Denuncias contra magistrados del CNM y juez César Hinostroza involucrados en los «Audios CNM» se encuentran sospechosamente encarpetadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso presidida por el fujimorismo.
La reforma del sistema judicial pasará por el Congreso, pero también será este poder del Estado quien decida el desenlace de las denuncias constitucionales contra los magistrados, jueces y congresistas involucrados en las grabaciones telefónicas que revelaron una red de corrupción en el país.
Si bien, el viernes 20 de julio el Pleno del Congreso aprobó la destitución de los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), las denuncias que tienen en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aún permanecen encarpetas.
El martes 24, este subgrupo aprobó las denuncias constitucionales contra los exconsejeros Orlando Velásquez, Guido Águila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Baltazar Morales, Maritza Guzmán y Herbert Marcelo. Todos ellos involucrados en los «CNM Audios». Ese mismo día fueron aprobadas las denuncias contra el congresista Héctor Becerril y el juez superior César Hinostroza Pariachi.
A esa denuncia se suma la presentada por la Fiscalía de la Nación por los delitos de tráfico de cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Hasta el 28 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue presidida por la fujimorista Milagros Takayama. El proceso para que estas denuncias tenga posteriormente carácter penal y pase al Ministerio Público (MP) radica en que este subgrupo agilice los debates y presentación de informes para que sea en la Comisión Permanente y luego por el Pleno del Congreso.
El proceso debe respetar el derecho a defensa de los acusados debido a que estos podrían presentar una acción de amparo ante la Corte Suprema y como consecuencia, la denuncia volvería a fojas cero. Un precedente es la denuncia que hubo contra la megacomisión que investigó el gobierno de Alan García el 2013.
Aunque el Parlamento se encuentra en receso luego de la elección de la nueva Mesa Directiva, la agilización del proceso se encuentra en manos de la bancada fujimorista. Cabe precisar que esta bancada preside el Legislativo y además, domina la mayor cantidad de comisiones, incluida la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Por ejemplo, en la acusación constitucional contra Moisés Mamani, la subgrupo que estuvo liderado por Takayama agilizó el proceso inclusive sin incluir dentro de la denuncia al congresista de Puno que grabó a los parlamentarios kenjistas Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y Kenji Fujimori.
El congresista Luis Galarreta, instó antes de Fiestas Patrias a que el Parlamento «debe respetar los procesos». En esa línea también opinaron las fujimoristas Úrsula Letona y Rosa Bartra. La bancada naranja ha insistido más en pedir a la prensa revelar las fuentes que les proporcionaron los audios que en agilizar el proceso de denuncia constitucional contra los magistrados del CNM, el juez Hinostroza y Héctor Becerril.
Como se recuerda, Fuerza Popular tiene un legislador involucrado en los audios: Héctor Becerril. El fujimorista tiene una denuncia encarpetada en la comisión que presidió su colega Takayama.
Por otro lado, el juez César Hinostroza admitió que la semana pasada que la «señora K» no es Keiko Fujimori, pero si es alguien ligado al fujimorismo. En ese sentido, la suspicacia por un presunto conflicto de interés y retraso del proceso, salta a la luz.
