La contratación de familiares de congresistas con el Estado, ya no es una práctica exclusiva del fujimorismo, en las últimas horas, se conoció que esta violación a la ley por parte de los llamados ‘padres de la patria’, también involucra a parlamentarios de otras bancadas.
Al ya conocido caso de la fujimorista Luz Salgado se suman parlamentarios como: Rogelio Tucto, María Elena Foronda, Alberto Oliva y Moisés Guía, cuyos parientes contratan con el Estado pese a impedimento legal.
Caso Luz Salgado (Fuerza Popular).
Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Andrés Paredes, hijo mayor de la ex presidenta del Congreso Luz Salgado, hasta la fecha ha facturado un total 123 000 soles por labores que desempañó en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) como postproductor, entre 2009 y 2013. Y por los servicios que aún brinda a IRTP, desde el 2016. Mientras que David Paredes, el segundo hijo de la parlamentaria naranja, de profesión abogado, desde 2017, hasta la fecha ha facturado la suma de 185 000 soles, por el concepto de servicios, bajo el régimen CAS, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Al respecto la parlamentaria Luz Salgado se refirió al caso del mayo de sus hijos: «Está haciendo su trabajo de todos los días como un editor. Ya más bien deberían haberlo nombrado en el IRTP». Dijo Salgado al programa Punto Final de Latina.
Caso Rogelio Tucto (Frente Amplio).
Según Punto Final, tres hermanos del congresista frenteamplista, se han visto beneficiados por contrataciones directas con algunas municipalidades de la región Huánuco.
Romeo Tucto Castillo registra contratos como proveedor de las Municipalidades Distritales de Molinos y Huayanca por S/ 8,000 y S/ 30,200, respectivamente. Mientras que Wiener Tucto Castillo, registra contratos por 15 mil y 12.500 soles. Asimismo, Nelly Tucto figura como proveedora de la Municipalidad Distrital de Molinos por S/ 4,000 y S/ 11,200.
Al ser consultado sobre el caso, el congresista en mención, justificó las contrataciones de sus familiares con el Estado, señalando que tienen derecho a trabajar.
«Yo me pregunto, al margen de la ley, si él no trabajaría a qué se dedicaría. Si esto es ilegal hay que procesar al hermano no al congresista. Es mi hermano, pero no sé nada […] Hay leyes malas y yo particularmente estoy en contra de esta ley”, respondió Tucto a Punto Final.
Caso María Elena Foronda (Frente Amplio).
Juan Carlos Foronda, es hermano de la congresista y según información de Punto Final, facturó como proveedor de Estado, 9,000 soles del el Gobierno Regional de Áncash en 2018.
Al respecto la congresista, señaló desconocer dicha contratación, y aseguró que no tiene dialogo con su hermano hace más de cinco años.
«Hasta donde yo sé, él está desempleado», señaló.
Caso Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio).
De acurdo al mismo programa periodístico, la esposa del parlamentario Oliva, Lilian Magaly García Violeta figura como proveedora del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el año 2018 por un monto de S/ 22,000. Al ser consultado sobre el caso, el parlamentario negó dicha contratación.
Caso Moisés Guía (Contigo).
El caso del parlamentario Moisés Guía, es quizás el más escandaloso, dado a que su empresa Pinturas Colorama S.A, figura como proveedora de la Municipalidad de San Lorenzo y con el Gobierno Regional de Junín.
Ante la interrelación periodística, el congresista que en un primer momento negó dicha información. terminó admitiendo la contratación, aunque minimizó el caso.
«No es ilegal, tengo varias empresas. No contrato con el Estado, todo está de acuerdo a ley». Dijo el parlamentario.
