Querellantes, familiares y amigos de las víctimas del incendio que en 2006 mató a cuatro niños, un adolescente y una joven embarazada apelaron la falta de mérito dictada sobre los empresarios dueños del inmueble y las marcas de ropa.
Cuatro niños de entre tres y diez años, un adolescente y una joven embarazada: todos ellos fueron víctimas fatales del trágico incendio en el taller textil de la calle Luis Viale, el 30 de marzo de 2006. La Justicia tardó una década en condenar a los dos administradores de ese espacio donde familias bolivianas eran reducidas a la servidumbre. Pero la responsabilidad nunca recayó sobre los dueños de las marcas de ropa que allí se confeccionaba. Por eso, querellantes volvieron a exigir que se amplíe la investigación y apelaron la falta de mérito.
En mayo pasado, el juez Alberto Baños –del juzgado federal criminal 27- dictó la falta de mérito para los dueños de las marcas que encargaban la producción al taller textil de la calle Viale 1269. Por el caso fueron condenados a 13 años de prisión los encargados del taller, Luis Sillerico Condori y Juan Manuel Correa, pero no los dueños del inmueble y las marcas de ropa JD y Loderville: Jaime Geiler y Daniel Fischberg.
Este martes, en conferencia de prensa, querellantes, familiares y amigos de las víctimas, así como organizaciones sociales y cooperativas textiles participaron de una conferencia de prensa para presentar una ampliación de argumentos y apelar el fallo de Baños. “Los talleristas organizaban y administraban el trabajo, pero a su vez estaban endeudados con los dos empresarios principales. Los dueños le habían dado un préstamo al tallerista Correa para comprar nuevas máquinas, que sería descontado de sus pagas. Era una relación laboral, no de compraventa de productos terminados. La garantía del alquiler era el salario del padre de Correa, que a su vez era sastre en la fábrica de los dueños de las marcas. La ley dice que los empresarios finales son responsables de las condiciones en las que se ejecuta el trabajo”, detalló Ayelén Arcos, miembro del grupo de familiares y amigos de las víctimas que impulsa el reclamo de Justicia.
En diálogo con Nueva Ciudad, denunció que “la fiscal (Betina Vota) no desarrolló consistentemente su tarea porque las marcas que investigó no son las correctas, hay errores en las siglas, no hubo una tarea exhaustiva de investigación. Ellos (los empresarios) siguen dedicándose a la actividad textil, no sabemos en qué condiciones”.
Mediante un comunicado, los denunciantes advirtieron que durante el juicio (en 2016) surgieron “numerosas pruebas de que además de ser propietarios del inmueble y de la habilitación, los dueños de las marcas compraron la maquinaria, a la vez que supervisaban la actividad del taller”.
En el taller de la calle Viale vivían 64 personas de origen boliviano, en condiciones de hacinamiento e irregularidad migratoria. “Cumplían jornadas de 11 a 14 horas de trabajo por menos de la mitad del salario mínimo de entonces, con retención de salarios y ‘adelantos’ de $50 por semana”, describió Arcos. Tras cinco meses en esas condiciones, el taller se incendió por sobrecarga energética y murieron Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4), Harry Rodríguez (3) y Juana Vilca (25).
