El procurador Amado Enco expresó la necesidad de aprobar una ley que impidiera la participación en el congreso a individuos procesados por corrupción.
Tanto el lavado de activos, tráfico de drogas, crimen organizado, extorsión y todo delito doloso fue penado por el procurador que afirmaba que esto debería convertirse en ley.
“La Procuraduría Anticorrupción apuesta por una política de Estado que impida que al Congreso lleguen personas investigadas por casos de corrupción y otros delitos graves, como lavado de activos, tráfico de drogas, crimen organizado, extorsión, contra la libertad sexual”, indicó.
“Si tienen sentencias condenatorias, la prohibición debe extenderse por todo delito doloso, independientemente de la si la pena fue efectiva o suspendida”, agregó a la Agencia Andina.
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Según afirmó, los congresistas han convertido la inmunidad parlamentaria en un mecanismo de impunidad, de sustracción de la justicia y de obstaculización a las labores de investigación del Ministerio Público.
“La inmunidad parlamentaria debe recuperar su esencia de garantía constitucional frente a cualquier amenaza que atente contra las labores de fiscalización que por mandato constitucional le asiste a dicho poder del Estado”, refirió.
Por tanto, subrayó, las propuestas de lucha anticorrupción en el Congreso deben ir más allá de la posible eliminación de esta prerrogativa, es decir, que ese poder del Estado debe recuperar su rol de órgano coadyuvante en la lucha contra dicho delito.
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En otro momento, Enco subrayó que la Procuraduría Anticorrupción redoblará esfuerzos durante la etapa de cuarentena focalizada que inició el país desde el 1 de julio.
“Las investigaciones y diligencias se incrementan día a día. Estamos atentos a cualquier evento sospechoso de corrupción para interponer las denuncias correspondientes. Seguimos participando en diligencias tanto virtuales como presenciales”, mencionó.
Finalmente, dijo que internamente están actualizando información de aproximadamente 43.000 casos que tienen a nivel nacional, preparando una serie de medidas a ser interpuestas en cuanto el sistema de justicia reabra su atención por completo.
