El Gobierno colombiano pidió hoy a las autoridades carcelarias extremar las medidas de protección para un exparamilitar convertido en testigo clave en una investigación de la Corte Suprema de Justicia en contra del ex presidente Álvaro Uribe.
La solicitud fue hecha por el ministro de Justicia, Enrique Gil, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de preservar la vida de Juan Guillermo Monsalve, quien en el pasado ha sido víctima de ataques en prisión, informó DPA.
«Obviamente el Gobierno debe proteger a todos los ciudadanos colombianos y dentro del sistema carcelario, el director del Inpec despliega todos los mecanismos de seguridad al interior de las cárceles», dijo Gil en declaraciones citadas por la cadena de radio RCN.
Monsalve está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá desde 2012, tras ser trasladado de una prisión de máxima seguridad del municipio de Cómbita, en el central departamento de Boyacá. Su traslado a la capital fue ordenado porque dos reclusos lo atacaron con arma blanca en la cárcel de Cómbita en 2012. Un año después de ese ataque, Monsalve sufrió un intento de envenenamiento.
Monsalve es una ficha clave en una investigación abierta en febrero pasado por la Corte Suprema en contra de Uribe por una presunta presión a testigos en un caso judicial. El Tribunal Supremo decidió llamar a declarar a Uribe, por lo que el expresidente anunció que renunciará a su escaño en el Senado.
VÍNCULOS CON LOS PARAMILITARES
Uribe, que gobernó de 2002 a 2010 y desde 2014 es senador, dijo sentirse «moralmente impedido» si asume su defensa mientras es congresista, aunque opositores políticos consideran que se trata de una maniobra para que el proceso pase de la Corte Suprema -que investiga a los congresistas- a la Fiscalía General, instancia donde supuestamente su defensa sería más favorable.
Una de las primeras personas en esgrimir ese argumento para criticar la decisión de Uribe fue el senador izquierdista Iván Cepeda, muy vinculado a la investigación en contra del exjefe de Estado. Cepeda dijo que el traslado del proceso a la Fiscalía dejaría el caso en un estado de vulnerabilidad porque la Corte Suprema es la que conoce a fondo el asunto.
El caso se remonta a 2012, cuando Cepeda acusó al expresidente y a un hermano de éste, el ganadero Santiago Uribe, de tener vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha desde los años 80.
El expresidente demandó entonces a Cepeda con el argumento de que éste buscó a paramilitares presos para que levantaran falsos testimonios en su contra.
La Corte Suprema cerró esa investigación en febrero pasado con un sorpresivo giro, ya que concluyó que Cepeda no presionó a testigos y que, por el contrario, Uribe pudo haberlo hecho a través de emisarios para que paramilitares presos declarasen contra el líder de izquierda.
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