A partir del 1 de septiembre el salario mínimo de Venezuela estará amarrado al valor del Petro, la criptomoneda creada por el Gobierno.
En una transmisión a través de ‘Facebook Live’, realizada el lunes, el presidente Nicolás Maduro explicó que un Petro tendrá el valor de 3.600 bolívares soberanos (60 dólares aproximadamente, según la cotización del petróleo), como se conoce a la familia de monedas y billetes que comenzó a circular en Venezuela.
Además, el Gobierno venezolano fijó el salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos, es decir, el valor de medio Petro.
Esta medida, que forma parte de un plan macroeconómico anunciado el viernes 17 de agosto, pretende equilibrar una economía afectada «por una dolarización inducida», tal y como la calificó el presidente.
Para Nicolás Maduro, las medidas adoptadas en materia económica son una respuesta a un ataque contra el gobierno chavista, orquestado desde el exterior.
«Hay que decirlo al mundo, a Venezuela se le ha impuesto un modelo de guerra económica brutal. Basado en un dólar ficticio, fijado en Miami por los enemigos de Venezuela. Ficticio, porque no responde a la regularidad y funcionamiento de la economía», expresó el jefe de Estado.
Apuesta venezolana
Para José Antonio Sánchez, vicepresidente de la firma consultora Binario Internacional, el anuncio de la decisión de anclar el salario mínimo, los precios de los productos y hasta la tasa de cambio a las fluctuaciones de la criptomoneda Petro resulta «una medida sin precedentes».
Hasta ahora, agrega el también investigador especializado en criptomonedas, varios países –Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Curazao, San Martin– han expresado sus intensiones de desarrollar criptomonedas estatales, «pero sólo Venezuela lo ha anunciado como un hecho. No conozco un caso en el que se haya usado una criptomoneda como moneda alternativa».
No obstante, la decisión venezolana no deja de ser «una apuesta arriesgadadada la alta volatilidad en el mercado de criptomonedas y criptoactivos, y también por la falta de precedentes», dijo Sánchez.
A la fecha, estima el investigador, «el dinero fiduciario sigue siendo más confiable que las criptomonedas, debido a su estabilidad».
Desde otro punto de vista, Sánchez considera que el anclaje del salario al Petro pudiera resultar atractivo para el ecosistema de criptomonedas, «ya que es una medida que impulsa la adopción» de divisas digitales. Pero, al mismo tiempo, «compromete la confianza del público si no funciona como se espera».
¿Criptomoneda o unidad de cuenta?
Para el economista venezolano Ingerzon Freites, integrante del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica (OVRE), «el Petro ya no es una criptomoneda. Es una unidad de cuenta anclada a los precios del petróleo y, a su vez, relacionada con el Bolívar Soberano».
En otras palabras, explica el economista, «el Petro cumplirá una función similar a la del dólar paralelo. Será un marco referencial».
Algo que ya se viene practicando desde el mes de agosto, cuando el Gobierno anunció que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) emplearía la criptomoneda Petro como unidad de cuenta. O lo que es lo mismo, una unidad estándar aplicada en las transacciones comerciales y la contabilidad, para establecer el precio de los bienes y servicios.
Ingerzon Freites considera que la relación salario-Petro, sumada a otro tipo de medidas como la administración de precios, anunciada este lunes por el Ejecutivo, «tendría que mejorar el poder adquisitivo del venezolano, aunque eso no ocurrirá de la noche a la mañana».
‘Shock’
Para el economista miembro del observatorio, es previsible que tras el anuncio del nuevo salario mínimo y los otros aspectos del plan económico, los precios de los productos sigan su ascenso.
«En un plan de ajuste macro económico siempre hay un ‘shock’ inicial, y ese ‘shock’ comenzará por los precios. Lo importante es que se desaceleren estos precios que venían con un nivel de profunda aceleración. Sin embargo, no es una varita mágica, hay planes que son exitosos y otros fracasan», explica Freites.
En su opinión, resulta destacable la presentación de un plan debido a que «nunca antes, en los últimos cinco años, el Gobierno había elaborado o diseñado un programa económico similar al que aparentemente está comenzando a aplicar».
Pero con un «plan de esta magnitud», detalla el economista, «es de suponer» que el Gobierno cuenta con las herramientas para hacerlo viable y que «debió haber consultado con actores nacionales e internacionales para ello, ya que sería inviable hacerlo de forma unilateral».
Contra el plan
Mientras, cuatro partidos opositores se pronunciaron en contra de los anuncios económicos del Gobierno y convocaron a una huelga general para el martes 21 de agosto, informó el sitio Contrapunto.
Los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Vente Venezuela y La Causa R, convocantes de la huelga, calificaron el programa gubernamental como «un paquetazo» y auguran una serie de despidos masivos de trabajadores como consecuencia de las medidas.
Al respecto, Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, la organización que agrupa a los empresarios venezolanos, manifestó que aunque «existen suficientes razones» para responder al llamado de los cuatro partidos opositores, «la organización empresarial no participará» del convocado paro de actividades.
Petros para todos
Hasta el momento, el mercado para la criptomoneda venezolana sigue en fase de preparación.
José Antonio Sánchez cree que «si el acceso a los petros no es sencillo y universal, resultará improbable el éxito de la estrategia».
Recordó que aunque la criptodivisa de Venezuela fue diseñada «para asemejarse a ‘Tether’ (USDT), ‘TrueUsd’ (TUSD) o ‘Digix Gold’ (DGX), a la fecha se desconoce cómo funcionará en el mercado».
Sin embargo, las autoridades parecen estar armando todo el entramado legal, ya que según recoge Reuters en una nota, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) trabaja en la creación de un banco central para criptoactivos.
El vicepresidente de la firma Binario Internacional concluye que, tras el anuncio que vincula al salario con la criptomoneda Petro, se requiere «de mayores esfuerzos en lo comunicacional y lo tecnológico», para que esta decisión «redunde en beneficios para el país».
