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Juez Baltasar Garzón advierte a Piñera «sus crímenes no quedarán en la impunidad»

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El juez español Baltasar Garzón, quien se hiciera conocido mundialmente por la captura del dictador Augusto Pinochet (1998), se manifestó contundentemente en contra de las violaciones a los Derechos Humanos en Chile, por parte del presidente Sebastián Piñera, tras haber declarado el Estado de Emergencia y la militarización de las calles en casi todo el país, en lo que denominó,  «una guerra contra un enemigo poderoso»

En una carta, donde el reconocido magistrado, alerta a la comunidad mundial a mantenerse vigilante con los sucesos en Chile, advierte a Piñera que “los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad” Porqué, según advierte, además de los órganos de justicia de dicho país, existen organismos internacionales, “que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado”.

 “Por nuestra parte, seguimos y seguiremos muy atentos a lo que ocurre en Chile. Sepan que las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado”. Dice uno de los párrafos de la misiva.

A continuación, el texto completo de a carta del juez Garzón al mandatario chileno

Señor Presidente:

Soy Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. No le conozco, ni he mostrado interés en hacerlo. Sí lo he hecho con todos los demás presidentes democráticos de su país, al que tanto quiero.

Quizás por el cariño hacia el pueblo chileno y por la defensa que siempre he hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva con profundo dolor e indignación por lo que está ocurriendo en Chile.

Señor Presidente, tal parece que chilenas y chilenos han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político alguno. Una simple protesta estudiantil por el alza en el billete de metro, severamente reprimida por la policía, Carabineros de Chile, fue la mecha que encendió la rabia y la ira acumulada durante casi treinta años.

Ellos han sido los ejecutores de una medida política ordenada por su gobierno.

Señor Presidente, convendrá conmigo que, debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial.

Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo para una reducida élite política y empresarial. Así mismo, Chile posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico, según la prensa y el propio Banco Central.

Su país, señor Presidente, también ingresó hace años en el selecto club de las naciones ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad, pero, nuevamente, a costa de bajos salarios de los trabajadores y de una casi total desprotección social.

Como la máxima autoridad política, usted debe saber que la Constitución que rige actualmente en Chile fue adoptada en plena dictadura militar, mediante la celebración de un referéndum que tuvo lugar mientras los testaferros de Pinochet torturaban, asesinaban y desaparecían a los opositores políticos.

Esa Constitución experimentó varias modificaciones para hacer posible la transición y luego la entrada en democracia, y ha sido reformada después en innumerables ocasiones, pero su espíritu y su orientación sigue siendo la misma. No hay un Estado “social” y democrático de Derecho, sino un Estado “liberal” o “neoliberal” o “subsidiario” de Derecho.

Ello implica que, salvo excepciones, los servicios públicos del Estado son de mala calidad, pensados para personas de muy escasos recursos o indigentes, por lo que quien quiera acceder a ellos en condiciones adecuadas, debe contratarlos en el mercado. Así ocurre con la educación, con la sanidad, con las pensiones, con el transporte y con un largo etcétera.

Realmente, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos progresistas, no existe Estado de Bienestar. En la lógica neoliberal el Estado debe ser pequeño, lo más pequeño posible, por lo que si alguien quiere acceder a servicios de calidad, debe pagarlos con sus propios recursos, convirtiendo así a ciudadanas y ciudadanos en meros consumidores de servicios privados.

Es por ello, señor Presidente, que en los últimos años se han dejado ver las protestas de estudiantes secundarios y universitarios, de pensionistas, de trabajadores que reclaman un sueldo digno, sin que sus demandas hayan sido debidamente atendidas.

Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción de grandes empresas, de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de Carabineros de Chile y, cómo no, de usted mismo.

Usted está acusado de enriquecerse presuntamente en forma ilícita en la dictadura y de evadir impuestos de bienes inmuebles durante treinta años. Todo ello hizo que una leve alza en el precio del metro fuera la gota que rebosó el vaso, unida a una descontrolada y brutal represión policial sobre estudiantes secundarios.

La violencia engendra violencia

Quizás no le guste oír esto, pero usted, como presidente, frente a una protesta social sin precedentes en democracia, y con los neoliberales herederos de Pinochet que gobiernan actualmente el país, no han encontrado mejor salida que implementar una estrategia que conocen muy bien: acudir al Ejército para que los militares nuevamente salgan a la calle a reprimir a la gente.

De más está decir que la violencia engendra más violencia, que no se puede combatir el fuego con gasolina, que con los militares en la calle tarde o temprano habrá heridos graves y más muertos. El ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo.

Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es para “combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a la delincuencia, las cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia, los saqueos y desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia estatal, que se ejerce de manera indiscriminada y que luego se oculta de la peor manera para garantizar su impunidad.

Pero, señor Presidente, usted y el gobierno que dirige se equivocan de objetivo: el pueblo no es el enemigo sino la víctima, y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.

“¡Hemos perdido el miedo!”, dicen chilenas y chilenos en redes sociales, “¡Chile despertó!”, es uno de los lemas de este movimiento social espontáneo que ya comienza a organizarse. “¡Esto no ha hecho más que empezar!”, aseguran otros. “¡Tenemos que seguir!”, afirma un campesino al ver cómo ante las protestas, aquel río seco ayer fluye hoy a caudales después de que una importante empresa liberase el agua injustamente arrebatada a quienes subsisten de la agricultura.

Por nuestra parte, seguimos y seguiremos muy atentos a lo que ocurre en Chile. Sepan que las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado.

No le quepa duda, señor Presidente, que no somos de la opinión del secretario general de la OEA, que echa la culpa de todo lo que ocurre en Latinoamérica a Cuba, Venezuela, Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández y de quienes discrepan de la ola neoliberal que nuevamente con el patrocinio del norte, como aconteciera en los años 70, asola el continente.

Esta vez no nos vamos a dejar engañar ni humillar por aquellos que de nuevo quieren avasallar y acabar con la resistencia y expresión democráticas del pueblo.

 

 

 

 

Mundo

Keiko se desploma: Su aprobación cae a 28,3% según Bloomberg y Sheinbaum lidera el rankin

La aprobación de Keiko Fujimori se desploma al 28,3% según Bloomberg, perdiendo 14,5 puntos en un mes. Mientras Claudia Sheinbaum lidera el ranking regional, la retórica de mano dura no frena la inflación ni el crimen en el Perú.

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Desplome de la aprobación de Keiko Fujimori a 28.3 por ciento según Bloomberg y caída en el ranking regional de presidentes.

La confianza en el liderazgo de Keiko Fujimori se desploma sin freno, un reciente sondeo de Bloomberg Línea revela un dato demoledor. Su aprobación ha caído drásticamente hasta el 28,3% a principios de octubre, un descenso de 14,5 puntos con respecto al mes anterior.

Según la encuesta fue realizada por AtlasIntel para Bloomberg News, la desaprobación de Fujimori ascendió al 53,6%, lo que representa un aumento de unos 13 puntos.

Los motivos de esta caída son claros y contundentes, los ciudadanos peruanos expresan profundos temores económicos y de seguridad. La percepción de un gobierno incapaz de controlar el crimen y la inflación golpea directamente su gestión.

El mensaje de los mercados: Retórica de mano dura vs. realidad económica

La publicación de estos datos en un medio de peso económico como Bloomberg es muy relevante. Envía un mensaje directo y severo a los mercados internacionales.

Ocurre en un contexto de profunda contradicción política. Mientras Keiko Fujimori intenta emular el estilo autoritario de Nayib Bukele, la realidad peruana es muy distinta.

Los precios de los combustibles y de la canasta básica se disparan sin control y la retórica de «mano dura» no llena los platos ni baja el precio del galón de gasolina.

Queda claro que los mercados castigan la improvisación, la inseguridad jurídica y la inestabilidad política. El modelo de seguridad que Fujimiiiri promueve no resuelve la crisis del bolsillo ciudadano.

El veredicto regional: Keiko pierde 6,1 puntos en un mes

Por otro lado, el ranking de octubre de CB Global Data es implacable, Keiko Fujimori registró la mayor caída mensual entre todos los mandatarios de América Latina.

Su aprobación bajó del 52,4% en septiembre al 46,3% en octubre, esto representa una pérdida de 6,1 puntos porcentuales en solo 30 días.

Mientras tanto, su desaprobación subió al 50,8%, por primera vez, el rechazo supera ampliamente al respaldo ciudadano.

Los líderes que dejan a Keiko en el camino

El contraste con los líderes regionales es brutal. Claudia Sheinbaum de México lidera el ranking con 69,3% de aprobación, la sigue Nayib Bukele  con 68,3%. Luis Abinader de República Dominicana ocupa el tercer lugar con 51,9%.

La hija del exdictador peruanos quedó por debajo de Laura Fernández de Costa Rica (51%) y Abelardo de la Espriella de Colombia (49,7%). También perdió terreno frente a Daniel Noboa de Ecuador, quien subió al sexto lugar con 47,5%.

Los 6 peores: El fondo del ranking regional

Los últimos lugares del ranking muestran a presidentes con crisis profundas. José Raúl Mulino de Panamá ocupa el puesto 13 con 36,5%, Javier Milei  está en el puesto 14 con 36,1%. Daniel Ortega de Nicaragua le sigue con 35,7%.

Los tres últimos lugares son para Yamandú Orsi de Uruguay (35,2%), Delcy Rodríguez de Venezuela (32,3%) y Bernardo Arévalo de Guatemala (31%).

Desaprobación superior al 50% antes de su viaje a El Salvador

Esto ocurre justo antes de su visita oficial a El Salvador, programada del 28 al 31 de octubre. Allí, Fujimori buscará reunirse con Bukele y recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Sin embargo, los datos de las encuestas son fríos y contundentes. Copiar el modelo de una prisión no resolverá la crisis de gobernabilidad en el Perú.

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Bolivia

Bolivia! Audio Cerimedo-Reyes: «O nos caemos por inútiles o nos caemos porque hay muertos»

Un presunto audio atribuido a Fernando Cerimedo y al diputado Alejandro Reyes sacude Bolivia: «Prefiero correr el riesgo de que haya muertos». El consultor, quien enfrenta denuncias en la Fiscalía por feminicidio, habría presionado por el estado de excepción. La Asamblea Legislativa exige su comparecencia inmediata.

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Un presunto audio atribuido a Fernando Cerimedo y al diputado Alejandro Reyes reaviva la polémica en Bolivia. La grabación revela una presión directa al presidente Rodrigo Paz para declarar el estado de excepción. «Si tiene que haber muertos, quiero muertos«, se escucha en la conversación.

En la grabación, atribuida al consultor argentino Fernando Cerimedo y al diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes, se escucha cómo Cerimedo presume de haber dado un ultimátum directo al mandatario. La frase es literal y escalofriante:

«Presidente, o nos caemos por inútiles o nos caemos porque hay muertos. Y si usted me pregunta, yo prefiero correr el riesgo de que haya muertos. La gente está rogando por el estado de excepción, hermano».

La confesión grabada: «Que sea por las malas»

El audio no deja lugar a dudas sobre el poder de influencia que el consultor ejercía sobre el Ejecutivo. Cerimedo expone su profunda frustración con los ministros que buscaban el diálogo. Su postura es radical y despectiva:

«O nos caemos por las buenas o nos caemos por las malas. Si nos caemos, que sea por las malas porque tenemos más posibilidades. Y yo no voy a arruinar mi carrera profesional para estar al lado de unos tibios que te van cambiando de opinión», se escucha decir en la grabación.

El consultor llega a insultar a miembros del gabinete en la grabación: «Entra el idiota de Lupo o entra un idiota de estos ministros y le cambian la ecuación». Esta división interna habría generado la furia del operador argentino, quien presionaba por una salida de fuerza.

La reacción del Legislativo: «¿Dónde está la seguridad del Estado?»

El escándalo ya golpea directamente las puertas de la Asamblea Legislativa. Los parlamentarios exigen respuestas urgentes ante la gravedad de las revelaciones de las últimas horas.

La preocupación va más allá del contenido del audio. Se cuestiona una evidente vulneración a la privacidad en las más altas esferas del poder en el país altiplánico. Como señalaron algunos legisladores:

El senador Freddy Castillo y otros legisladores han solicitado formalmente que el diputado Alejandro Reyes comparezca ante los medios. La Agencia de Noticias Fides (ANF) recoge estas exigencias de fiscalización.

«Este señor grababa a todo el mundo. Lo ha grabado al presidente, ha grabado a la esposa del presidente, ahora graba diputados. ¿Dónde está la seguridad del Estado?».

El modus operandi: Espionaje y desestabilización

Los legisladores advierten sobre un patrón alarmante. No se trata solo de un audio aislado, sino de una práctica sistemática de grabación y filtración selectiva para chantajear o presionar.

El contenido del audio revela, además, negociaciones internacionales oscuras. Cerimedo hablaría con total impunidad de «tumbar embajadores, traer aviones y hacer negociaciones con estadounidenses, israelíes, argentinos y uruguayos».

La gravedad de las declaraciones es tal que los parlamentarios no dudan en calificar la situación con dureza: «Es increíble cómo este asesor extranjero delincuente hable de una manera tan despectiva y malcriada sobre la primera autoridad de este país». Se ha preguntado la diputada Claudia Her en los medios locales.

Fernando Cerimedo: El operador transnacional del caos

El nombre de Fernando Cerimedo no es nuevo en los archivos de Ecos Latinos. Este consultor argentino ya fue denunciado en Perú, donde habría operado una red de 50,000 bots para manipular elecciones a favor de Keiko Fujimori.

En agosto de 2026, fue detenido en Bolivia. Enfrenta graves acusaciones, incluyendo denuncias por feminicidio en contra de su mujer embarazada. Durante las pesquisas las autoridades encontraron una «mini granja de bots» en La Paz. Su patrón es siempre el mismo: infiltrarse en crisis políticas, ofrecer soluciones autoritarias y ejecutar operaciones de desestabilización.

El diputado Alejandro Reyes actuaría como uno más de sus enlaces. Según se desprende del audio, Reyes se compromete a «bajar línea» y alinear al partido Alianza Unidad, liderado por el empresario Samuel Doria Medina, con los intereses del consultor.

La encrucijada: Verificación forense y responsabilidad política

El reporte de ANF subraya que la grabación aún carece de un peritaje forense definitivo. Sin embargo, la responsabilidad política de aclarar el contenido es inmediata e ineludible.

Si el audio es falso, Reyes tiene la obligación de desmentirlo con pruebas contundentes. Si es verdadero, la Fiscalía debe actuar de oficio por incitación a la violencia, espionaje ilegal y conspiración contra el orden constitucional.

 

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Bolivia

«Solo estaba oyendo»: La cínica excusa de la Cancillería para salvar a su diplomático del escándalo de Bolivia

La Cancillería peruana defendió a su diplomático en Bolivia alegando que «solo estaba oyendo» en el Congreso. Una versión oficial que choca frontalmente con los videos de cabildeo activo y las denuncias de sobornos de 40.000 dólares para destituir al fiscal Roger Mariaca en el marco del caso Cerimedo.

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La Cancillería peruana ha optado por la estrategia del avestruz. Ante el escándalo internacional por la presencia del diplomático Fernando Mauricio Suni Carrillo en el Congreso boliviano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Carlos Spa, emitió un comunicado buscando justificar el vergonzoso incidente.

La ficción del «oyente» en el hemiciclo

En el corazón de su defensa, la Cancillería sostiene una versión que choca frontalmente con las acusaciones de los legisladores bolivianos recogidos por la prensa internacional. El comunicado afirma textualmente:

«Las acciones desplegadas por el funcionario diplomático peruano en la Asamblea Legislativa boliviana se limitaron estrictamente a sus funciones de recabar información como oyente, en una audiencia pública en ejercicio de sus labores de representación.»

Sin embargo, los videos grabados por asambleístas bolivianos muestran una realidad muy distinta. En las imágenes, Suni Carrillo no aparece como un observador silencioso, sino como parte activa de una delegación conjunta de Estados Unidos, Argentina y Perú que operó bajo la bandera del «Escudo de las Américas». La delegación distribuyó códigos QR, estableció contactos directos con legisladores y fue abordada por una asambleísta en medio de un cabildeo agresivo dentro del hemiciclo.

El escudo legal de la Convención de Viena

Para blindar a su funcionario, el Ministerio de Relaciones Exteriores recurre al derecho internacional, argumentando que:

«El seguimiento e información sobre las condiciones y la evolución de los acontecimientos políticos, económicos y sociales en el Estado receptor constituye una función propia de los funcionarios diplomáticos acreditados en el exterior en el marco de la promoción de relaciones amistosas entre los Estados.»

No obstante, esta justificación ignora deliberadamente las denuncias de los propios asambleístas bolivianos, quienes denunciaron transferencias de 40.000 dólares a diputados para aprobar la destitución del fiscal Roger Mariaca.

Además, la Cancillería omite que el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un documento firmado por 15 países (incluido el Perú) «aplaudiendo» la destitución del fiscal, lo que demuestra que no fue una simple labor de «seguimiento», sino una operación de presión geopolítica coordinada.

Bolivia caso Cerimedo: Diplomático peruano involucrado en presunta compra de votos para destituir al fiscal Mariaca

El objetivo: blindar a Cerimedo

Toda esta operación tiene un beneficiario claro: Fernando Cerimedo, el asesor argentino de extrema derecha acusado de tentativa de feminicidio, violencia familiar y enriquecimiento ilícito, a quien el fiscal Mariaca tenía bajo investigación. Recientemente, la abogada Nadia Beller publicó imágenes de Cerimedo con el hijo de Donald Trump, y un audio filtrado lo muestra negociando permisos para narcoaviones en el Beni por 15.000 dólares.

Al destituir a Mariaca, el «Escudo de las Américas» logra enterrar la investigación contra un operador con vínculos internacionales y acusaciones de narcotráfico, mientras los 15 países de la alianza —incluido el Perú— celebran oficialmente las «acciones decisivas» del gobierno boliviano.

La ironía de la «no injerencia»

Quizás el párrafo más irónico del comunicado sea aquel donde la Cancillería intenta lavar la imagen del Perú en el exterior:

«El Perú es un país que respeta plenamente la soberanía, la independencia y la integridad de todos los Estados del mundo… En ese sentido, el Perú observa fielmente el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada Estado.»

La versión oficial de Lima no solo es inverosímil; es una ofensa a la inteligencia pública. El Perú no solo guardó silencio ante lo que la oposición boliviana califica como el «secuestro» del fiscal Mariaca, sino que envió a sus representantes a tomar notas mientras, según las denuncias, se compraban votos en el corazón de los Andes para blindar a un operador de la extrema derecha con vínculos con el narcotráfico.

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