La Corte Suprema rechazó la casación que ex candidata presidencial y su esposo presentado. Hizo lo mismo con recurso de Fuerza Popular.
La ex candidata presidencial Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, continuarán siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos en el marco de la Ley de Crimen Organizado. Así lo dispuso la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundado el recurso de casación que presentó la pareja.
El fiscal José Domingo Pérez adecuó las pesquisas contra Fujimori Higuchi y Vito Villanella por los cocteles y los aportes de Fuerza 2011 (actualmente Fuerza Popular) a la Ley de Crimen Organizado en setiembre del 2017. Esta medida le permitió ampliar las indagaciones hasta por 36 meses.
La Sala Penal Permanente, que preside la juez suprema Elvia Barrios, sostuvo que la defensa de la ex congresista “no cuestionó las diversas disposiciones que emitió Pérez hasta que adaptó las investigaciones a la referida norma.
El tribunal rechazó el recurso de Keiko Fujimori al sostener que los actos de investigación de casos completos no pueden ser fijados en plazos cortos, porque esto impediría el rol de la fiscalía y podría crear impunidad.
El colegiado desestimó, además, el recurso de casación que interpuso el partido Fuerza Popular.
Barrios indicó que la adaptación a la Ley de Crimen Organización de las investigaciones contra el partido fujimorista fue “bien justificada” por parte del fiscal Pérez. Añadió que el plazo de 36 meses para las pesquisas, que se computan desde el 20 de octubre del 2015, concluye el próximo 18 de octubre.
Las defensas de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular buscaron, a través de las casaciones, que se anule ampliación de las indagaciones y que el Ministerio Público se pronuncie archivando los casos o formalizando la investigación preparatoria.
El abogado penalista Luciano López indicó a El Comercio que, tras la decisión de la Corte Suprema, las investigaciones en contra de Keiko Fujimori y su partido continuarán bajo la Ley de Crimen Organizado hasta que se agote el plazo de 36 meses o el fiscal Pérez se pronuncie.
«Hay que entender que cuando la Corte Suprema se pronuncia sobre una casación, el primer fin es establecer criterios de jurisprudencia. Es marcar criterios para que sean cumplidos por los jueces», acotó.
