Hace cuatro meses, el fiscal José Domingo Pérez espera que el proceso sobre el metro de Lima llegue a la etapa de juicio oral, pero hasta la fecha esto no ha sido posible.
El 24 de junio, Pérez acusó de lavado de activos a Jorge Cuba Hidalgo, quien fue viceministro de Transportes del segundo gobierno aprista, y a otros exfuncionarios que habrían recibido sobornos a cambio de la adjudicación de esta obra a Odebrecht. Pero la defensa hizo un pedido que ha retrasado el inicio del control de acusación, paso previo para el juicio oral.
El viernes pasado, Pérez volvió a acusarlos, esta vez por delitos de corrupción de funcionarios: colusión, cohecho y tráfico de influencias. La expectativa del equipo especial Lava Jato es una sola: que se castigue a los acusados y que no logren impunidad, según fuentes vinculadas a la investigación. “No se va a claudicar”, señalaron.
Recursos legales y resoluciones judiciales han retrasado el inicio de las audiencias de control de acusación. En tanto, Cuba y los demás acusados podrían dejar la prisión en los próximos días.
En agosto, justo antes de que empezara la revisión de la acusación por la que la fiscalía solicita 25 años de cárcel para los implicados, la defensa pidió que se les extendiera una resolución emitida por la Primera Sala de Apelaciones Nacional. ¿Qué decía este fallo?
El 5 de agosto, la sala presidida por el juez Rómulo Carcausto le dio la razón a Edwin Luyo Barrientos, expresidente del comité de licitación de la línea 1 del metro, en un asunto que terminó beneficiando al resto de implicados: ordenó que el delito de lavado de activos se procese junto con los delitos de corrupción de funcionarios. Los demás investigados pidieron que la resolución les alcanzara a ellos y el control de acusación se tuvo que suspender.
Y así fue. La sala extendió los efectos de la resolución de Luyo para todos los implicados: se revocó la orden del juez Richard Concepción Carhuancho de desvincular lavado de activos de los delitos de corrupción, que respondía a un pedido de José Domingo Pérez para una mejor investigación.
El argumento de la sala de apelaciones es que la realización de los delitos atribuidos a los nueve acusados se habría dado en forma sucesiva. Por lo tanto, los delitos deben verse en conjunto en el mismo caso.
Los motivos expuestos por los jueces se contraponen a lo ya dicho por la Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria 1-2017/CIJ-433. En ella, se señala que el delito de lavado de activos es autónomo y no necesita ser procesado junto al presunto delito que generó los activos ilícitos.
“No es posible rechazar o poner en duda la autonomía declarada del delito de lavado de activos en nuestro sistema penal. […] El reconocimiento judicial de la autonomía del delito de lavado de activos ha sido una constante en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República”, indican los jueces supremos.
En diálogo con este Diario, el abogado penalista Rafael Chanjan señaló que “el lavado de activos tiene su propio peso y podría haber existido una investigación solo por lavado. Ya hay varios pronunciamientos de la Corte Suprema”.
Para Chanjan, la resolución de la Primera Sala de Apelaciones “definitivamente no es una resolución que resulta razonable. Lo deseable es que hubiera permanecido la decisión que tomó el juez Concepción de desacumular los delitos”.
“Podría resultar un riesgo que se esté dejando entrever que la sanción de lavado requiere de la probanza plena de los delitos de corrupción. Lo que hace es dilatar el proceso para llegar a juicio oral. El delito de lavado de activos es complejo y un reto para el equipo especial”, sostuvo.
Con las dos acusaciones fiscales, por lavado de activos y corrupción, el juez Concepción tendrá que resolver si continúa con la audiencia de control de acusación que suspendió, y si devuelve a la fiscalía sus acusaciones para ser presentadas en una sola disposición.
En tanto, los días pasan y en cualquier momento la sala presidida por Carcausto tendrá que pronunciarse sobre el pedido presentado por las defensas de Jorge Cuba, Edwin Luyo y Miguel Navarro Portugal para que su plazo de prisión preventiva concluya. Podrían quedar libres antes del inicio del juicio oral.
Es en este escenario que, en las primeras horas del viernes 11 de octubre, el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación por delitos de corrupción contra los implicados, ante el despacho del juez Concepción.
En esta acusación, a la que accedió El Comercio, Pérez solicita 11 años con ocho meses de prisión para Jorge Cuba, por colusión y tráfico de influencias, a quien responsabiliza de haber ofrecido a Odebrecht la adjudicación de la obra.
Mariella Huerta Minaya, expresidenta del segundo comité para el proceso de selección del tramo II del metro, está incluida en la acusación. La fiscalía ha pedido 12 años, 4 meses y 15 días para ella, como autora de cohecho pasivo propio y colusión. Además, pidieron similar pena para Santiago Chau, exintegrante del primer comité para el proceso de selección del tramo II del metro.
Para Magdalena Bravo Hinostroza, exmiembro suplente de la comisión especial encargada de la licitación pública que dio como ganador a Odebrecht, solicitaron seis años con seis meses por el delito de colusión.
Igual condena pidieron para Jesús Munive Taqui, miembro titular del mismo comité.
Para la fiscalía, los antes mencionados son parte de “un tercer grupo de personas que han colaborado con la organización criminal” que tenía en la “jefatura a Alan García Pérez”. En la acusación, se indica que ellos fueron “funcionarios encargados de los procesos de contrataciones o miembros de los comités especiales”.
La fiscalía considera que los implicados concertaron con Odebrecht “para darle ventajas en el proceso de contratación, otorgarle la buena pro y así defraudar al Estado”.
En la acusación por lavado de activos, el fiscal José Domingo Pérez incluyó a otros exfuncionarios del MTC, además de Jessica Tejada, expareja de Jorge Cuba. Para todos ellos, la fiscalía pidió 25 años y 10 meses de prisión.
Fue funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cumple una orden de prisión preventiva. Habría sido beneficiario de la cuenta de la ‘offshore’ Julson, donde Odebrecht depositaba los sobornos, según la fiscalía.
Sobrino del exviceministro Jorge Cuba. La fiscalía le atribuye abrir una cuenta para la ‘offshore’ Hispamar, donde se recibirían los sobornos de Odebrecht. Cumple una orden de prisión preventiva.
Expareja de Jorge Cuba. Para la fiscalía, se trata de la beneficiaria final de la ‘offshore’ Julson, la cual habría recibido sobornos. Tejada se encuentra hoy en libertad, después de apelar la orden de prisión preventiva que se le impuso.
