Marco Antonio Ramos Velasquez recientemente designado Coordinador Nacional de Perú Libre en Argentina, enfrenta en la actualidad un proceso penal por presuntas irregularidades en la designación de su cargo la Comisión del Aborigen del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, a cargo de Máximo Pérez Catán en la provincia de Chubut.
Al ser consultado sobre el caso, el representante del candidato presidencial Pedro Castillo en Argentina, respondió de manera amenazante, asegurando que lo que existe, es una resolución condenatoria «por difamación de gente como usted». escribió
«ya te va a llegar la respuesta […] Ya nos vamos a encontrar y ahí vas a demostrar como aquí tuvieron que demostrarlo con resarcimiento económico. Nos vemos» Respondió Ramos Velásquez a Ecos Latinos.
Elvira Cortez, una de la abogadas denunciantes, indicó a Ecos Latinos, que la causa se encuentra en etapa de investigación penal preparatoria en la Fiscalía de Comodoro Rivadavia.
Los cargos que enfrentan tanto Máximo Pérez Catán como Ramos Velasquez, son por presuntos delitos de nombramiento de funcionario público sin los requisitos legales. El Código Penal Argentino estipula una condena monetaria y la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 2 años.
Audio: Breve alcance del la abogada Elvira Cortez sobre el caso
De acuerdo a las abogadas denunciantes, Ramos Velásquez estuvo cobrando durante todo 2019 un sueldo mensual de 130 mil pesos en el IAC, sin contar los viáticos, pero que nadie lo vio. Es decir, estaríamos ante un caso de lo que en Argentina se conoce como «ñoqui», a quien cobra por un trabajo que no realiza, en la administración pública.
“No hay una sola comunidad indígena que lo conozca. Le preguntamos al director de Asuntos Indígenas de la provincia, Rubén Romero Saihueque, si él tiene conocimiento, pero nadie tiene conocimiento en qué horario trabaja o cuando va a la oficina” declaró Sonia Liliana Ivanoff, una de las abogadas denunciantes al portal «El patagónico»
Carátula de la causa contra Máximo Pérez Catán y Ramos Velasquez Marco Antonio
El artículo 47 de la Ley 157 de Chubut establece que los cinco miembros de la Comisión del Aborigen del Instituto Autárquico de Colonización (IAC) serán nombrados por el Poder Ejecutivo, siempre y cuando sean propuestos por el Instituto de Comunidades Indígenas. Sin embargo, ese instituto no ha sido conformado por lo que los integrantes de la Comisión de Tierras Indígenas (CTI) deben ser elegidos por representantes de los pueblos originarios que existen en Chubut, debiendo resultar electos descendientes de Aborígenes, que tampoco fue realizado, incumpliendo así mismo con la Ley V Nº 61.
Así lo argumentan las abogadas Sonia Ivanoff y Elvira Cortez, quienes denunciaron que nada de ello se respetó en la designación de Marco Antonio Ramos Velásquez en la Comisión Aborigen. Las letradas denunciaron al titular del IAC, Máximo Pérez Catan y al propio Ramos Velásquez por el presunto delito de nombramiento de funcionario público sin los requisitos legales.
«Quien se encuentra ejerciendo el cargo de “representante” de la Comisión del Aborigen es el Sr. Marco Antonio Ramos Velasquez, puesto en ese lugar por el Sr. Pérez Catan. El Sr. Ramos Velasquez no es miembro de ningún pueblo aborigen de la provincia del Chubut, y tampoco tiene incumbencia alguna con ese cargo. Señaló la abogada Elvira Cortez a Ecos Latinos.
Polémicos nombramientos.
Tras su designación como Coordinador Nacional de Perú Libre en Argentina, Marco Antonio Ramos Velásquez, entre otros cargos, nombró a la responsable de la denominada Red de Migrantes, Loudes Rivadeneyra como Coordinadora Nacional de Organización de dicho partido en Argentina.
La Red de Inmigrantes, fue cuestionada en junio del 2014 por el entonces Cónsul General del Perú en Buenos Aires, Marco Núñez Melgar, quién públicamente pidió explicaciones sobre un supuesto reparto irregular de 3 mil cajas de alimentos (programas sociales del Estado argentino), entre muchas de las organizaciones peruanas.
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Según consta en video, en aquella oportunidad, la autoridad consular también detalló como dicha dirigente lo amenazó con marchas, de seguir indagando con las autoridades locales, sobre estos programas de asistencia social. Al respecto, este medio se comunicó con Ramos Velásquez, quien dijo que mientras no exista proceso judicial, dichos cuestionamientos, no tenían ningún valor.
