El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprobó tres órdenes ejecutivas para desproteger a los trabajadores públicos haciendo más fácil su despido y reduciendo el tiempo que pueden dedicar a labores sindicales.
Desde la campaña presidencial, Trump ya mostró su interés en reducir el aparato laboral administrativo de Washington, al que acusó de estar lleno de «derroche, fraude y abuso».
En enero, en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, Trump pidió al Congreso «que empodere a cada secretario del Gobierno con la autoridad de recompensar a los buenos trabajadores, y de despedir a los empleados federales que socaven la confianza pública o le fallen al pueblo estadounidense».
Las órdenes ejecutivas aprobadas van en esa dirección, aunque un futuro presidente demócrata podría suspenderlas.
La primera de las órdenes facilita el despido de trabajadores con bajo rendimiento o que hayan incurrido en mala conducta, reduciendo de 120 a 30 los días de gracia que se les otorga para mejorar su desempeño antes de la toma de una decisión final.
El Gobierno de Trump defiende que actualmente toma entre seis meses y un año despedir a un trabajador, a lo que siguen ocho meses de litigio.
La segunda medida ordena a los departamentos y agencias reducir a menos de un año los periodos para negociar contratos con los sindicatos que representan a los trabajadores.
Finalmente, una tercera orden limita a un 25% de la jornada laboral el tiempo que los trabajadores pueden destinar a labores sindicales, un derecho que consagrado por el Congreso hace cuatro décadas.
