El Centro para los Derechos Humanos y Constitucionales de Los Ángeles denunció que los niños migrantes que son retenidos por las autoridades de EE.UU., y en muchos casos separados de su padres, son obligados a consumir fármacos para dominar el trauma psicológico que pueda llegar a producir su estadía en algún centro de detención, informa Reuters.
Según la demanda, los menores que residan en establecimientos como el ‘Shiloh Treatment Center’, un centro de atención especializado en jóvenes con problemas emocionales y de conducta ubicado en el estado de Texas, tienen altas probabilidades de recibir fármacos sin el consentimiento de sus padres o responsables a cargo.
La denuncia se presentó el 16 de abril, a pocos días de que la Administración de Donald Trump pusiera en práctica la política de ‘tolerancia cero’ hacia los inmigrantes que lleguen a EE.UU. de modo ilegal. El resultado inmediato de aquella medida oficial fue que tras la detención de los extranjeros que se vieran comprometidos con la Justicia local, cientos de pequeños fueron separados de sus familiares mientras avanzaba el proceso judicial.
Según la ONG ProPública, más de 2.300 menores migrantes «han sido separados de sus padres desde abril». Luego de recibir críticas, principalmente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva para finalizar con el programa que separa a estas familias en condición irregular.
Píldoras e inyecciones
«Si se coloca a un niño en ‘Shiloh’ después de haber sido separado de uno de los padres, entonces es casi seguro que está tomando psicotrópicos», considera Carlos Holguín, abogado de la organización que sacó a la luz el conflicto. La intención de los demandantes es que la Oficina de Reubicación de Refugiados controle a los centros de detención, para prevenir la reclusión prolongada de menores y supervisar los medicamentos que les suministran a los migrantes.
Según publicó la agencia de noticias ya mencionada, esta clase de centros son financiados por el Gobierno norteamericano. Agravando aún más el panorama, los abogados afirman que algunos jóvenes recibieron hasta nueve píldoras diferentes por la mañana y seis por la noche. A su vez, si se negaban a ingerirlas, les advertían que permanecerían detenidos y les aplicaban sustancias mediante inyecciones, no especificadas por los denunciantes.
Por lo pronto, ni las autoridades locales ni el centro de detención dedicado a controlar la conducta de los jóvenes internos brindaron declaraciones al respecto.
