resultados físicos.
- Ausencia de Supervisión: Sin observadores de partido ni respaldo digital, el conteo inicial quedó a merced de la voluntad de un funcionario con conocidos vínculos fujimoristas.
6. Caos y Opacidad en Estados Unidos: Denuncias en Washington, Nueva York y Miami
- Washington D.C.: Testigos presenciales reportaron que miembros de mesa fueron intimidados por personal consular para modificar actas con errores materiales sin seguir el protocolo de subsanación estándar. Además, se denunció la falta de transparencia en el escrutinio final dentro de la embajada, donde se negó el acceso a representantes de partidos opositores bajo pretextos de «seguridad nacional».
- Nueva York: Organizaciones de la diáspora denunciaron retrasos injustificados en la apertura de locales de votación en zonas con alta concentración de votantes críticos al oficialismo, mientras que en distritos considerados «fujimoristas», el flujo fue fluido. Se reportaron también ánforas que llegaron a Lima con sellos de seguridad visiblemente violados o inconsistentes con los registros de salida.
- Miami: Se documentaron casos de «voto cadena», donde funcionarios consulares habrían asesorado a votantes mayores sobre cómo marcar sus papeletas, violando el secreto del sufragio. Asimismo, hubo denuncias sobre la desaparición temporal de paquetes electorales antes de su ingreso a la valija diplomática, generando dudas sobre si todo el material emitido llegó efectivamente a Lima.
7. La Prohibición de Digitalización: La ONPE bajo Presión
8. La Custodia Partidizada: De Diez Canseco a las Fuerzas Armadas de Amadeo Flores
- Historial de Aportes: Realizó aportes económicos directos al partido fujimorista entre 2018 y 2023.
- Cargos Previos: Trabajó como asesor principal de la congresista fujimorista Rosángela Barbarán (2021-2023) y de la Comisión de Educación presidida por Paloma Noceda (2017-2018).
- Militancia Activa: Postuló previamente a regidor de Lima por la plancha de Fuerza Popular.
Conclusión: Un Voto Sin Garantías
- El soborno institucionalizado mediante el D.S. N° 250-2025-EF.
- La purga diplomática de Balcázar.
- La intervención pública de De Zela.
- La opacidad de Isasi en Buenos Aires.
- Las denuncias de intimidación y manipulación en Estados Unidos (Washington, NY, Miami).
- La eliminación de auditoría digital por resolución Nº 000090-2026-JN/ONPE
- La recepción partidista de Diez Canseco.
- La custodia militar bajo el mando de Amadeo Flores, operador fujimorista.
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