Fue presentado por el legislador Sahonero, de Vamos Juntos. Implica una modificación del Código de Tránsito y Transporte y da lugar a que entre las estaciones existentes persista la falta de accesibilidad: sólo garantiza el derecho para las nuevas.
El oficialismo presentó el miércoles de esta semana en la Legislatura porteña un proyecto que relativiza el carácter obligatorio de brindar accesibilidad al subte a las personas con movilidad reducida. La preocupante medida es impulsada por el diputado Maximiliano Sahonero, de Vamos Juntos, e implica una modificación del Código de Tránsito y Transporte. El próximo miércoles se tratará en reunión de asesores.
“Se debe garantizar el acceso de personas con movilidad reducida a todas las estaciones de la red de subterráneos”, dice actualmente el inciso I del capítulo 9 de la ley, dedicado a los subterráneos. El proyecto de Sahonero propone reemplazarlo por la siguiente fórmula: “Se debe garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida a la red de subterráneos, de conformidad con los criterios de adaptabilidad y practicabilidad”.
Y agrega: “Entiéndase por accesibilidad, la posibilidad de que las personas con discapacidad o movilidad reducida utilicen la red de subterráneos. Entiéndase por adaptabilidad, la posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacerlo accesible a las personas con discapacidad o con movilidad reducida. Entiéndase por practicabilidad, la posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacerlo parcialmente accesible a las personas con discapacidad o con movilidad reducida. La practicabilidad brinda un grado restringido de la adaptabilidad”.
En el artículo 2, el proyecto de ley propone que “en todas las estaciones y conexiones de red de subterráneos que se inauguren a partir de la publicación de esta ley, se deberá garantizar el acceso de personas con movilidad reducida”. Así, la garantía estaría sólo en las estaciones por construirse, pero no en las ya existentes.
Al respecto, el proyecto de Sahonero establece que “el Poder Ejecutivo deberá, en el plazo de doscientos cuarenta (240) días, realizar un relevamiento de todas las estaciones y conexiones de red ya existentes” para determinar el grado de accesibilidad o no en cada caso. En el ítem D este apartado contempla establecer “las estaciones que no pueden ser sometidas al proceso de adaptabilidad ni aún según el criterio de practicabilidad, especificando los motivos que así lo justifiquen”.
Cabe recordar que, el mes pasado, la Justicia impuso una multa de cinco millones de pesos a Metrovías a partir de la constatación de que 50 medios de accesibilidad a las estaciones de subte no funcionaban.
