El proyecto apunta a la responsabilidad penal de los adolescentes menores de 18 que cometan delitos y de esta manera propone bajar la edad de imputabilidad que actualmente es de 16 años a 15. ¿Cuáles son los otros puntos a destacar?
El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto para reformar el Régimen Penal Juvenil que el presidente Mauricio Macri anunció en la apertura de sesiones del Congreso como «una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes».
El proyecto apunta a la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 que cometan delitos y de esta manera baja la edad de imputabilidad que actualmente es de 16 años. ¿Cuál es la letra chica de la iniciativa que ya genera polémica en la sociedad y el seno de la oposición?
-La iniciativa propone la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años.
-El nuevo régimen se aplicará «al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales».
-También a los mayores de 16 y menores de 18 que incurran en un acto «previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal».
-Además, contempla los casos de la tentativa cuando, con la intención de cometer un delito, el adolescente «comenzare su ejecución pero no lo consumare por circunstancias ajenas a su voluntad», mientras que si desistiera voluntariamente de concretarlo no estará sujeto a sanción.
-La privación de la libertad «se aplicará como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible». Además, se resalta que nunca se tomará una medida de este tipo «en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas».
-A su vez, la iniciativa prohíbe que el alojamiento de menores sea en dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios junto a personas mayores de edad.
-Si el adolescente es detenido, deberá ser trasladado a la sede del juzgado dentro de las 24 horas siguientes, plazo que podrá ser prorrogado por otras 24 horas una única vez cuando no se pueda realizar por razones de organización o cuando el imputado lo solicite para designar a un abogado defensor.
-Acción penal: el proyecto indica que el fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, “excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los 10 años de prisión.
-Tanto los procesos penales como la ejecución de las sanciones estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
-El menor tendrá derecho a ser escuchado «cada vez que lo solicitare, en cualquier etapa del proceso y durante la ejecución de la sanción que eventualmente se le hubiere impuesto».
-La duración máxima del proceso penal, según el proyecto, no deberá exceder el término de tres años.
-El proyecto sostiene que el objetivo del sistema de responsabilidad penal juvenil es «fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social» y que, por esa razón, el régimen «comprenderá un abordaje integral, interdisciplinario y restaurativo».
