Con el objetivo de mejorar la gestión de recursos y aliviar la superpoblación en las cárceles de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal quiere enviar a sus países a los presos extranjeros que hayan cumplido la mitad de sus penas en Argentina. En lo que va del año, 23 reclusos ya fueron remitidos a sus países, y otros 300 están en condiciones de seguir sus pasos, en caso de que se complete el proceso judicial-migratorio.
Los presos extranjeros son, actualmente, el 5,14% de la población total penitenciaria en Buenos Aires, que es de 42.000 detenidos, en 56 cárceles y alcaldías bonaerenses. Las plazas disponibles, en realidad, son 28.000, por lo que la superpoblación es del 50 por ciento. Fuentes del Poder Ejecutivo provincial sostuvieron que, en este contexto, la gobernadora María Eugenia Vidal dio luz verde y apoyo político a la medida.
El proceso se inicia en el Ministerio de Justicia bonaerense, del cual depende el Servicio Penitenciario. Un equipo de esa cartera está trabajando especialmente en la revisión de casos para determinar cuáles se encuadran en la normativa de extrañamiento prevista en la ley de migraciones (deben tener cumplida la mitad de la condena). A partir de ahí se habla con el defensor del recluso y con el juez que supervisa el cumplimiento de la pena; si dan su aval, se le ofrece al preso enviarlo a su país natal.
En caso afirmativo, el trámite final queda en manos de la Dirección de Migraciones. Los pasajes de los presos a extrañar corren por cuenta de las compañías de aviación, que según la normativa vigente deben reservar dos lugares para este tipo de casos.
Una vez expulsados, los condenados extrañados ya no podrán volver legalmente a Argentina.
