Legisladores del Frente Renovador y Argentina Federal pidieron una sesión especial para derogar el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que modifica las facultades de las Fuerzas Armadas. La sesión fue fijada para el 8 de agosto.
«Si el Gobierno quiere plantear una nueva política de Defensa (…), separada de la de Seguridad en la Argentina, claramente debería enviar un proyecto y discutirlo en el Congreso», reclamó el diputado nacional del Frente Renovador, Daniel Arroyo, en un acto con la prensa en Buenos Aires.
Varias figuras de distintos partidos de la oposición y de asociaciones humanitarias convocaron una conferencia horas antes de sumarse a la concentración que esta tarde se celebrará en la capital argentina por el mismo motivo, que es repudiar el decreto publicado el martes en el Boletín Oficial con la firma de Macri y del ministro de Defensa, Oscar Aguad.
Para Arroyo, la medida es «inconstitucional» porque modifica las leyes que regulan el sistema de defensa nacional, al permitir que, además de su tarea principal de proteger la soberanía del país, las fuerzas armadas puedan colaborar en la seguridad interior, algo que no contemplaban las normativas vigentes. De esta forma, «está alterando un principio básico de la democracia, construido a lo largo de muchos años por todos los partidos políticos, una de las pocas políticas de Estado que existen en la Argentina», aseveró el diputado.
La exministra de Defensa (2005-2010) Nilda Garré, actualmente diputada del Frente para la Victoria, señaló que asignarles al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada una tarea para la que no tienen «ni entrenamiento, ni equipamiento», como es el combate al crimen organizado, es «muy peligroso». «Las vamos a desplegar en el territorio nacional y van a terminar haciendo inteligencia interna sobre los ciudadanos», advirtió.
Además, coincidió con Arroyo en que, con esta medida, se va a «terminar pudriendo» el sistema actual después del «esfuerzo» que requirió sacar a las Fuerzas Armadas del rol que habían ejercido durante la última dictadura cívico-militar (1976-83).
«Ninguna justificación»
En esa línea, la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Elena Naddeo, manifestó a Efe en declaraciones posteriores al acto la preocupación de los organismos humanitarios por un decreto que «violenta toda una construcción política que se elaboró en los 30 años de democracia».
Durante el acto, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda hizo hincapié en que el decreto no tiene «ninguna justificación» y advirtió que otros países que siguieron políticas similares, como México, han sufrido «desastres de carácter humanitario», con miles de muertos y desaparecidos.
Además, la diputada kirchnerista Araceli Ferreyra propuso impulsar un juicio político contra Aguad porque «violar las facultades del Congreso» es «una constante de su accionar».
