Sin argumentos jurídicos, con solo la fuerza de su mayoría de votos, Fuerza Popular y su pequeño aliado el Apra, lograron la impunidad de tres de sus protegidos, el congresista fujimorista Héctor Becerril, el Fiscal de la Nación pro fujimorista, Pedro Chávarry y el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ante graves cargos de corrupción y crimen asociado.
Del mismo modo, ni siquiera quisieron admitir a debate la moción de censura al presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, y de su junta directiva, por haber permitido con prepotencia y violación del reglamento del Congreso, la aprobación de la “Ley Fujimori”.
Esa ha sido la respuesta de la alianza de conveniencias entre Fuerza Popular y el Apra que controla el Poder Legislativo, a favor de personajes implicados en el “Caso CNM Audios”, el segundo peor caso de gran corrupción y crimen organizado descubierto en el país en el curso de los primeros veinte años del presente siglo.
Una conducta que se refleja claramente en el reciente resultado de la encuesta nacional Ipsos que arroja una desaprobación ciudadana del 87% para el líder aprista Alan García Pérez y de 81% para la lideresa de fuerza Popular, hoy detenida preliminarmente bajo cargo de lavado de activos, junto con 19 cómplices.
EL CASO SALAVERRY
La moción de censura a Salaverry fue enviada al tacho sin contemplaciones por 68 votos del fujimorismo y de un minialiado, el Apra.
Solo Marisa Glave, de Nuevo Perú, alcanzó a hacer una breve presentación de la moción. Expuso que la “Ley Fujimori” que implicaría la libertad de quienes atentaron contra los derechos humanos fue aprobada en tiempo record la semana pasada por la mayoría fujimorista en complicidad con la Mesa Directiva”.
La moción fue secundada por las bancadas de Peruanos Por el Kambio, Alianza Para el Progreso, Frente Amplio y los no agrupados, porque Salaverry y sus codirectivos cometieron irregularidades durante el debate y votación de la “Ley Fujimori”.
Los firmantes consideraron que Salaverry realizó prácticas autoritarias y contrarias al reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria en el manejo de la exoneración de proyectos de ley.
En los hechos exoneraron al proyecto de todo trámite previo, con la firma electrónica de Richard Acuña, desdeñando la rúbrica de César Vásquez, quien se hallaba presente en el hemiciclo, pero era contrario a las exoneraciones.
EL CASO BECERRIL
Héctor Becerril, uno de los fujimoristas que más repulsa provoca en amplios sectores de la ciudadanía, fue acusado por el congresista acuñista (APP), César Vásquez de infracción a la Carta Magna y la comisión del presunto delito de tráfico de influencias.
Vásquez recomendó su destitución del Congreso y su inhabilitación por cinco años para cargos públicos.
Todo por haber presionado en febrero de este año al miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Baltazar Morales, para que diera su voto por Julio Gutiérrez, candidato fujimorista a la presidencia de ese organismo.
Becerril, según Morales, realizó su acto de coerción en el domicilio del también consejero CNM Guido Aguila, quien patrocinó la presión de Becerril sobre Morales.
El asunto no solo quedó probado por un “CNM audio” entre Aguila y Morales, sino que este último lo confirmó en una conferencia de prensa, ante el investigador del caso y ante quien quisiera escucharlo.
Pero, sin que importara la contundencia de los hechos y el testimonio del mismo presionado, 16 fujimoristas, más el aprista Mauricio Mulder, votaron por rechazar el informe contrario a Chávarry.
EL CASO DUBERLI RODRÍGUEZ
Con 20 votos a favor, 4 contra y 2 abstenciones, la misma alianza aprofujimorista, confirmó también la no imputación al expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, determinada por el congresista de Fuerza Popular, Mario Mantilla, sobre su participación en los “CNM audios”.
