El bloque de Unidad Ciuadana intentará este jueves la sanción de un proyecto de ley en al Legislatura porteña para excluir a las empresas «arrepentidas», tanto en la obra pública como en la contratación de servicios con la Ciudad.
A través del pedido de modificación del anexo 1 de la ley N° 5916 de Régimen de Contratos de Participación Público-Privada, la iniciativa que será tratada durante la sesión ordinaria establece que no podrán asumir la condición de oferentes o contratistas quienes, entre otras cosas, estén procesados por auto firme; quienes hayan sido condenados por algunos de los delitos previstos los los títulos 6, 7 y 8 del Código Penal; o las personas físicas, empresas y sociedades que a través de sus representantes hayan declarado su autoría o participación delictiva a través de la ley 27.304, más conocida como ley del arrepentido.
“El principio de inocencia está pensado por dos cuestiones: para personas físicas, no jurídicas y desde el aspecto técnico de la libertad ambulatoria. Está para que no te detengan en la mitad de un proceso”, afirmaron fuentes legislativas a Nueva Ciudad en relación al argumento que esgrimen desde el GCBA sobre los empresarios involucrados en el escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno. Además, desde la Legislatura detallaron que “no hace falta que los implicados estén condenados ya que a través de otras leyes, la Ciudad no está usando el principio de inocencia”. En este marco, lo que se busca es “no que dejen de trabajar, sino que no vuelvan a contratar más y que no participen en las próximas licitaciones en el estado”, explicaron.
En esta línea, la iniciativa establece que quienes se encuentren en esta situación no podrán presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quedarán “inhabilitados para ser concesionarios de servicios públicos”. La presentación del proyecto se da en el marco del caso de los escritos de Centeno. Algunos de los empresarios que se presentaron como “arrepentidos” en la causa del juez Federal Claudio Bonadío son parte de las principales empresas contratadas por el Gobierno de la Ciudad para llevar a cabo grandes obras públicas.
Uno de ellos es Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri, quien a través de la empresa “IECSA – FONTANA NICASTRO UTE” se encuentra realizando el tramo C de la obra Paseo Del Bajo, con un presupuesto de $ 3.183.200.000. Esta semana, Calcaterra adelantó su indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, en el marco de la causa que investiga el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, proceso en el cual la compañía del empresario había sido beneficiada como parte de una UTE que también integraban la brasileña Odebrecht y la italiana Ghella. La semana pasada, además, confirmó a Bonadío que entregó dinero para las campañas electorales de 2013 y 2015, momento en que la empresa IECSA estuvo a punto de fundirse por su situación económica.
Otro de las grandes empresas vinculadas al caso es la de Aldo Roggio, presidente de Benito Roggio e Hijos, la que logró hacerse adjudicataria de la construcción de la Obra “Segundo Emisario del Arroyo Vega” , por un monto total de $2.136.614.835. Además, Benito Roggio e Hijos actualmente es adjudicataria de la extensión de la línea E de subte por un monto de $ 346.712.644. Roggio, quien dirige la compañía Metrovías S.A./Benito Roggio Transporte S.A. presentó esta semana una oferta técnica para continuar frente a la concesión del subte porteño. Se vio envuelto en el escándalo de las anotaciones de Centeno y admitió ante el juez federal Claudio Bonadío el presunto pago de coimas. Esta semana volvió a Comodoro Py y ya acordó presentarse en la causa como “imputado colaborador”.
