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La «muerte masiva» producida por el Covid en Ecuador y los miles de cadáveres que aun siguen desaparecidos

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A tiempos del mes de Marzo Ecuador atravesaba la peor etapa del covid-19 que dio la vuelta al mundo, dando constancia recurrentes de cientos de muertes que a diario se vivía cuando este virus los asechaba de manera masiva.

El desastre que estaba causando esta pandemia hizo que se perdiera el control de los paraderos de miles de cuerpos fallecidos por el coronavirus, transformando la vida de los familiares en luto un momentos atroz.

Conoce la triste historia de Greta Encalada en Guayaquil donde da cada detalle de la búsqueda del cuerpo de su hermana tras su fallecimiento.

El viernes 20 de marzo, María Dolores Encalada, de 46 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas (Ecuador), estaba en su trabajo, en el sector de la Playita del Guasmo, cuando ya en el país regían fuertes medidas de restricción para contener el avance del nuevo coronavirus.

La mujer esperó el relevo de su guardia, pero hubo un retraso y este se hizo tres horas después de lo previsto, cuando ya estaba en marcha el toque de queda que prohibía la circulación en la ciudad, cuenta, en entrevista con RT, Greta Encalada, su hermana.

«Mi hermana caminó desde la Playita del Guasmo hasta el Policentro (alrededor de 15 kilómetros), llega cansadísima, agotada, extenuada, porque estaba todo cerrado, ni siquiera había para comprar una botella de agua», relata. Esa misma noche, un policía pasó y, al ver a María con el uniforme, se ofreció ayudarla y la adelantó hasta el parque Samanes, a 9 kilómetros más. Desde ahí, Encalada inició la caminata del trecho que le faltaba (unos 3 kilómetros) hasta su vivienda, ubicada en el barrio Los Vergeles, y otra señora que la reconoció la transportó hasta su domicilio.

Dos días después, María estuvo en casa de Greta. «Me dice: ñaña (hermana) no me he sentido bien, me siento como agotada», cuenta su pariente, que revela que estaba caminando muy despacio.

«No era su problema»
El lunes 23 de marzo, María fue a su trabajo y en el lugar se le bajó la presión arterial. Pidieron ayuda y la trasladaron a su domicilio. «Del 24 al 25, ella comenzó con vómito, diarrea y no paraba, se comenzó a desvanecer, deshidratarse», cuenta su hermana, quien señala que no encontraban, ni en las farmacias, algún medicamento para asistirla, por lo que tuvieron que hacer un «suero oral casero». Llamaron al 911, pero no les enviaron una ambulancia ni encontraron auxilio en otras personas, porque nadie quería movilizarla por el temor al coronavirus.

Al ver el agravamiento, su único hijo, de 23 años, continuó buscando ayuda, se acercó a un par de policías que encontró. «Le dijeron que ese no era su problema», narra Greta.

Recién a las 10:00 de la mañana del jueves 26 de marzo llegó la ayuda que enviaron, tras las insistentes llamadas de auxilio. Pero fue una camioneta doble cabina que no tenía ningún tipo de implementos, como un respirador, para prestar la asistencia. La subieron al auto y la llevaron al Hospital General Universitario de Guayaquil, pero no les permitieron ingresar, así que se dirigieron a la Maternidad Mariana de Jesús (Marianitas), donde salieron dos médicas a darle auxilio, pero ya era tarde, María había fallecido.

Las médicas, cuenta Greta, les dijeron que el lugar estaba colapsado y que debían regresar con el cadáver a su domicilio. «Pónganla en una sabanita, ya no la toquen, porque se pueden contagiar», fue la recomendación.

«Ya usted no se puede acercar al cuerpo»

Una vez en la casa, comenzaron la búsqueda de una funeraria para hacer los trámites para su inhumación, pero llegaron más obstáculos. Lo único que consiguieron fue que le aplicaran formol al cuerpo de la fallecida.

«Son unos canallas, esa es la palabra, han abusado de nosotros», dice Greta, al relatar la actuación de las personas de los servicios funerarios, que cambiaban los precios constantemente —llegaron a pedirle 2.800 dólares por un ataúd— y no le garantizaban un nicho ni la cremación, debía hacer cola en el cementerio hasta conseguir algo, puesto que a la fecha, ya había colapsado el sistema funerario en la urbe. El drama se repetía en otras familias.

Por eso decidieron informar al 911 del deceso e hicieron el papeleo que conlleva este acontecimiento por su cuenta. Dos días después, el sábado 28 de marzo, a las 14:30, llegó el personal de criminalística para hacer el levantamiento del cadáver.

Los funcionarios informaron a Greta que el cuerpo de su hermana sería trasladado a la morgue del Hospital General Guasmo Sur. Uno de ellos le comunicó: «hasta ahí llega mi custodia, de ahí en adelante, yo no me hago responsable de nada».

Ante eso, Greta decidió tomarle una fotografía al cuerpo de su hermana, ya dentro de la bolsa mortuoria, donde se podía ver el nombre y un código. Los funcionarios, que ya salían con el cadáver, le recalcaron: «Espere que la llamemos, como este es un caso probable de covid-19, posiblemente sea cremada o le darán sepultura, pero ya usted no se puede acercar al cuerpo». Fue la última vez que vio a su hermana.

¿Dónde está?
Greta recibió después la llamada. Le informaron que su hermana sería inhumada en el cementerio de Pascuales.

Tras un tiempo, ingreso a la página web que habilitó el Gobierno, donde se ingresan los datos de la persona fallecida y le indica el lugar de sepultura; sin embargo, no reflejó nada sobre su hermana María.

Además del 911, las autoridades también pusieron a disposición de los afectados un número telefónico, el 099 446 1851, por el que se podían comunicar a través de WhatsApp. A ese contacto escribió Greta y la respuesta obtenida fue: «Señora, lamentablemente, como su hermana no aparece en el sistema, es posible que esté en las morgues móviles que están en Criminalística».

«Eso fue ya demasiado para mí. ¿Cómo es posible que nos digan una cosa y sale otra? ¿Porqué nos engañan? Uno creyendo en la casa que ya a mi hermana le han dado cristiana sepultura y la han tenido amontonada ahí con todos los cadáveres, es una farsa, han jugado con nuestra sensibilidad, con toda la familia», se lamenta.

Hasta ahora, el cuerpo de María no ha aparecido. «Para mí, es doloroso no saber dónde está», menciona su hermana y dice que la familia ha seguido el proceso que le han indicado las autoridades, brindando información sobre las marcas, lunares y otros distintivos visibles que tenía la fallecida. Han hecho la revisión de huellas dactilares y lo último que hicieron fue tomar sangre a su mamá, una persona con discapacidad, el martes pasado, para hacer la prueba de ADN y tratar, con ello, de ubicar al cuerpo.

Hasta el momento, esta familia tampoco ha recibido la ayuda psicológica que les prometió el Gobierno.

«216 cadáveres»
La situación que atravesó Guayaquil esos días, que se extendió durante abril, fue desastrosa. Cientos de personas fallecieron en sus viviendas, en las calles y se sumaron a los miles que murieron en los centros hospitalarios. Quienes tuvieron suerte, lograron dar sepultura a sus familiares, tras días de búsqueda de los cuerpos, como el caso de Silvia, quien tuvo que ingresar al Hospital del Guasmo Sur, caminar entre cadáveres en descomposición hasta dar con los restos de su padre.

 

Pero no todos pudieron hacerlo. El drama de los Encalada se repite en otras cientos de familias. El pasado 10 de junio, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil publicó un informe sobre el extravío de cuerpos durante la crisis sanitaria, y hacen referencia a 76 cadáveres que no se han encontrado —25 fallecieron en hospitales y 51 en sus hogares—, tras recoger los datos proporcionados por las familias, explicó Billy Navarrete, director de esta instancia.

Sin embargo, los números de la CDH se quedan cortos. Durante una audiencia judicial de acción de protección, que solicitó la Defensoría del Pueblo sobre este tema, las autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional reconocieron que tienen 216 cadáveres en contenedores, cuya identidad se desconoce.

«Están siendo sometidos al proceso de identificación que, al menos, conocemos que tiene tres partes», dice Navarrete y explica que la primera es identificación visual (estatura, tatuaje, prótesis dental, algo característico del fallecido). La segunda es la huella dactilar y, por último, la prueba de ADN.

Esta semana, Freddy Herrera, coordinador de Medicina Legal, informó que el pasado lunes comenzó la entrega de cadáveres, con 17 ese día; otros 14 el martes, 12 el miércoles y 14 más el jueves.

«Se rompió la cadena de custodia»
Navarrete señala que el extravío de los cuerpos ocurrió porque «se rompió en los hospitales, específicamente en las morgues temporales, la cadena de custodia […] la pieza que nos debió asegurar la identificación de estos cadáveres».

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Informe de la OEA recomienda una tregua y diálogo para superar la crisis política y social.

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La Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó jueves su informe preliminar sobre constante crisis política que vive el Perú. En función de ello, recomendó una tregua política y dialogo incluyente para superar la situación.

La delegación arribó a territorio peruano el pasado 21 de noviembre, luego que el presidente Pedro Castillo solicitara la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.

El informe presentado ante el Consejo Permanente, da cuenta de una grave crisis social y política a raíz de la constante confrontación entre los poderes del Estado, así mismo reportó, un clima de polarización política, racismo y una prensa carente de objetividad.

El grupo de trabajo de alto nivel estuvo presidida por ,el representante de la Secretaría General de la OEA y vocero de la comisión, Eladio Loizaga, e integrada por los cancilleres Eamon Courtenay (Belize), Arnoldo André (Costa Rica),  Juan Carlos Holguín(Ecuador)  Mario Adolfo Búcaro (Guatemala) Julio César Arriola,(Paraguay), Pablo Tettamanti (Argentina) y  Laura Gil(Colombia) mantuvo reuniones con diferentes actores del Perú entre el 21 y 23 de noviembre

Los hallazgos que se listan a continuación, derivan de la información provista al GAN durante la realización de las 29 reuniones sostenidas con distintas instancias gubernamentales, públicas, privadas y de la sociedad civil. Las citas se realizan sin referencias personales de autoría.

El GAN concluye que el conjunto de los elementos descritos a continuación pone en riesgo la institucionalidad democrática del Perú.

1. Inestabilidad democrática. Todos los actores entrevistados resaltaron la alta inestabilidad existente que dificulta gobernar y atender los asuntos más urgentes del país. El origen de esta situación se identifica en la combinación de diversos factores entre los que se señalaron, la alta fragmentación de las fuerzas políticas; los constantes cambios en la formación de gabinetes; el cuestionamiento al nombramiento de funcionarios por ser considerados no idóneos; la obstaculización del ejercicio del poder; contrapuestos pedidos de recortes de mandato y adelanto de elecciones; los pedidos de vacancia presidencial (tres presentados a la fecha), el uso de la figura de la cuestión de confianza; la disolución del Congreso de la República; las investigaciones abiertas contra el Presidente y otros integrantes del Poder Ejecutivo, y la ausencia de diálogo entre los principales actores políticos.

Entre los poderes del estado existen acusaciones y señalamientos de que el riesgo de gobernabilidad reside en el otro poder, y no en ellos mismos. Cada poder del Estado responsabiliza a los demás de provocar falta de gobernabilidad. El GAN escuchó con preocupación expresiones como “en Perú hay pronóstico reservado”; y “la democracia peruana está en cuidados intensivos”.

El GAN también toma nota de los enfrentamientos entre poderes y la ausencia de mayorías y rompimiento de bloques en el congreso.

2. Ambiente altamente polarizado. La polarización se refleja en una lucha interna entre los poderes del Estado, y en ciertas regiones del país. Ello conduce a un enfrentamiento cada vez mayor en la sociedad peruana, lo cual puede afectar el normal funcionamiento institucional y generar mayor conflicto y división en la sociedad peruana. En palabras de un actor entrevistado, existe en la actualidad una “guerra civil entre las instituciones públicas”.

Diversos actores manifestaron las consecuencias que la polarización podría tener en el corto y mediano plazo, incluyendo las manifestaciones públicas entre defensores y opositores del gobierno, lo que podría comprometer la paz social—varios actores mencionaron la proliferación de armas en el “Perú profundo”, refiriéndose a las zonas más alejadas de la capital.

Según la información recabada por el GAN, la polarización se manifiesta entre poderes del estado, y en ciertas regiones del país. El GAN fue alertado por algunos entrevistados que ante posibles decisiones adoptadas por los poderes del Estado, podrían suceder hechos violentos por parte de grupos sociales.

3. Acoso permanente y confrontación entre poderes. La confrontación permanente trajo la consecuente pérdida de credibilidad por parte de la población, que ve a los poderes del estado como actores que no están pensando en el bien común de la población. Hay cuestionamiento mutuo y confrontación entre diversos órganos del gobierno y ello puede atribuirse a que existe una desconfianza recíproca entre actores políticos que se acusan mutuamente. Ejemplos mencionados de esto son la dilatación y demora en atender iniciativas legislativas, incluso algunas leyes que no contienen iniciativa de gastos y que afectan el bienestar de grupos vulnerables, obras públicas paralizadas, por mencionar algunos.

4. Uso excesivo de herramientas de control político. Se presentó ante el GAN la preocupación por el uso indiscriminado de las mociones de vacancia, la negación al Presidente para viajar al exterior, denuncias constitucionales, mociones de interpelación, votos de censura, antejuicio político. Asimismo, se indicó al GAN que se está ante un proceso de “judicialización de la política y politización de la justicia”, lo que desvirtúa el rol y equilibrio de los poderes del Estado. Si bien la constitución peruana se organiza conforme a la separación de poderes, hay acusaciones cruzadas refiriendo que cada uno viola la jurisdicción del otro llevando acciones fuera de su competencia.

5. Cuestionamientos sobre el rol de la prensa y medios de comunicación. Se tuvo conocimiento del GAN que los medios de comunicación están concentrados en pocas manos, y han sido cuestionados por varios de los actores entrevistados por carecen de objetividad, llegando a sostener que no son veraces, y que en algunos casos hasta son desestabilizadores. También se informó al GAN que en Perú existe “sobre libertad de expresión”, y que los medios tienen libertad para informar o desinformar sin ningún tipo de censura. De igual manera, ciertos actores comunicaron que se utilizan las noticias reportadas por los medios para abrir casos de investigación legal contra actores políticos, sin contar con los elementos jurídicos necesarios. Por otra parte, los medios han cuestionado la falta de apertura del poder ejecutivo ya que no tiene relación con los medios, nadie conoce la agenda presidencial y se evita e irrespeta a los medios. Se ha evidenciado la confrontación entre el ejecutivo y los medios de comunicación, acusando al Presidente de carecer de transparencia en su gestión.

6. Crisis social. Todas las voces escuchadas resaltaron diversos aspectos de cómo la crisis de gobernabilidad ha impactado y profundizado la crisis social del Perú. Varias voces se alzaron contra la crisis sanitaria y alimentaria existente en varias regiones del país. No menos preocupantes fueron quienes denunciaron la situación de la educación, debido al retroceso en cobertura y al tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID 19. Asimismo, hubo voces que reclamaron la renuencia del legislativo en la tramitación de leyes en beneficio de asuntos sociales como la agricultura o la salud.

Se hizo un llamado a que se reinstale el camino al desarrollo y se gobierne y legisle para el pueblo, clamando por un cese a la lucha política con el fin de empezar a gobernar para la sociedad peruana.

Algunos entrevistados destacaron su temor a que la situación general pueda ser fuente de conflictividad, incluso armada.

7. Racismo y discriminación. Varios de los actores entrevistados denunciaron que la elección del Presidente Pedro Castillo puso de manifestó que existen sectores que promueven el racismo y la discriminación y no aceptan que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla presidencial. Esto se ha traducido en improperios e insultos hacia la imagen del Presidente.

Según se ha observado, también se ha perdido el respeto en la relación entre actores, que es condición indispensable para construir canales efectivos de comunicación. En este contexto, algunos entrevistados sostienen que la discriminación alcanza también a los 55 pueblos originarios y 48 lenguas que comprometen el legado cultural del país, y las cuales merecen el debido respeto y consideración.

El GAN también ha sido informado del retroceso que existe en políticas de igualdad de género y la pretensión de negar derechos adquiridos, así como de ataques a las mujeres a través de comentarios misóginos y homofóbicos que no pueden ser tolerados.

8. Compromiso con el diálogo. Los actores entrevistados sostuvieron en general su predisposición al diálogo como parte esencial del ejercicio democrático. Sin embargo, varios de los representantes de las instituciones fundamentales subrayaron que ese diálogo no puede mantenerse con otras contrapartes que se consideran cuestionables, ya sea por sus posiciones políticas o carencia de ellas o incluso por cuestionar su honorabilidad. En la práctica ello se viene traduciendo en dificultades, no solo en la relación formal entre poderes del Estado, sino incluso en el recurso a instituciones informales tradicionales en el Perú concebidas expresamente para fomentar el diálogo tales como el Consejo de Estado o el uso del Acuerdo Nacional, que no se han convocado.

Algunos actores también propusieron la posibilidad de encauzar el diálogo a través de un actor articulador, por fuera de los dos anteriores, con mesas de trabajo en las que se asegure mayor participación de la sociedad civil, con perspectiva de género.

 

VII. Recomendaciones y / o acciones que podría ayudar a superar la crisis

A pesar de las dificultades y críticas entre actores, se deben resaltar aspectos en común entre todos: que existe el consenso generalizado de mantener la democracia como el mejor sistema de gobierno; que se deben detener las maniobras por parte de cualquier actor para desestabilizar el país; que el país necesita reconciliarse y crecer en paz; y que cualquier acción que se persiga debe hacerse en el marco de la constitución.

Como corolario a la presentación de hallazgos, el GAN resalta lo establecido en el Artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana: “Los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla…” Las recomendaciones que siguen apuestan al ejercicio pleno de la democracia y al respeto a la voluntad popular; al asegurar el respeto a las normas del ordenamiento jurídico peruano; al principio de separación de poderes; y al respeto al Estado de derecho. Los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, son pilares de la democracia y del Estado de derecho. Deben trabajar con absoluta independencia entre ellos, sin invadir la jurisdicción del otro, con absoluto respeto por el otro y en aras de consolidar el bienestar general de los peruanos y peruanas.

Los actores entrevistados presentaron opciones diversas que a su juicio podrían coadyuvar a resolver la crisis política del país, y las mismas van desde el adelanto de elecciones, hasta una reforma a la ley de partidos y una reforma constitucional. No corresponde al GAN manifestarse sobre opciones que deben adoptar las propias autoridades peruanas, pero se permite presentar sus propias recomendaciones derivadas de los hallazgos arriba descritos.

El GAN resalta que, más allá de las diferencias, el consenso fundamental encontrado – la convicción generalizada de la necesidad de preservar la democracia y respetar la constitución y las leyes – constituye el camino hacia la superación de la crisis.

A continuación, se presentan las recomendaciones del GAN:

1. Encauzar el diálogo. El GAN recomienda que se realice una convocatoria a una instancia de diálogo formal entre presidencia, legislativos, altas cortes, representantes de partidos políticos, y miembros de la sociedad civil, libre de condicionamientos. El diálogo puede ser asistido por un tercero (para facilitar o acompañar), y podría ser apoyado por las instancias pertinentes de organizaciones internacionales, si así lo estimaran oportuno.

El ejecutivo debe promover el diálogo democrático para pactar las reglas de juego para consensuar una agenda de gobierno.

El diálogo debe ser incluyente, orientarse al bienestar de la población, vinculante y respetuoso de todos, que garantice la credibilidad y confianza.

2. Tregua política. El GAN recomienda iniciar una tregua política en tanto se conforma y convoca al diálogo, y se logra un consenso mínimo para asegurar la gobernabilidad. Se requiere el compromiso de los actores políticos para ambientar un clima de tranquilidad para avanzar el diálogo y la conducción de los procesos judiciales, que deben seguir su curso con los plazos de ley.

3. Justicia constitucional. Las instituciones peruanas contemplan un sistema judicial que incluye el Tribunal Constitucional, los cuales se sujetan a la Constitución, que prevé los respectivos procedimientos jurídicos. En este sentido se recomienda tener esto presente ante la imposibilidad de desarrollar acuerdos.

En Perú el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución, y tiene la única responsabilidad de hacer cumplir lo que la constitución estipula. Si se presenta un impasse entre los poderes del Estado, corresponde actuar al Tribunal Constitucional, que de acuerdo con la Ley No. 28301, es el “órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente, porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica ”. El GAN recomienda fortalecer la justicia constitucional.

4. Racismo y discriminación. Es esencial asegurar el pleno respeto a los Derechos Humanos y, en el marco del diálogo nacional, abordar la cuestión de la tolerancia y el respeto a todas y todos los ciudadanos, sin discriminación, conforme las obligaciones internacionales del Estado Peruano respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 2, establece que: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

El Estado peruano, además, firmó en 2016 la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, el mismo aún no ha sido ratificado y depositado y el cual se debe de velar por su efectivo cumplimiento.

5. Derecho a la libertad de expresión y los medios de comunicación. Tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana, el respeto a las libertades fundamentales es un elemento esencial de la democracia representativa. El GAN hace un llamado a ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial, y de respeto hacia todos los actores. La falta de objetividad y veracidad que puede caracterizar a algunos medios y/ o periodistas no constituye una justificación para alimentar discursos que podrían poner en peligro un derecho tan fundamental para la democracia, como el de la libertad de expresión.

La información contenida en este informe preliminar será ampliada cuando se presente el informe final de la Misión. Este informe preliminar es presentado atendiendo a la grave coyuntura por la que atraviesa el Perú.

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La pequeña AMAL arribó a Times Square

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El pasado viernes la pequeña Amal arribó a Times Square. LLegó acompañada por una multitud de personas quienes la escoltaron en su recorrido por Manhattan.
La marioneta gigante representa a una niña refugiada de Siria y hasta el momento ha recorrido 8 países ( Turquía, Italia, Alemania, Belgica, Grecia, Suiza, Franncia y USA) llevando un mensaje de esperanza, para concientizar al mundo sobre las personas que huyen de sus países por las guerras.

Amal estará recorriendo las calles hasta el 2 de octubre y, participará de 55 eventos en los diferentes condados de Nueva York. Se espera una visita a Naciones Unidas y a la Estatua de la Libertad.
Amal, que en árabe significa esperanza, «representa a todos los niños que han sido desplazados por la violencia o por otras razones alrededor del mundo», aseveró para la agencia EFE el productor artístico Yazmany Arboleda.
Compartimos el video que capturó ECOS LATINOS cuándo Amal caminó por las calles del Times Square.

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Protesta en Times Square por el tiroteo de Texas

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Cientos de manifestantes se dieron cita en Times Square en apoyo a las víctimas del tiroteo que ocurrió el día 24 de mayo en una escuela de Uvalde – Texas y, que se cobró la vida de 21 personas entre niños y adultos.
El autor de los disparos fue un adolescente de 18 años de edad quien con pistola en mano y un rifle AR-15 se refugió en un salón de clases y empezó a disparar.
Debido a este escenario los neoyorquinos se concentraron en el emblemático Times Square, para repudiar los actos de violencia que se vienen dando a través de las armas en diferentes ciudades de los Estados Unidos.
En la protesta se pudo observar a varias personas con túnicas blancas sosteniendo entre sus manos las fotos de las víctimas del tiroteo.
Otros manifestantes portaban carteles pidiendo » alto a la violencia » y una nueva reforma en la venta de armas.

Compartimos el vídeo desde la Ciudad de Nueva York.

Informe: Fernando Espinoza
Cámara: Natalia R.

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