El ministro del Interior, Mauro Medina, y el analista internacional Andrés Gómez de la Torre, coincidieron ayer en manifestar preocupación por el fallo judicial que eliminó la exigencia de pasaporte para el ingreso de emigrantes venezolanos.
Medina dijo que el Gobierno está evaluando su derecho de apelar la resolución judicial y añadió que es obligación de su sector velar por la seguridad de los ciudadanos.
Fue en virtud de esa obligación, afirmó, que el pasado 25 de agosto Migraciones dispuso la obligación del pasaporte para los venezolanos que deseen ingresar al país, porque su cédula identidad no ofrece garantías suficientes de autenticidad.
NO HAY XENOFOBIA
Recordó que delincuentes como Edison Agustín Barrera, alias “Catire” y otros integrantes de la banda “Los Malditos del Tren de Aragua” ingresaron con cédulas de identidad falsas.
“Tenemos que cumplir la resolución emitida ayer. Migraciones ha dejado sin efecto la medida del pasaporte, pero también estamos evaluando el derecho de apelar la resolución”, aseveró.
Descartó que en la actitud del Gobierno haya xenofobia, pues “tenemos que abrir los brazos a los hermanos venezolanos, pero nuestra labor es cautelar la seguridad de los residentes, de las personas en tránsito y de todos los peruanos”, reiteró.
Argumentó que sin la obligación de presentar pasaporte hay problemas “en cuanto a la identificación de las personas porque vienen con datos que no son verdaderos en muchos casos”.
INTROMISIÓN
Por otro lado, Gómez de la Torre, calificó como un “serio riesgo” para la seguridad del país, el fallo del Poder Judicial pues permitirá que cualquier extranjero pueda infiltrarse con una cédula venezolana falsa.
“Esta sentencia no solo es una intromisión en una decisión de política exterior del Estado, también afecta gravemente la seguridad del país, porque no solo podrán ingresar con cédulas adulteradas o falsas, también podrían hacerlo agentes de inteligencia del régimen chavista o terroristas internacionales”, añadió.
GRAVE RIESGO
El analista argumentó que la cédula venezolana no tiene mecanismos de seguridad que permitan acreditar la identidad de sus poseedores, a diferencia del pasaporte o las cédulas de otros países, que contienen códigos de barras con información verificable.
“Esto es un grave riesgo de la sentencia, abre las puertas para que las personas de cualquier nacionalidad vengan a cometer actos ilícitos”.
Además, recordó que es competencia exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, dirigir la política de exterior.
