Mundo
La «muerte masiva» producida por el Covid en Ecuador y los miles de cadáveres que aun siguen desaparecidos
A tiempos del mes de Marzo Ecuador atravesaba la peor etapa del covid-19 que dio la vuelta al mundo, dando constancia recurrentes de cientos de muertes que a diario se vivía cuando este virus los asechaba de manera masiva.
El desastre que estaba causando esta pandemia hizo que se perdiera el control de los paraderos de miles de cuerpos fallecidos por el coronavirus, transformando la vida de los familiares en luto un momentos atroz.
Conoce la triste historia de Greta Encalada en Guayaquil donde da cada detalle de la búsqueda del cuerpo de su hermana tras su fallecimiento.
El viernes 20 de marzo, María Dolores Encalada, de 46 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas (Ecuador), estaba en su trabajo, en el sector de la Playita del Guasmo, cuando ya en el país regían fuertes medidas de restricción para contener el avance del nuevo coronavirus.
La mujer esperó el relevo de su guardia, pero hubo un retraso y este se hizo tres horas después de lo previsto, cuando ya estaba en marcha el toque de queda que prohibía la circulación en la ciudad, cuenta, en entrevista con RT, Greta Encalada, su hermana.
«Mi hermana caminó desde la Playita del Guasmo hasta el Policentro (alrededor de 15 kilómetros), llega cansadísima, agotada, extenuada, porque estaba todo cerrado, ni siquiera había para comprar una botella de agua», relata. Esa misma noche, un policía pasó y, al ver a María con el uniforme, se ofreció ayudarla y la adelantó hasta el parque Samanes, a 9 kilómetros más. Desde ahí, Encalada inició la caminata del trecho que le faltaba (unos 3 kilómetros) hasta su vivienda, ubicada en el barrio Los Vergeles, y otra señora que la reconoció la transportó hasta su domicilio.
Dos días después, María estuvo en casa de Greta. «Me dice: ñaña (hermana) no me he sentido bien, me siento como agotada», cuenta su pariente, que revela que estaba caminando muy despacio.
«No era su problema»
El lunes 23 de marzo, María fue a su trabajo y en el lugar se le bajó la presión arterial. Pidieron ayuda y la trasladaron a su domicilio. «Del 24 al 25, ella comenzó con vómito, diarrea y no paraba, se comenzó a desvanecer, deshidratarse», cuenta su hermana, quien señala que no encontraban, ni en las farmacias, algún medicamento para asistirla, por lo que tuvieron que hacer un «suero oral casero». Llamaron al 911, pero no les enviaron una ambulancia ni encontraron auxilio en otras personas, porque nadie quería movilizarla por el temor al coronavirus.
Al ver el agravamiento, su único hijo, de 23 años, continuó buscando ayuda, se acercó a un par de policías que encontró. «Le dijeron que ese no era su problema», narra Greta.
Recién a las 10:00 de la mañana del jueves 26 de marzo llegó la ayuda que enviaron, tras las insistentes llamadas de auxilio. Pero fue una camioneta doble cabina que no tenía ningún tipo de implementos, como un respirador, para prestar la asistencia. La subieron al auto y la llevaron al Hospital General Universitario de Guayaquil, pero no les permitieron ingresar, así que se dirigieron a la Maternidad Mariana de Jesús (Marianitas), donde salieron dos médicas a darle auxilio, pero ya era tarde, María había fallecido.
Las médicas, cuenta Greta, les dijeron que el lugar estaba colapsado y que debían regresar con el cadáver a su domicilio. «Pónganla en una sabanita, ya no la toquen, porque se pueden contagiar», fue la recomendación.
«Ya usted no se puede acercar al cuerpo»
Una vez en la casa, comenzaron la búsqueda de una funeraria para hacer los trámites para su inhumación, pero llegaron más obstáculos. Lo único que consiguieron fue que le aplicaran formol al cuerpo de la fallecida.
«Son unos canallas, esa es la palabra, han abusado de nosotros», dice Greta, al relatar la actuación de las personas de los servicios funerarios, que cambiaban los precios constantemente —llegaron a pedirle 2.800 dólares por un ataúd— y no le garantizaban un nicho ni la cremación, debía hacer cola en el cementerio hasta conseguir algo, puesto que a la fecha, ya había colapsado el sistema funerario en la urbe. El drama se repetía en otras familias.
Por eso decidieron informar al 911 del deceso e hicieron el papeleo que conlleva este acontecimiento por su cuenta. Dos días después, el sábado 28 de marzo, a las 14:30, llegó el personal de criminalística para hacer el levantamiento del cadáver.
Los funcionarios informaron a Greta que el cuerpo de su hermana sería trasladado a la morgue del Hospital General Guasmo Sur. Uno de ellos le comunicó: «hasta ahí llega mi custodia, de ahí en adelante, yo no me hago responsable de nada».
Ante eso, Greta decidió tomarle una fotografía al cuerpo de su hermana, ya dentro de la bolsa mortuoria, donde se podía ver el nombre y un código. Los funcionarios, que ya salían con el cadáver, le recalcaron: «Espere que la llamemos, como este es un caso probable de covid-19, posiblemente sea cremada o le darán sepultura, pero ya usted no se puede acercar al cuerpo». Fue la última vez que vio a su hermana.
¿Dónde está?
Greta recibió después la llamada. Le informaron que su hermana sería inhumada en el cementerio de Pascuales.
Tras un tiempo, ingreso a la página web que habilitó el Gobierno, donde se ingresan los datos de la persona fallecida y le indica el lugar de sepultura; sin embargo, no reflejó nada sobre su hermana María.
Además del 911, las autoridades también pusieron a disposición de los afectados un número telefónico, el 099 446 1851, por el que se podían comunicar a través de WhatsApp. A ese contacto escribió Greta y la respuesta obtenida fue: «Señora, lamentablemente, como su hermana no aparece en el sistema, es posible que esté en las morgues móviles que están en Criminalística».
«Eso fue ya demasiado para mí. ¿Cómo es posible que nos digan una cosa y sale otra? ¿Porqué nos engañan? Uno creyendo en la casa que ya a mi hermana le han dado cristiana sepultura y la han tenido amontonada ahí con todos los cadáveres, es una farsa, han jugado con nuestra sensibilidad, con toda la familia», se lamenta.
Hasta ahora, el cuerpo de María no ha aparecido. «Para mí, es doloroso no saber dónde está», menciona su hermana y dice que la familia ha seguido el proceso que le han indicado las autoridades, brindando información sobre las marcas, lunares y otros distintivos visibles que tenía la fallecida. Han hecho la revisión de huellas dactilares y lo último que hicieron fue tomar sangre a su mamá, una persona con discapacidad, el martes pasado, para hacer la prueba de ADN y tratar, con ello, de ubicar al cuerpo.
Hasta el momento, esta familia tampoco ha recibido la ayuda psicológica que les prometió el Gobierno.
«216 cadáveres»
La situación que atravesó Guayaquil esos días, que se extendió durante abril, fue desastrosa. Cientos de personas fallecieron en sus viviendas, en las calles y se sumaron a los miles que murieron en los centros hospitalarios. Quienes tuvieron suerte, lograron dar sepultura a sus familiares, tras días de búsqueda de los cuerpos, como el caso de Silvia, quien tuvo que ingresar al Hospital del Guasmo Sur, caminar entre cadáveres en descomposición hasta dar con los restos de su padre.
Pero no todos pudieron hacerlo. El drama de los Encalada se repite en otras cientos de familias. El pasado 10 de junio, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil publicó un informe sobre el extravío de cuerpos durante la crisis sanitaria, y hacen referencia a 76 cadáveres que no se han encontrado —25 fallecieron en hospitales y 51 en sus hogares—, tras recoger los datos proporcionados por las familias, explicó Billy Navarrete, director de esta instancia.
Sin embargo, los números de la CDH se quedan cortos. Durante una audiencia judicial de acción de protección, que solicitó la Defensoría del Pueblo sobre este tema, las autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional reconocieron que tienen 216 cadáveres en contenedores, cuya identidad se desconoce.
«Están siendo sometidos al proceso de identificación que, al menos, conocemos que tiene tres partes», dice Navarrete y explica que la primera es identificación visual (estatura, tatuaje, prótesis dental, algo característico del fallecido). La segunda es la huella dactilar y, por último, la prueba de ADN.
Esta semana, Freddy Herrera, coordinador de Medicina Legal, informó que el pasado lunes comenzó la entrega de cadáveres, con 17 ese día; otros 14 el martes, 12 el miércoles y 14 más el jueves.
«Se rompió la cadena de custodia»
Navarrete señala que el extravío de los cuerpos ocurrió porque «se rompió en los hospitales, específicamente en las morgues temporales, la cadena de custodia […] la pieza que nos debió asegurar la identificación de estos cadáveres».
Mundo
Keiko se desploma: Su aprobación cae a 28,3% según Bloomberg y Sheinbaum lidera el rankin
La aprobación de Keiko Fujimori se desploma al 28,3% según Bloomberg, perdiendo 14,5 puntos en un mes. Mientras Claudia Sheinbaum lidera el ranking regional, la retórica de mano dura no frena la inflación ni el crimen en el Perú.
La confianza en el liderazgo de Keiko Fujimori se desploma sin freno, un reciente sondeo de Bloomberg Línea revela un dato demoledor. Su aprobación ha caído drásticamente hasta el 28,3% a principios de octubre, un descenso de 14,5 puntos con respecto al mes anterior.
Según la encuesta fue realizada por AtlasIntel para Bloomberg News, la desaprobación de Fujimori ascendió al 53,6%, lo que representa un aumento de unos 13 puntos.
Los motivos de esta caída son claros y contundentes, los ciudadanos peruanos expresan profundos temores económicos y de seguridad. La percepción de un gobierno incapaz de controlar el crimen y la inflación golpea directamente su gestión.
El mensaje de los mercados: Retórica de mano dura vs. realidad económica
La publicación de estos datos en un medio de peso económico como Bloomberg es muy relevante. Envía un mensaje directo y severo a los mercados internacionales.
Ocurre en un contexto de profunda contradicción política. Mientras Keiko Fujimori intenta emular el estilo autoritario de Nayib Bukele, la realidad peruana es muy distinta.
Los precios de los combustibles y de la canasta básica se disparan sin control y la retórica de «mano dura» no llena los platos ni baja el precio del galón de gasolina.
Queda claro que los mercados castigan la improvisación, la inseguridad jurídica y la inestabilidad política. El modelo de seguridad que Fujimiiiri promueve no resuelve la crisis del bolsillo ciudadano.
El veredicto regional: Keiko pierde 6,1 puntos en un mes
Por otro lado, el ranking de octubre de CB Global Data es implacable, Keiko Fujimori registró la mayor caída mensual entre todos los mandatarios de América Latina.
Su aprobación bajó del 52,4% en septiembre al 46,3% en octubre, esto representa una pérdida de 6,1 puntos porcentuales en solo 30 días.
Mientras tanto, su desaprobación subió al 50,8%, por primera vez, el rechazo supera ampliamente al respaldo ciudadano.
Los líderes que dejan a Keiko en el camino
El contraste con los líderes regionales es brutal. Claudia Sheinbaum de México lidera el ranking con 69,3% de aprobación, la sigue Nayib Bukele con 68,3%. Luis Abinader de República Dominicana ocupa el tercer lugar con 51,9%.
La hija del exdictador peruanos quedó por debajo de Laura Fernández de Costa Rica (51%) y Abelardo de la Espriella de Colombia (49,7%). También perdió terreno frente a Daniel Noboa de Ecuador, quien subió al sexto lugar con 47,5%.
Los 6 peores: El fondo del ranking regional
Los últimos lugares del ranking muestran a presidentes con crisis profundas. José Raúl Mulino de Panamá ocupa el puesto 13 con 36,5%, Javier Milei está en el puesto 14 con 36,1%. Daniel Ortega de Nicaragua le sigue con 35,7%.
Los tres últimos lugares son para Yamandú Orsi de Uruguay (35,2%), Delcy Rodríguez de Venezuela (32,3%) y Bernardo Arévalo de Guatemala (31%).
Desaprobación superior al 50% antes de su viaje a El Salvador
Esto ocurre justo antes de su visita oficial a El Salvador, programada del 28 al 31 de octubre. Allí, Fujimori buscará reunirse con Bukele y recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Sin embargo, los datos de las encuestas son fríos y contundentes. Copiar el modelo de una prisión no resolverá la crisis de gobernabilidad en el Perú.
Bolivia
Bolivia! Audio Cerimedo-Reyes: «O nos caemos por inútiles o nos caemos porque hay muertos»
Un presunto audio atribuido a Fernando Cerimedo y al diputado Alejandro Reyes sacude Bolivia: «Prefiero correr el riesgo de que haya muertos». El consultor, quien enfrenta denuncias en la Fiscalía por feminicidio, habría presionado por el estado de excepción. La Asamblea Legislativa exige su comparecencia inmediata.
Un presunto audio atribuido a Fernando Cerimedo y al diputado Alejandro Reyes reaviva la polémica en Bolivia. La grabación revela una presión directa al presidente Rodrigo Paz para declarar el estado de excepción. «Si tiene que haber muertos, quiero muertos«, se escucha en la conversación.
En la grabación, atribuida al consultor argentino Fernando Cerimedo y al diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes, se escucha cómo Cerimedo presume de haber dado un ultimátum directo al mandatario. La frase es literal y escalofriante:
«Presidente, o nos caemos por inútiles o nos caemos porque hay muertos. Y si usted me pregunta, yo prefiero correr el riesgo de que haya muertos. La gente está rogando por el estado de excepción, hermano».
La confesión grabada: «Que sea por las malas»
El audio no deja lugar a dudas sobre el poder de influencia que el consultor ejercía sobre el Ejecutivo. Cerimedo expone su profunda frustración con los ministros que buscaban el diálogo. Su postura es radical y despectiva:
«O nos caemos por las buenas o nos caemos por las malas. Si nos caemos, que sea por las malas porque tenemos más posibilidades. Y yo no voy a arruinar mi carrera profesional para estar al lado de unos tibios que te van cambiando de opinión», se escucha decir en la grabación.
El consultor llega a insultar a miembros del gabinete en la grabación: «Entra el idiota de Lupo o entra un idiota de estos ministros y le cambian la ecuación». Esta división interna habría generado la furia del operador argentino, quien presionaba por una salida de fuerza.
La reacción del Legislativo: «¿Dónde está la seguridad del Estado?»
El escándalo ya golpea directamente las puertas de la Asamblea Legislativa. Los parlamentarios exigen respuestas urgentes ante la gravedad de las revelaciones de las últimas horas.
La preocupación va más allá del contenido del audio. Se cuestiona una evidente vulneración a la privacidad en las más altas esferas del poder en el país altiplánico. Como señalaron algunos legisladores:
El senador Freddy Castillo y otros legisladores han solicitado formalmente que el diputado Alejandro Reyes comparezca ante los medios. La Agencia de Noticias Fides (ANF) recoge estas exigencias de fiscalización.
«Este señor grababa a todo el mundo. Lo ha grabado al presidente, ha grabado a la esposa del presidente, ahora graba diputados. ¿Dónde está la seguridad del Estado?».
El modus operandi: Espionaje y desestabilización
Los legisladores advierten sobre un patrón alarmante. No se trata solo de un audio aislado, sino de una práctica sistemática de grabación y filtración selectiva para chantajear o presionar.
El contenido del audio revela, además, negociaciones internacionales oscuras. Cerimedo hablaría con total impunidad de «tumbar embajadores, traer aviones y hacer negociaciones con estadounidenses, israelíes, argentinos y uruguayos».
La gravedad de las declaraciones es tal que los parlamentarios no dudan en calificar la situación con dureza: «Es increíble cómo este asesor extranjero delincuente hable de una manera tan despectiva y malcriada sobre la primera autoridad de este país». Se ha preguntado la diputada Claudia Her en los medios locales.
Fernando Cerimedo: El operador transnacional del caos
El nombre de Fernando Cerimedo no es nuevo en los archivos de Ecos Latinos. Este consultor argentino ya fue denunciado en Perú, donde habría operado una red de 50,000 bots para manipular elecciones a favor de Keiko Fujimori.
En agosto de 2026, fue detenido en Bolivia. Enfrenta graves acusaciones, incluyendo denuncias por feminicidio en contra de su mujer embarazada. Durante las pesquisas las autoridades encontraron una «mini granja de bots» en La Paz. Su patrón es siempre el mismo: infiltrarse en crisis políticas, ofrecer soluciones autoritarias y ejecutar operaciones de desestabilización.
El diputado Alejandro Reyes actuaría como uno más de sus enlaces. Según se desprende del audio, Reyes se compromete a «bajar línea» y alinear al partido Alianza Unidad, liderado por el empresario Samuel Doria Medina, con los intereses del consultor.
La encrucijada: Verificación forense y responsabilidad política
El reporte de ANF subraya que la grabación aún carece de un peritaje forense definitivo. Sin embargo, la responsabilidad política de aclarar el contenido es inmediata e ineludible.
Si el audio es falso, Reyes tiene la obligación de desmentirlo con pruebas contundentes. Si es verdadero, la Fiscalía debe actuar de oficio por incitación a la violencia, espionaje ilegal y conspiración contra el orden constitucional.
Bolivia
«Solo estaba oyendo»: La cínica excusa de la Cancillería para salvar a su diplomático del escándalo de Bolivia
La Cancillería peruana defendió a su diplomático en Bolivia alegando que «solo estaba oyendo» en el Congreso. Una versión oficial que choca frontalmente con los videos de cabildeo activo y las denuncias de sobornos de 40.000 dólares para destituir al fiscal Roger Mariaca en el marco del caso Cerimedo.
La Cancillería peruana ha optado por la estrategia del avestruz. Ante el escándalo internacional por la presencia del diplomático Fernando Mauricio Suni Carrillo en el Congreso boliviano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Carlos Spa, emitió un comunicado buscando justificar el vergonzoso incidente.
La ficción del «oyente» en el hemiciclo
En el corazón de su defensa, la Cancillería sostiene una versión que choca frontalmente con las acusaciones de los legisladores bolivianos recogidos por la prensa internacional. El comunicado afirma textualmente:
«Las acciones desplegadas por el funcionario diplomático peruano en la Asamblea Legislativa boliviana se limitaron estrictamente a sus funciones de recabar información como oyente, en una audiencia pública en ejercicio de sus labores de representación.»
Sin embargo, los videos grabados por asambleístas bolivianos muestran una realidad muy distinta. En las imágenes, Suni Carrillo no aparece como un observador silencioso, sino como parte activa de una delegación conjunta de Estados Unidos, Argentina y Perú que operó bajo la bandera del «Escudo de las Américas». La delegación distribuyó códigos QR, estableció contactos directos con legisladores y fue abordada por una asambleísta en medio de un cabildeo agresivo dentro del hemiciclo.
El escudo legal de la Convención de Viena
Para blindar a su funcionario, el Ministerio de Relaciones Exteriores recurre al derecho internacional, argumentando que:
«El seguimiento e información sobre las condiciones y la evolución de los acontecimientos políticos, económicos y sociales en el Estado receptor constituye una función propia de los funcionarios diplomáticos acreditados en el exterior en el marco de la promoción de relaciones amistosas entre los Estados.»
No obstante, esta justificación ignora deliberadamente las denuncias de los propios asambleístas bolivianos, quienes denunciaron transferencias de 40.000 dólares a diputados para aprobar la destitución del fiscal Roger Mariaca.
Además, la Cancillería omite que el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un documento firmado por 15 países (incluido el Perú) «aplaudiendo» la destitución del fiscal, lo que demuestra que no fue una simple labor de «seguimiento», sino una operación de presión geopolítica coordinada.
El objetivo: blindar a Cerimedo
Toda esta operación tiene un beneficiario claro: Fernando Cerimedo, el asesor argentino de extrema derecha acusado de tentativa de feminicidio, violencia familiar y enriquecimiento ilícito, a quien el fiscal Mariaca tenía bajo investigación. Recientemente, la abogada Nadia Beller publicó imágenes de Cerimedo con el hijo de Donald Trump, y un audio filtrado lo muestra negociando permisos para narcoaviones en el Beni por 15.000 dólares.
Al destituir a Mariaca, el «Escudo de las Américas» logra enterrar la investigación contra un operador con vínculos internacionales y acusaciones de narcotráfico, mientras los 15 países de la alianza —incluido el Perú— celebran oficialmente las «acciones decisivas» del gobierno boliviano.
La ironía de la «no injerencia»
Quizás el párrafo más irónico del comunicado sea aquel donde la Cancillería intenta lavar la imagen del Perú en el exterior:
«El Perú es un país que respeta plenamente la soberanía, la independencia y la integridad de todos los Estados del mundo… En ese sentido, el Perú observa fielmente el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada Estado.»
La versión oficial de Lima no solo es inverosímil; es una ofensa a la inteligencia pública. El Perú no solo guardó silencio ante lo que la oposición boliviana califica como el «secuestro» del fiscal Mariaca, sino que envió a sus representantes a tomar notas mientras, según las denuncias, se compraban votos en el corazón de los Andes para blindar a un operador de la extrema derecha con vínculos con el narcotráfico.
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