A días de la firma del dictamen y la votación en la Legislatura prevista para el jueves 22 por la polémica creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad, la Cámara de Apelaciones consideró que los datos brindados hasta ahora por el GCBA a la comunidad educativa son parciales e insuficientes y le ordenó dar más precisiones.
En plena etapa definitoria en torno a la polémica Unicaba, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó al Gobierno porteño que, en un plazo de 10 días, cumpla con su deber de dar información a la comunidad educativa sobre la creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires.
El amparo había sido iniciado por un grupo de rectoras y rectores del CESGE, patrocinados por el Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire. En su planteo, solicitaron que el Ministerio de Educación porteño -que conduce Soledad Acuña- informe si se prevé disolver los institutos existentes y, de ser así, en qué plazo, y qué tratamiento se dará a los estudiantes que no hubieren finalizado su estudio en los institutos. También reclamaron precisiones sobre la transferencia del personal a Unicaba, por caso si ello incluiría a los interinos y si está previsto algún régimen de retiro voluntario o pase a disponibilidad.
Según informó el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, los jueces Mariana Díaz, Fabiana Schafrik de Núñez y Carlos Balbín consideraron que, respecto de algunas de las preguntas efectuadas, las respuestas brindadas por el Ministerio de Educación eran una réplica parcial e insuficiente, ya que omitía detallar los antecedentes académicos y profesionales de quienes elaboraron el proyecto, la estimación presupuestaria, si está prevista la financiación a través de organismos internacionales de crédito, qué cantidad de establecimientos se transferirán, cuál es el cronograma y qué inmuebles se utilizarán.
Además, resaltaron que el Ministerio tampoco detalló qué pasará con el personal interino del nivel terciario. Y detallaron que si bien el GCBA sostuvo que el proyecto incluye a “todo” el personal y se propone “garantizar la estabilidad laboral”, dado que los interinos no gozan de este derecho, la respuesta no resulta clara en torno a si los abarca también a ellos.
Con un fuerte rechazo a la creación de la Unicaba manifestado por diversas vías desde hace un año, las adhesiones al amparo sumaron más de 600: tanto de parte de docentes como de consejeros, representantes de los sindicatos, personal no docente, cooperadoras y de la coordinadora de estudiantes terciarios.
Dos Santos destacó la sentencia y aseguró que “la falta de información adecuada ha generado una gran incertidumbre en la comunidad educativa, ya que la disolución de los profesorados afecta el trabajo formativo que vienen desarrollando docentes y alumnos y genera un perjuicio en todo el sistema educativo”.
