Hay amenazas en la política que no necesitan gritar para ser letales; basta con que se hagan visibles en silencio.
La reciente conferencia sobre los supuestos primeros logros de su rimbombante Comando Unificado debía ser, por su propia naturaleza, un acto técnico, institucional y sobrio. Sin embargo, Keiko Fujimori decidió convertirlo en un mitin de intimidación.
Fujimori apareció flanqueada por militares con armas largas. Más allá de la supuesta «seguridad», ese despliegue bélico en un recinto civil funcionó como una amenaza sutil pero inequívoca a la oposición y a la prensa: el Estado soy yo, y tengo la fuerza.
Bajo la sombra de esos fusiles, el discurso buscó reescribir la realidad. Su objetivo: blindar a su ministro del Interior, César Astudillo. Horas antes, él había agredido verbalmente a la senadora Ruth Luque en el Congreso
«Y yo aquí le expreso mi total respaldo y gratitud por su valentía. Ministro, los perros ladran, es una señal de que estamos avanzando»
Con esta frase, la investigada por lavado de activos, normalizó la prepotencia de su ministro. Además, deslegitimó el control político de la oposición. Redujo a los legisladores fiscalizadores a la categoría de ‘perros‘ que estorban su supuesto ‘avance’.»
Poco después, dentro de ese mismo discurso institucional, Fujimori complementó su postura confrontando directamente a la facción opositora de Juntos por el Perú, bancada a la cual pertenece el senador Íber Maraví, con la siguiente declaración:
«Hay que pensar si estamos del lado de la violencia o de la paz; de los agresores o de las víctimas; del Movadef y Sendero Luminoso, o de las Fuerzas Armadas y de Chavín de Huántar»
Este teatro de la intimidación no se limitó a los fusiles. La aliada de Donald Trump usó la escenografía completa de su «Plan Bukele» un despliegue de tanques, helicópteros, maquinaria de guerra, batallones de militares, policías y hasta perros de ataque. Una parafernalia bélica importada de Centroamérica que buscaba amedrentar a la opinión pública y preparar el terreno para la represión, bajo el pretexto de combatir el supuesto «narcoterrorismo».
El Pentagonito: el escenario del crimen durante la dictadura.
El perfil de los agresores.
Para comprender la gravedad de este espectáculo, es imperativo recordar que los protagonistas de esta farsa no son figuras impolutas, sino personajes cuyas trayectorias están signadas por graves cuestionamientos judiciales y condenas ejecutoriadas:
Keiko Fujimori arrastra un historial judicial que la persigue como una sombra. Investigada por el Equipo Especial Lava Jato por lavado de activos y organización criminal, y por los casos Cócteles. Su libertad se sostiene sobre frágiles tecnicismos legales, mientras mantiene un patrón de obstrucción y copamiento de sectores de la justicia, la Fiscalía y el propio Tribunal Constitucional, que anuló el escandaloso caso Cócteles.
César Astudillo: El ministro del Interior es un general en retiro bajo la lupa de la justicia. Investigado en el caso «Gasolinazo»por organización criminal y peculado agravado, existe un pedido fiscal formal de 36 meses de prisión preventivaen su contra, curiosamente el caso fue archivado en agosto de 2026.
Francisco Giampietri: El senador de Renovación Popular, quien ha retado a sus colegas a «arreglar las diferencias en la calle», es un almirante en retiro con un pasado judicial oscuro.Cuenta con un pasado judicial cuestionado por su participación directa en el emblemático operativo ‘Falso Fiscal’ del año 2000, desnudando su histórico uso de la fuerza al margen de la ley.»
El fantasma de la dictadura.
Este despliegue de fuerza cobra una dimensión siniestra al recordar que no es un hecho aislado, sino la reedición de un guion macabro. La imagen de una mandataria rodeada de tanques, aviones y fusiles evoca inevitablemente el fantasma de la dictadura de su padre, Alberto Fujimori.
El exdictador, condenado por corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, utilizó a las Fuerzas Armadas para imponer su voluntad, someter a la ciudadanía y disolver las instituciones democráticas. La heredera política ha decidido reciclar los peores métodos de los años 90, disfrazándolos de una supuesta «mano dura» y utilizando la solicitud de facultades legislativas para saltarse los debates y gobernar por decreto.
Vale señalar que, mientras el Congreso evalúa este pedido de facultades, tiene la responsabilidad histórica de decir «no». Negarlas no es obstruccionismo; es el último dique de contención frente a un autoritarismo que confunde el mando con la imposición y el Parlamento con la calle. La República no puede ser rehén de quienes, amparados en el legado de una dictadura sanguinaria, buscan borrar la verdad material para gobernar desde su propia ficción
