Mundo Pex
Bancada Fujimorista quiere reescribir historia escolar con nuevo proyecto de Ley.
Varios Proyectos políticos que causan polémica han sido presentados por la bancada fujimorista y el Apra, los mismos son para incluir temas sobre el terrorismo junto con el papel de las fuerzas armadas. En la educación escolar secundaria.
Polémicos proyectos de ley. Fuerza Popular y el Apra han elaborado 3 propuestas para incluir temas referidos al terrorismo y al rol de las FFAA en el currículo. El 2017, el exviceministro Guillermo Molinari dijo que estaban revisando textos escolares. También se realizó una mesa de trabajo con exmilitares.
Mientras que el ministro de Educación, Daniel Alfaro, asegura que los textos escolares con polémico contenido sobre la época del terrorismo no son las versiones finales y aún están en revisión, el Congreso de la República está a punto de convertir en ley una serie de proyectos que plantean incorporar en el currículo escolar información referida a este mismo periodo y a los «logros» de la pacificación nacional a cargo de organizaciones como las Fuerzas Armadas. El dictamen ya está listo para su debate y votación en el Pleno.
Se trata de tres proyectos de ley impulsados por los congresistas fujimoristas Paloma Noceda y Marco Miyashiro, así como por el aprista Javier Velásquez Quesquén. El análisis del dictamen, aprobado en diciembre pasado, advierte la necesidad de «corregir los errores, sesgos y omisiones en los textos escolares actuales»
A esta conclusión se llegó luego de que en noviembre del 2017, la comisión de Educación, Juventud y Deporte organizara una mesa de trabajo para abordar la enseñanza de terrorismo en las escuelas y en textos escolares de quinto de secundaria.
Al encuentro asistieron protagonistas del periodo en cuestión como el excanciller Francisco Tudela, el exvicepresidente Luis Giampietri y el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Jorge Montoya. También el historiador Hugo Neira, el especialista en seguridad Pedro Yaranga así como miembros de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Nacional de Educación (CNE).
Tudela y Giampietri, exrehenes de la toma de la embajada de Japón por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), insistieron en que los textos escolares no son pluralistas y que constituyen documentos ideologizados. «Las fuentes usadas son sesgadas de los que buscan una justificación a esa etapa de violencia», indicó Tudela, según registros de la reunión.
Peligrosa cercanía
Pero no solo estuvieron ellos. También participó el exviceministro de Gestión Pedagógica Guillermo Molinari, quien había sido designado por el exministro Idel Vexler.
Molinari apenas una semana atrás, a fines de octubre del 2017, había informado, también ante la comisión de Educación, que los contenidos del Currículo Escolar para diversas áreas –incluida Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica– estaban siendo revisados «para darle más énfasis al conocimiento del periodo de violencia terrorista entre 1980 y 2000».
Precisamente, a este último curso pertenece el material que el Minedu puso a discusión entre congresistas, exintegrantes de las Fuerzas Armadas, exfuncionarios fujimoristas y especialistas en mayo pasado. Dichos textos omiten los crímenes cometidos por miembros de las FF.AA. (matanzas de Barrios Altos y La Cantuta), así como definiciones reconocidas por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), según el portal periodístico Ojo Público.
La presidenta de la comisión de Educación, Paloma Noceda, informó a La República que en esta reunión de noviembre del 2017 se hallaron las omisiones y grandes sesgos de los textos escolares. «Buscamos ser objetivos y que los jóvenes sepan la historia del terrorismo. El logro de la comisión fue señalarle eso al Minedu. Esto solo se enseñaba en quinto de secundaria con un capítulo pequeño. Lo que hemos conseguido al fiscalizar y hacer trabajo de control político es que el Minedu tome cartas en el asunto y proponga información a partir de sexto de primaria», manifestó en su último diálogo con este Diario.
Intereses de por medio
Los proyectos de Paloma Noceda, Marco Miyashiro y Javier Velásquez Quesquén, aprobados por la comisión de Educación y que ya están para discutirse en el Pleno, han sido agrupados en la ley «que declara de interés nacional la enseñanza de la lucha contra el terrorismo y del proceso de la pacificación nacional en todas las etapas y formas del sistema educativo».
El primero plantea declarar de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares referidos al terrorismo. En la exposición de motivos se hace referencia a la necesidad de promover políticas educativas que reconozcan a «todos los autores y partícipes sin someterlos a juicios ni sesgos políticos». «La mayoría de los textos han olvidado mencionar a todos los actores del proceso de pacificación, asumiendo una única posición frente a este logro que nació también a partir de una decisión política (gobierno de Alberto Fujimori)», se señala.
Al respecto, Noceda dice que su propuesta solo es declarativa. «El Minedu será el ente rector. No le voy a decir qué contar. El proyecto es para que se refuerce el tema».
El proyecto de Miyashiro, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), plantea declarar de interés nacional la incorporación de Historia del Perú en secundaria, así como contenidos sobre terrorismo. En tanto, Velásquez Quesquén propone incluir en el currículo el valor histórico de la lucha contra el terrorismo y el logro de la pacificación nacional a cargo de las FFAA, Policía, Comités de Autodefensa y sociedad civil organizada.
No es para congresistas
Para el historiador y miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE), Manuel Burga, este tipo de iniciativas pretenden reivindicar el rol del fujimorismo». «Los congresistas no pueden legislar sobre mensajes educativos. No es su especialidad. Se debe buscar formar ciudadanos con memoria limpia que entiendan el pasado y se proyecten hacia el futuro, sin resentimientos», aseveró.
Según el especialista, la incursión política en mensajes escolares también se vivió el 2006 (gobierno de Alan García) a través de su ministra Mercedes Cabanillas. «Lo que ahora vemos no es una disputa por acercarse a la historia verdadera sino una para que el grupo político más fuerte del Congreso ponga su versión de lo verdadero», sostiene.
En ese sentido, destaca que la difícil tarea de elaborar los contenidos de textos educativos les corresponde a educadores, historiadores y otros especialistas. » Últimamente el Apra y el fujimorismo han optado por una lectura particular de la historia», considera. Así, mientras el Minedu evalúa los contenidos sobre esta etapa de la historia, el Pleno amenaza con imponer su postura a través de una ley.
Presión política
– Para la congresista de Nuevo Perú Indira Huilca, quien asistió a las reuniones convocadas por el Minedu en mayo, el sector ha cedido a la presión fujimorista. Por esto esperan reunirse con el premier César Villanueva.
Mundo Pex
¡Escándalo! SERVIR concluye que Cancillería expuso a sus trabajadores a riesgos de vida en consulado de Miami.
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) concluyó que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) incumplió los principios de Prevención y Protección establecidos en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N.° 29783, debido a las condiciones en las que operó durante más de un año el Consulado General del Perú en Miami.
Según el Oficio N.° 005829-2026-SERVIR-GDSRH, la sede consular presentó daños estructurales y eléctricos que expusieron a los trabajadores a condiciones consideradas insalubres y peligrosas. Ante ello, SERVIR recomendó iniciar acciones para determinar una eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores involucrados.
Una situación advertida desde 2022
El caso se remonta a los años 2022 y 2023, reportes periodísticos, entre ellos los difundidos por Ecos Latinos, alertaron sobre el progresivo deterioro del inmueble, según reclamos de la época llegados a Torre Tagle, algunos trabajadores fueron afectados seriamente en salud debido a las condiciones de insalubridad en los que fueron obligado a laborar. Denunciaron además la presencia de asbesto, mineral cancerígeno comúnmente usado en edificaciones antiguas.
El 6 de noviembre de 2023, el ingeniero Fernando E. Márquez, con licencia profesional P.E. 73987 del
Estado de la Florida, elaboró un Informe de Inspección de daños estructurales y eléctricos, El documento identificó grietas en paredes, deterioro de la azotea y escaleras, corrosión de vigas, paneles eléctricos con riesgo de desprendimiento y conexiones expuestas.
SERVIR inicia supervisión al Ministerio de Relaciones Exteriores
El 3 de noviembre de 2025, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos (GDSRH) de SERVIR tomó conocimiento oficial del presunto incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Posteriormente, los días 18 y 19 de diciembre de 2025, SERVIR notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores el Oficio N.° 012179-2025-SERVIR-GDSRH, mediante el cual inició una supervisión no programada y otorgó al MRE un plazo de siete días hábiles para presentar sus descargos.
La respuesta de Cancillería
El 29 de diciembre de 2025, la Oficina General de Inversiones e Infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el Memorándum N.° PAT024952025 y el Informe Técnico N.° 013-2025.
En su respuesta, el MRE sostuvo que las observaciones habían sido subsanadas mediante trabajos de mantenimiento realizados durante 2023 y 2024. Además, presentó una Letter of Building Recertification emitida por la ciudad de Coral Gables, Miami-Dade, en febrero de 2025.
El 5 de enero de 2026, la Secretaría General del MRE, a cargo de Eric Anderson Machado, presentó formalmente la respuesta de la institución dentro del plazo establecido por SERVIR.
SERVIR cuestiona la respuesta del MRE
En agosto de 2026, SERVIR emitió el Oficio N.° 005829-2026-SERVIR-GDSRH, firmado por la gerente de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, Mariel Herrera Llerena, con el visto bueno de los ejecutivos de supervisión Hernan Roberto Tenicela Ninamango y Cristina Maria Angeles Saenz.
Aunque el inmueble obtuvo una recertificación en 2025, SERVIR concluyó que ello no eliminaba la responsabilidad derivada de la falta de actuación oportuna durante el periodo en que los trabajadores estuvieron expuestos a riesgos.
La entidad sostuvo que, entre noviembre de 2023 y la ejecución de las reparaciones correspondientes durante 2024 y 2025, existieron riesgos objetivos que debieron ser atendidos mediante medidas preventivas destinadas a proteger al personal.
Los principales riesgos detectados
Entre los hallazgos señalados en la documentación evaluada por SERVIR figuran:
- Deterioro del concreto en la azotea.
- Grietas externas e internas en diferentes sectores del inmueble.
- Corrosión de columnas y elementos estructurales.
- Un panel eléctrico ubicado en el techo del cuarto piso con riesgo significativo de desprendimiento.
- Inoperatividad de luces de emergencia.
- Existencia de cableado expuesto.
- Falta de documentación que acreditara una evaluación integral de los riesgos y la adopción oportuna de medidas de protección para los trabajadores.
SERVIR también cuestionó que el Ministerio no acreditara haber dispuesto medidas como la reubicación temporal del personal mientras persistían las condiciones consideradas críticas.
SERVIR pide investigar posibles responsabilidades
El pronunciamiento de SERVIR no se limita a formular observaciones sobre las condiciones del inmueble. La entidad recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores iniciar las acciones correspondientes para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores que no hubieran observado las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El MRE dispone de un plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación del oficio, para cumplir con esta recomendación.
Asimismo, deberá acreditar que el oficio de resultados fue remitido a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ministerio.
Un caso que vuelve a poner bajo la lupa la sede consular
La decisión de SERVIR vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de funcionamiento del Consulado General del Perú en Miami y la gestión realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a las advertencias sobre el estado del inmueble.
La sede fue adquirida en 2006 por un monto cercano a los US$ 5,9 millones durante el gobierno de Ollanta Humala. Desde años posteriores, trabajadores y medios de comunicación habían advertido sobre problemas relacionados con el mantenimiento y las condiciones de seguridad de las instalaciones.
El pronunciamiento de SERVIR establece que una regularización posterior de las condiciones del inmueble no necesariamente elimina la obligación de investigar si existieron omisiones durante el periodo en que los servidores estuvieron expuestos a riesgos.
En el artículo adjunto, peruanos residentes en Estados Unidos rechazan el reconocimiento otorgado por el entonces congresista y hoy senador por los peruanos en el exterior, Jorge Zevallos (Renovación Popular), quien, lejos de fiscalizar el escándalo, premió a la cónsul a cargo de dicha sede.
Ahora corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores acreditar el cumplimiento de la recomendación y determinar, mediante las instancias correspondientes, si existen responsabilidades administrativas por las decisiones adoptadas respecto de la seguridad y salud de los trabajadores del Consulado General del Perú en Miami.
Mundo Pex
Peruanos en el exterior denuncian a cancillería: Exigen voto electrónico para elecciones de Consejos de Consulta.
Un grupo de ciudadanos residentes en el extranjero ha presentado una Demanda Constitucional de Cumplimiento ante el Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima contra Carlos Spa. Ministro de Relaciones Exteriores (RREE).
El objetivo de la acción legal es forzar al Estado peruano a implementar el voto electrónico no presencial para la elección de los Consejos de Consulta de las Comunidades Peruanas en el Exterior, un mecanismo de participación ciudadana que lleva paralizado más de una década y media. Una deuda democrática de 16 años
La Ley N.° 29495 y su reglamento (Decreto Supremo N.° 057-2010-RE) reconocen a los Consejos de Consulta como órganos democráticos fundamentales para articular las necesidades de los migrantes con los consulados. Sin embargo, el artículo 24 de esta norma establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe regular el voto electrónico para estas elecciones «de contarse con la plataforma tecnológica desarrollada por la ONPE».
La falta de este mecanismo ha generado una crisis de representación. Para que un peruano en el extranjero vote de manera presencial, debe viajar cientos o miles de kilómetros hasta su sede consular más cercana, un costo logístico y económico que resulta imposible para la gran mayoría.
«Esta irresponsable omisión por parte del demandado viene restringiendo los derechos fundamentales de cuatro millones de peruanos en el exterior» advierte la demanda. Esta barrera geográfica ha provocado que, en la actualidad, la inmensa mayoría de los más de 180 consulados peruanos en el mundo no cuenten con un Consejo de Consulta instalado
Los demandantes, entre ellos Marleny del Rosario Mesta, Kilder Fuentes y Ricardo Eduardo Cotrina, alertan que esta exclusión deja en el desamparo a miles de familias migrantes que, ante vulneraciones a sus derechos humanos, problemas de estatus migratorio o necesidad de apoyo consular, carecen de un espacio de diálogo y cogestión reconocido por el Estado.
El detonante: La «sordera» administrativa del Ministerio». La vía judicial se abrió tras agotar la instancia administrativa. El pasado 13 de julio de 2026, los ciudadanos enviaron una Carta Notarial de Requerimiento al ministro Alfonso Carlos Espa y Garces-Alvear, exigiendo el cumplimiento de la ley. El Ministerio tenía 15 días hábiles para responder o emitir la norma.
Ante el silencio absoluto y la «inacción contumaz» de la Cancillería, los ciudadanos activaron el Proceso de Cumplimiento (amparado en el artículo 200, inciso 6 de la Constitución), solicitando al juez que ordene al Ministerio la expedición y publicación inmediata de la directiva reglamentaria, así como la coordinación formal con la ONPE para integrar la plataforma de voto remoto.
¿Qué se exige?
Que el juez ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores reglamentar el voto electrónico remoto para los Consejos de Consulta.
¿Por qué es viable?
La ONPE ya cuenta con la tecnología y ha emitido oficios confirmando su capacidad para parametrizar el software de voto por internet, solo a la espera del marco normativo de la Cancillería.
¿A quiénes afecta?
A más de 4 millones de peruanos residentes en el extranjero, quienes ven vulnerado su derecho a la participación política y a la igualdad (Art. 2.2 y 2.17 de la Constitución).
El precedente: Se busca replicar la modernidad electoral que el Perú ya aplicó en comicios municipales (2014, 2018) y generales (2021), adaptándola a la realidad transnacional de sus ciudadanos.
Mientras el Poder Judicial no emita un fallo, la «diáspora invisible» del Perú seguirá esperando que el Estado les permita ejercer su derecho a organizarse y defender sus intereses desde cualquier rincón del mundo.
Mundo Pex
¡Manipulación Sistémica! Estado peruano operó en favor de Keiko en votación de peruanos en el exterior
Desde el «blindaje» económico de los diplomáticos hasta la ruptura de la cadena de custodia bajo mando militar partidizado, esta es la radiografía de un proceso viciado. En el extranjero no existe el JNE-ONPE; las elecciones de los PEX las maneja la Cancillería.
1. La Compra de Lealtades: El Decreto Jerí
La manipulación no comenzó el día de la elección, sino meses antes. Bajo la gestión del interino José Jerí, el gobierno aprobó el Decreto Supremo N.° 250-2025-EF, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2025. Esta norma duplicó los sueldos de embajadores y cónsules, elevándolos de 10,600 a 20,000 dólares mensuales.
Además de ser un escandaloso aumento salarial, esta medida funcionó como un mecanismo de cooptación institucional. Al asegurar el bienestar económico de la cúpula diplomática, el pacto garantizó una burocracia lealista dispuesta a ejecutar directrices no escritas pero claramente entendidas: proteger los intereses del verdadero poder detrás de los gobiernos títeres del Congreso en el extranjero.
2. La Violación de la Neutralidad: Canciller Hugo de Zela
La imparcialidad del Estado fue pisoteada públicamente por el entonces embajador y excanciller Hugo de Zela. En una entrevista con Canal N, De Zela declaró que «votar bien» significaba elegir a alguien «totalmente distinto» al expresidente Pedro Castillo.
Esta no fue una opinión personal; fue una directriz política emitida desde una posición de poder estatal. Al asociar el voto contra el «populismo» con la necesidad de marcar distancia de Castillo, De Zela envió un mensaje codificado pero inequívoco a la base electoral de derecha: votar por Keiko Fujimori. Fue un acto de proselitismo estatal que utilizó la plataforma diplomática para influir en la preferencia de miles de ciudadanos.
3. El Vacío de Poder: La Purga Diplomática de Balcázar
Bajo la supervisión del canciller Carlos Pareja, un declarado admirador de Donald Trump y figura cercana al fujimorismo, el presidente interino José María Balcázar ejecutó una movida maquiavélica horas antes del ballotage: el cese de embajadores políticos en 17 países estratégicos, incluyendo España, Francia y naciones clave de Latinoamérica.
Al dejar estas plazas vacantes y anunciar que los reemplazos serían designados por el próximo gobierno, se eliminó cualquier posibilidad de supervisión externa fresca. El manejo del material electoral quedó en manos de interinos y funcionarios de carrera cuya lealtad ya había sido asegurada por el decreto de Jerí. Fue una jugada de ajedrez para mantener el control absoluto sobre la logística electoral sin rendir cuentas a nuevos actores políticos, creando un vacío de poder que facilitó la opacidad en el conteo de votos.
4. La Injerencia Extranjera: El Rol de Berni Navarro y la Embajada de EE. UU.
Mientras el gobierno peruano manipulaba sus propias estructuras, se evidenció una injerencia sin precedentes por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, encabezada por el embajador Berni Navarro. Lejos de mantener una postura de observación neutral, Navarro actuó como un actor político directo, ejerciendo presión sobre las instituciones democráticas peruanas para favorecer un resultado específico.
La presencia de Berni Navarro transformó la embajada estadounidense en un centro de operaciones políticas, violando flagrantemente los principios de no intervención y soberanía nacional.
5. El Agujero Negro de Buenos Aires: Isasi y la Cadena Rota
Si hay un lugar donde las sospechas se materializan en hechos concretos, ese es el consulado de Buenos Aires. Bajo la gestión del cónsul Luis Felipe Isasi —otro beneficiario del aumento salarial, de públicos vínculos con el fujimorismo en Argentina—, se produjeron irregularidades graves. Aunque Isasi fue reasignado a Cuba en noviembre de 2025, continuó operando de facto en Argentina durante el proceso electoral.
- Retención ilegal: las actas fueron retenidas durante tres días antes de su envío a Lima, rompiendo flagrantemente la cadena de custodia.
- Opacidad total: se impidió la digitalización de las actas, eliminando la única herramienta capaz de auditar la veracidad de los resultados físicos.
- Ausencia de supervisión: sin observadores de partido ni respaldo digital, el conteo inicial quedó a merced de la voluntad de un funcionario con conocidos vínculos fujimoristas.
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6. Caos y Opacidad en Estados Unidos: Denuncias en Washington, Nueva York y Miami
Las irregularidades no se limitaron a Sudamérica. En Estados Unidos, país con la mayor densidad de votantes peruanos en el exterior, las denuncias de manipulación fueron sistémicas y alarmantes, aprovechando el vacío de poder dejado por la purga de embajadores.
- Washington D. C.: testigos presenciales reportaron que miembros de mesa fueron intimidados por personal consular para modificar actas con errores materiales sin seguir el protocolo de subsanación estándar. Además, se denunció la falta de transparencia en el escrutinio final dentro de la embajada, donde se negó el acceso a representantes de partidos opositores bajo pretextos de «seguridad nacional».
- Nueva York: organizaciones de la diáspora denunciaron retrasos injustificados en la apertura de locales de votación en zonas con alta concentración de votantes críticos al oficialismo, mientras que en distritos considerados «fujimoristas», el flujo fue fluido. Se reportaron también ánforas que llegaron a Lima con sellos de seguridad visiblemente violados o inconsistentes con los registros de salida.
- Miami: se documentaron casos de «voto cadena», donde funcionarios consulares habrían asesorado a votantes mayores sobre cómo marcar sus papeletas, violando el secreto del sufragio. Asimismo, hubo denuncias sobre la desaparición temporal de paquetes electorales antes de su ingreso a la valija diplomática, generando dudas sobre si todo el material emitido llegó efectivamente a Lima.
Estas denuncias, sumadas a la prohibición de digitalización, imposibilitaron una auditoría rápida y crearon un manto de sospecha sobre decenas de miles de votos en la comunidad peruana más grande del exterior.
7. La Prohibición de Digitalización: La ONPE bajo Presión
A diferencia de la primera vuelta, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante Resolución N.° 000090-2026-JN/ONPE, prohibió la digitalización de las actas de los peruanos en el extranjero para la segunda vuelta. Esta decisión crítica se dio en un contexto de crisis institucional tras la renuncia del jefe de dicha organización, Piero Corvetto, quien dejó el cargo tras detectarse irregularidades en la primera ronda.
La suspensión de este protocolo de transparencia ocurrió bajo intensa presión mediática y amenazas directas del candidato Rafael López Aliaga, quien llegó a exigir la nulidad de los comicios si no se cumplían sus demandas en 24 horas. Al eliminar el respaldo digital, la ONPE dejó al voto en el exterior vulnerable a la manipulación física, sin posibilidad de auditoría cruzada inmediata.
8. La Custodia Partidizada: De Diez Canseco a las Fuerzas Armadas de Amadeo Flores
El viaje de las actas culminó en Lima, donde fueron recibidas inicialmente por Raúl Diez Canseco. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió su rol como parte de la «cadena de custodia diplomática», la realidad política es innegable: Diez Canseco es una figura de abierta cercanía al fujimorismo. El partido Juntos por el Perú denunció correctamente que entregar el material electoral más sensible del país a un actor con claros intereses partidistas constituye un conflicto de interés insalvable.
Sin embargo, la captura del proceso no terminó allí. La custodia final y el transporte seguro de las ánforas quedaron bajo la responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, lideradas por el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno. Nombrado en abril de 2026 dentro del gabinete del presidente interino José María Balcázar, Flores no es un tecnócrata independiente, sino un operador político con profundos lazos con Fuerza Popular:
- Historial de aportes: realizó aportes económicos directos al partido fujimorista entre 2018 y 2023.
- Cargos previos: trabajó como asesor principal de la congresista fujimorista Rosángela Barbarán (2021-2023) y de la Comisión de Educación presidida por Paloma Noceda (2017-2018).
- Militancia activa: postuló previamente a regidor de Lima por la plancha de Fuerza Popular.
Aunque la lideresa Keiko Fujimori descartó públicamente que su nombramiento respondiera a una «cuota de poder», la evidencia de su trayectoria desmiente esta narrativa. La presencia de Flores en el Ministerio de Defensa garantizó que la fuerza pública, encargada de custodiar físicamente los votos más cuestionados del proceso, estuviera bajo el mando de un aliado estratégico del fujimorismo. No se trata solo de quién recibió las valijas, sino de quién tuvo el poder de fuego y la autoridad para garantizar —o impedir— su integridad final.
Conclusión: Un Voto Sin Garantías
La suma de estos factores configura un escenario de fraude sistémico:
- El soborno institucionalizado mediante el D. S. N.° 250-2025-EF.
- La purga diplomática de Balcázar.
- La intervención pública de De Zela.
- La opacidad de Isasi en Buenos Aires.
- Las denuncias de intimidación y manipulación en Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami).
- La eliminación de auditoría digital por Resolución N.° 000090-2026-JN/ONPE.
- La recepción partidista de Diez Canseco.
- La custodia militar bajo el mando de Amadeo Flores, operador fujimorista.
El voto de los peruanos en el exterior no fue libre ni secreto; fue gestionado, influenciado y custodiado por una red de funcionarios comprometidos con un resultado específico. La democracia peruana exige una investigación internacional independiente; de lo contrario, cada voto emitido fuera de nuestras fronteras será visto no como un ejercicio cívico, sino como el producto de una manipulación estatal calculada.
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