La fiscal que investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto lamentó la decisión congresal de no acusar al juez por sus delito.
“César Hinostroza sería el líder, el cabecilla de la organización criminal”, aseguró a El Comercio la fiscal contra la criminalidad organizada del Callao Rocío Sánchez, encargada de la investigación del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Sánchez habló por primera vez con un medio de comunicación luego de que la Comisión Permanente del Congreso rechazara acusar del presunto delito de organización criminal al suspendido juez supremo César Hinostroza y a los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguila y Orlando Velásquez. Esa decisión impide que la fiscalía pueda investigarlos por el delito señalado.
En comunicación telefónica con este Diario, la fiscal lamentó la decisión tomada en el Congreso. Dijo que espera que pueda corregirse.
Sánchez sostuvo que su investigación está estructurada en tres redes. En la tercera red estaban los altos funcionarios, entre ellos Hinostroza. Indicó que si se excluye a Hinostroza de la investigación, el ex juez Walter Ríos, quien sería su sucesor, también buscará ser excluido, ya que, al no haber un cabecilla, tampoco habría un segundo al mando. “Si queda así, vamos a tener que reformular. Pero los audios y colaboradores indican que Hinostroza controla y coordina con Ríos, en consecuencia sería el cabecilla de las tres redes de la organización”, indicó.
Recordó que de las primeras diligencias realizadas se desprende que Hinostroza recibió el apoyo de empresarios, intervino en la designación de jueces supernumerarios en el Callao y en el nombramiento de jueces y fiscales ante el CNM. “Él sería la persona que engloba a la organización como un astro a sus satélites”, indicó.
—Reconsideración—
Luego de que la Comisión Permanente rechazara, con votos de Fuerza Popular, acusar por organización criminal a Hinostroza y los ex consejeros, Oracio Pacori (Nuevo Perú), autor del informe de las denuncias constitucionales contra ellos, adelantó que evalúa solicitar al pleno –que debe ratificar o rechazar el acuerdo de la Permanente– que reconsidere la tipificación del delito excluido.
Pacori explicó que revisarán los precedentes del caso para evitar una vulneración al debido proceso y que, en caso prospere su pedido, tendría que haber una nueva votación. Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) adelantó que presentaría un recurso en el mismo sentido.
Pacori afirmó que el informe que elaboró recoge un documento que le alcanzó la fiscalía. Este señala la presunta pertenencia de los imputados a la organización Los Cuellos Blancos del Puerto y da cuenta de la estructura, roles y funciones.
Cuestionó a los legisladores de FP por “no haber querido valorar dicho medio probatorio”. Recordó que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se vio primero el informe, este sí contó con los votos favorables de los fujimoristas. Por ello consideró que FP busca “generar un mecanismo de impunidad” y blindar a los denunciados.
La vocera de FP, Úrsula Letona, dijo a este Diario que ve “poco probable” que en el pleno se reconsidere la votación en los casos de Hinostroza y los ex consejeros. Argumentó que el informe de Pacori sustentaba la figura delictiva en cuestión con apelativos como ‘hermanito’, ‘compadrito’ o diminutivos como ‘Ivancito’ o ‘Cesitar’. “Por eso votamos por la improcedencia de ese extremo”, indicó.
Letona mencionó que Hinostroza sí podrá ser procesado por los otros delitos que fueron aprobados. “Además se le ha destituido del cargo y se le ha inhabilitado en el ejercicio de la función pública por 10 años”, recordó.
—Limitación—
No obstante, el coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, declaró a este Diario que la pena del delito excluido era la más alta y que con esta decisión “cortarán el camino para investigar a Hinostroza por criminalidad organizada”.
El informe de Pacori fue elaborado en base a la denuncia constitucional que presentó el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien no había incluido el delito de organización criminal.
En el Parlamento aún está pendiente de analizarse la denuncia presentada por el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien sí incluyó ese delito.
