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Presidente Andrés López ordena indagación tras enfrentamiento de militares contra civiles
Tras un enfrentamiento entre militares y civiles el 3 de julio en Nueva Laredo en el estado de Tamaulipas (México) el presidente ordena investigación. Esto por el caso que provocó varios muertos. Andrés López ordena indagación
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó este lunes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) iniciar una investigación. Esto por un video donde se muestra una ejecución extrajudicial de un presunto delincuente a manos de un militar.
«Hoy mismo en la mañana di instrucciones al secretario de la Defensa Nacional para que se investigue. Nosotros no vamos a permitir estas prácticas, eso se hacía antes, había la consigna de rematar a los heridos, en enfrentamientos». Dijo el mandatario en su conferencia matutina.
López Obrador señaló que en su administración no permitirá acciones de este tipo, como ocurrió con sus antecesores. Que allí se registraron «elevadísimas» tasas de letalidad en los enfrentamientos entre fuerzas armadas y grupos del crimen organizado.
«Hubo dos años en el sexenio de [Felipe] Calderón que no había prácticamente heridos y tampoco muchos detenidos, eran más los muertos». Dijo en alusión a las ejecuciones extrajudiciales registradas entre 2006 y 2012.
¿Qué ocurrió?
Los hechos se remontan al pasado 3 de julio, cuando la Sedena informó de la muerte de 12 personas en un enfrentamiento entre soldados y un grupo criminal en Nueva Laredo. Esto en el estado mexicano de Tamaulipas. Los militares, según la versión oficial, fueron atacados por camionetas en las que viajaban narcotraficantes con armas largas. Andrés López ordena indagacion
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Sin embargo, un video obtenido ahora por El Universal muestra el momento en que uno de los presuntos delincuentes, tras el tiroteo masivo, presenta todavía signos vitales en la parte posterior de una camioneta. «¡Está vivo!», gritan los militares al ver que una persona se mueve. «¡Mátalo a la verga!», exclama otro soldado.
Entre las 12 personas muertas se encontraban tres civiles que al parecer estaban secuestrados por integrantes del cártel. Y que además fueron hallados atados de pies y manos. Sus familiares habrían señalado que también estaban involucrados en grupos criminales.
A diferencia del resto de los sicarios abatidos durante el tiroteo, los tres jóvenes presentaron únicamente un disparo. Dos de ellos en el tórax y otro en el cráneo, con impacto de bala a una distancia no mayor de tres metros.
Ahora la Sedena investigará el caso para descartar una posible ejecución extrajudicial a manos de personal castrense.
Andrés López ordena indagación
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Juntan firmas para recuperar la democracia en Perú.
El Fórum de la Democracia, espacio que analiza y defiende el Estado de Derecho en América latina, lanzo una petición para recuparar la demcocracia en Perú a través de la plataforma change.org. Hasta la fecha, 12 300 personas han firmado además, por la «Libertad y Restitución del Presidente Pedro Castillo»
De acuerdo a los peticionantes, la iniciativa busca además «observar el grado de incidencia popular en sus manifestaciones que tienen como propósito rescatar la democracia a partir del Golpe de Estado que se perpetuó en el Perú, ocupando Dina Boluarte la casa de gobierno».
Así miso, consideran que los paso que pasó en Perú el pasado 07 de diciembre de 2022 fue «Un golpe cívico-militar, instalado con crímenes de lesa humanidad, asesinatos, torturas, traiciones, persecuciones políticas, encarcelamientos, racismo, violencia y todo tipo de agresiones[…] Parte de un terrorismo de Estado.
Entra aquí para firmar la petición.
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Para Croxatto, abogado de Castillo, Perú es un Estado racista que impregna el racismo en las estructuras judiciales (VIDEO)
Guido Croxatto, el abogado argentino de Derechos Humanos, recientemente designado por el expresidente Pedro Castillo cómo su defensor ante los tribunales internacionales, consideró que lo que hay en el Perú, es un Estado racista, que impregna el racismo en las estructuras Judiciales.
“Es grave lo que sucede en Perú, y nuestra obligación como abogados es denunciarlo en el plano internacional, para que la comunidad internacional lleve adelante la presión que corresponda para que estos crímenes sean juzgados» Señaló Croxatto a Ecos Latinos
«Porque sus víctimas no son de Miraflores o San Isidro, son ciudadanos de los pueblos bajos de Puno, Ayacucho, Cusco. Es un estado racista efectivamente, pero el racismo todavía lo impregna a las estructuras jurídicas y los sistemas judiciales. Los jueces aplican un derecho que es Colonial”. Sentenció.
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El jurista argentino, también se refirió a su estrategia jurídica en defensa de Castillo ante los organismos internacionales.
“Las acciones jurídicas, apuntan a que la comunidad internacional reconozca la arbitrariedad del proceso Ilegal que se siguió contra Pedro Castillo, esto quiere decir, que su destitución fue arbitraria, fue inconstitucional”. Señaló.
“Por lo cual, la salida es restituir a Castillo, normalizar el proceso y encontrar una forma jurídicamente aceptable, es decir legítima, de discutir acerca del discurso de Castillo, que a la oposición la motivó a llevar adelante esta destitución ilegítima. Pero lo primero es normalizar ese proceso, en vez de mantener encerrado a castillo en forma ilegítima”. Acotó.
Ver video.
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Informe de la OEA recomienda una tregua y diálogo para superar la crisis política y social.
La Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó jueves su informe preliminar sobre constante crisis política que vive el Perú. En función de ello, recomendó una tregua política y dialogo incluyente para superar la situación.
La delegación arribó a territorio peruano el pasado 21 de noviembre, luego que el presidente Pedro Castillo solicitara la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
El informe presentado ante el Consejo Permanente, da cuenta de una grave crisis social y política a raíz de la constante confrontación entre los poderes del Estado, así mismo reportó, un clima de polarización política, racismo y una prensa carente de objetividad.
El grupo de trabajo de alto nivel estuvo presidida por ,el representante de la Secretaría General de la OEA y vocero de la comisión, Eladio Loizaga, e integrada por los cancilleres Eamon Courtenay (Belize), Arnoldo André (Costa Rica), Juan Carlos Holguín(Ecuador) Mario Adolfo Búcaro (Guatemala) Julio César Arriola,(Paraguay), Pablo Tettamanti (Argentina) y Laura Gil(Colombia) mantuvo reuniones con diferentes actores del Perú entre el 21 y 23 de noviembre
Los hallazgos que se listan a continuación, derivan de la información provista al GAN durante la realización de las 29 reuniones sostenidas con distintas instancias gubernamentales, públicas, privadas y de la sociedad civil. Las citas se realizan sin referencias personales de autoría.
El GAN concluye que el conjunto de los elementos descritos a continuación pone en riesgo la institucionalidad democrática del Perú.
1. Inestabilidad democrática. Todos los actores entrevistados resaltaron la alta inestabilidad existente que dificulta gobernar y atender los asuntos más urgentes del país. El origen de esta situación se identifica en la combinación de diversos factores entre los que se señalaron, la alta fragmentación de las fuerzas políticas; los constantes cambios en la formación de gabinetes; el cuestionamiento al nombramiento de funcionarios por ser considerados no idóneos; la obstaculización del ejercicio del poder; contrapuestos pedidos de recortes de mandato y adelanto de elecciones; los pedidos de vacancia presidencial (tres presentados a la fecha), el uso de la figura de la cuestión de confianza; la disolución del Congreso de la República; las investigaciones abiertas contra el Presidente y otros integrantes del Poder Ejecutivo, y la ausencia de diálogo entre los principales actores políticos.
Entre los poderes del estado existen acusaciones y señalamientos de que el riesgo de gobernabilidad reside en el otro poder, y no en ellos mismos. Cada poder del Estado responsabiliza a los demás de provocar falta de gobernabilidad. El GAN escuchó con preocupación expresiones como “en Perú hay pronóstico reservado”; y “la democracia peruana está en cuidados intensivos”.
El GAN también toma nota de los enfrentamientos entre poderes y la ausencia de mayorías y rompimiento de bloques en el congreso.
2. Ambiente altamente polarizado. La polarización se refleja en una lucha interna entre los poderes del Estado, y en ciertas regiones del país. Ello conduce a un enfrentamiento cada vez mayor en la sociedad peruana, lo cual puede afectar el normal funcionamiento institucional y generar mayor conflicto y división en la sociedad peruana. En palabras de un actor entrevistado, existe en la actualidad una “guerra civil entre las instituciones públicas”.
Diversos actores manifestaron las consecuencias que la polarización podría tener en el corto y mediano plazo, incluyendo las manifestaciones públicas entre defensores y opositores del gobierno, lo que podría comprometer la paz social—varios actores mencionaron la proliferación de armas en el “Perú profundo”, refiriéndose a las zonas más alejadas de la capital.
Según la información recabada por el GAN, la polarización se manifiesta entre poderes del estado, y en ciertas regiones del país. El GAN fue alertado por algunos entrevistados que ante posibles decisiones adoptadas por los poderes del Estado, podrían suceder hechos violentos por parte de grupos sociales.
3. Acoso permanente y confrontación entre poderes. La confrontación permanente trajo la consecuente pérdida de credibilidad por parte de la población, que ve a los poderes del estado como actores que no están pensando en el bien común de la población. Hay cuestionamiento mutuo y confrontación entre diversos órganos del gobierno y ello puede atribuirse a que existe una desconfianza recíproca entre actores políticos que se acusan mutuamente. Ejemplos mencionados de esto son la dilatación y demora en atender iniciativas legislativas, incluso algunas leyes que no contienen iniciativa de gastos y que afectan el bienestar de grupos vulnerables, obras públicas paralizadas, por mencionar algunos.
4. Uso excesivo de herramientas de control político. Se presentó ante el GAN la preocupación por el uso indiscriminado de las mociones de vacancia, la negación al Presidente para viajar al exterior, denuncias constitucionales, mociones de interpelación, votos de censura, antejuicio político. Asimismo, se indicó al GAN que se está ante un proceso de “judicialización de la política y politización de la justicia”, lo que desvirtúa el rol y equilibrio de los poderes del Estado. Si bien la constitución peruana se organiza conforme a la separación de poderes, hay acusaciones cruzadas refiriendo que cada uno viola la jurisdicción del otro llevando acciones fuera de su competencia.
5. Cuestionamientos sobre el rol de la prensa y medios de comunicación. Se tuvo conocimiento del GAN que los medios de comunicación están concentrados en pocas manos, y han sido cuestionados por varios de los actores entrevistados por carecen de objetividad, llegando a sostener que no son veraces, y que en algunos casos hasta son desestabilizadores. También se informó al GAN que en Perú existe “sobre libertad de expresión”, y que los medios tienen libertad para informar o desinformar sin ningún tipo de censura. De igual manera, ciertos actores comunicaron que se utilizan las noticias reportadas por los medios para abrir casos de investigación legal contra actores políticos, sin contar con los elementos jurídicos necesarios. Por otra parte, los medios han cuestionado la falta de apertura del poder ejecutivo ya que no tiene relación con los medios, nadie conoce la agenda presidencial y se evita e irrespeta a los medios. Se ha evidenciado la confrontación entre el ejecutivo y los medios de comunicación, acusando al Presidente de carecer de transparencia en su gestión.
6. Crisis social. Todas las voces escuchadas resaltaron diversos aspectos de cómo la crisis de gobernabilidad ha impactado y profundizado la crisis social del Perú. Varias voces se alzaron contra la crisis sanitaria y alimentaria existente en varias regiones del país. No menos preocupantes fueron quienes denunciaron la situación de la educación, debido al retroceso en cobertura y al tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID 19. Asimismo, hubo voces que reclamaron la renuencia del legislativo en la tramitación de leyes en beneficio de asuntos sociales como la agricultura o la salud.
Se hizo un llamado a que se reinstale el camino al desarrollo y se gobierne y legisle para el pueblo, clamando por un cese a la lucha política con el fin de empezar a gobernar para la sociedad peruana.
Algunos entrevistados destacaron su temor a que la situación general pueda ser fuente de conflictividad, incluso armada.
7. Racismo y discriminación. Varios de los actores entrevistados denunciaron que la elección del Presidente Pedro Castillo puso de manifestó que existen sectores que promueven el racismo y la discriminación y no aceptan que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla presidencial. Esto se ha traducido en improperios e insultos hacia la imagen del Presidente.
Según se ha observado, también se ha perdido el respeto en la relación entre actores, que es condición indispensable para construir canales efectivos de comunicación. En este contexto, algunos entrevistados sostienen que la discriminación alcanza también a los 55 pueblos originarios y 48 lenguas que comprometen el legado cultural del país, y las cuales merecen el debido respeto y consideración.
El GAN también ha sido informado del retroceso que existe en políticas de igualdad de género y la pretensión de negar derechos adquiridos, así como de ataques a las mujeres a través de comentarios misóginos y homofóbicos que no pueden ser tolerados.
8. Compromiso con el diálogo. Los actores entrevistados sostuvieron en general su predisposición al diálogo como parte esencial del ejercicio democrático. Sin embargo, varios de los representantes de las instituciones fundamentales subrayaron que ese diálogo no puede mantenerse con otras contrapartes que se consideran cuestionables, ya sea por sus posiciones políticas o carencia de ellas o incluso por cuestionar su honorabilidad. En la práctica ello se viene traduciendo en dificultades, no solo en la relación formal entre poderes del Estado, sino incluso en el recurso a instituciones informales tradicionales en el Perú concebidas expresamente para fomentar el diálogo tales como el Consejo de Estado o el uso del Acuerdo Nacional, que no se han convocado.
Algunos actores también propusieron la posibilidad de encauzar el diálogo a través de un actor articulador, por fuera de los dos anteriores, con mesas de trabajo en las que se asegure mayor participación de la sociedad civil, con perspectiva de género.
VII. Recomendaciones y / o acciones que podría ayudar a superar la crisis
A pesar de las dificultades y críticas entre actores, se deben resaltar aspectos en común entre todos: que existe el consenso generalizado de mantener la democracia como el mejor sistema de gobierno; que se deben detener las maniobras por parte de cualquier actor para desestabilizar el país; que el país necesita reconciliarse y crecer en paz; y que cualquier acción que se persiga debe hacerse en el marco de la constitución.
Como corolario a la presentación de hallazgos, el GAN resalta lo establecido en el Artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana: “Los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla…” Las recomendaciones que siguen apuestan al ejercicio pleno de la democracia y al respeto a la voluntad popular; al asegurar el respeto a las normas del ordenamiento jurídico peruano; al principio de separación de poderes; y al respeto al Estado de derecho. Los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, son pilares de la democracia y del Estado de derecho. Deben trabajar con absoluta independencia entre ellos, sin invadir la jurisdicción del otro, con absoluto respeto por el otro y en aras de consolidar el bienestar general de los peruanos y peruanas.
Los actores entrevistados presentaron opciones diversas que a su juicio podrían coadyuvar a resolver la crisis política del país, y las mismas van desde el adelanto de elecciones, hasta una reforma a la ley de partidos y una reforma constitucional. No corresponde al GAN manifestarse sobre opciones que deben adoptar las propias autoridades peruanas, pero se permite presentar sus propias recomendaciones derivadas de los hallazgos arriba descritos.
El GAN resalta que, más allá de las diferencias, el consenso fundamental encontrado – la convicción generalizada de la necesidad de preservar la democracia y respetar la constitución y las leyes – constituye el camino hacia la superación de la crisis.
A continuación, se presentan las recomendaciones del GAN:
1. Encauzar el diálogo. El GAN recomienda que se realice una convocatoria a una instancia de diálogo formal entre presidencia, legislativos, altas cortes, representantes de partidos políticos, y miembros de la sociedad civil, libre de condicionamientos. El diálogo puede ser asistido por un tercero (para facilitar o acompañar), y podría ser apoyado por las instancias pertinentes de organizaciones internacionales, si así lo estimaran oportuno.
El ejecutivo debe promover el diálogo democrático para pactar las reglas de juego para consensuar una agenda de gobierno.
El diálogo debe ser incluyente, orientarse al bienestar de la población, vinculante y respetuoso de todos, que garantice la credibilidad y confianza.
2. Tregua política. El GAN recomienda iniciar una tregua política en tanto se conforma y convoca al diálogo, y se logra un consenso mínimo para asegurar la gobernabilidad. Se requiere el compromiso de los actores políticos para ambientar un clima de tranquilidad para avanzar el diálogo y la conducción de los procesos judiciales, que deben seguir su curso con los plazos de ley.
3. Justicia constitucional. Las instituciones peruanas contemplan un sistema judicial que incluye el Tribunal Constitucional, los cuales se sujetan a la Constitución, que prevé los respectivos procedimientos jurídicos. En este sentido se recomienda tener esto presente ante la imposibilidad de desarrollar acuerdos.
En Perú el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución, y tiene la única responsabilidad de hacer cumplir lo que la constitución estipula. Si se presenta un impasse entre los poderes del Estado, corresponde actuar al Tribunal Constitucional, que de acuerdo con la Ley No. 28301, es el “órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente, porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica ”. El GAN recomienda fortalecer la justicia constitucional.
4. Racismo y discriminación. Es esencial asegurar el pleno respeto a los Derechos Humanos y, en el marco del diálogo nacional, abordar la cuestión de la tolerancia y el respeto a todas y todos los ciudadanos, sin discriminación, conforme las obligaciones internacionales del Estado Peruano respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 2, establece que: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El Estado peruano, además, firmó en 2016 la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, el mismo aún no ha sido ratificado y depositado y el cual se debe de velar por su efectivo cumplimiento.
5. Derecho a la libertad de expresión y los medios de comunicación. Tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana, el respeto a las libertades fundamentales es un elemento esencial de la democracia representativa. El GAN hace un llamado a ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial, y de respeto hacia todos los actores. La falta de objetividad y veracidad que puede caracterizar a algunos medios y/ o periodistas no constituye una justificación para alimentar discursos que podrían poner en peligro un derecho tan fundamental para la democracia, como el de la libertad de expresión.
La información contenida en este informe preliminar será ampliada cuando se presente el informe final de la Misión. Este informe preliminar es presentado atendiendo a la grave coyuntura por la que atraviesa el Perú.