La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es una especie de mexicanización de la lucha contra la delincuencia en Argentina, comentó el investigador Edgardo Buscaglia al canal CNN respecto al decreto, firmado por el presidente argentino, Mauricio Macri, que reformula el papel de las FFAA.
«Usar a las Fuerzas Armadas en una especie de mexicanización de la lucha contra la delincuencia organizada es un riesgo político muy alto», señaló Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia, de Nueva York y director del Instituto de Acción Ciudadana de México, así como filántropo de renombre internacional que se dedicada a apoyar a las organizaciones no gubernamentales en su combate y prevención del crimen organizado.
Según el investigador, los mismos grupos de interés, empresas de seguridad y personajes de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) y la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) llegaron a Argentina desde EEUU con unas políticas públicas fallidas de represión, al igual que en México.
El Gobierno argentino argumenta que no va a colocar al Ejército en las calles de la misma manera que lo hizo México, pero lo que están haciendo es tratar de cambiarles de uniforme y transformarlos en gendarmería, observó Buscaglia.
«Cambiar de uniforme al Ejército no va a evitarles el gran riesgo de que en Argentina se produzcan nuevamente violaciones masivas de los derechos humanos», afirmó.
Según el experto, es necesario traer a Argentina «alternativas de políticas públicas para que no cometa los mismos errores que cometió México en su momento y evitar todo ese baño de sangre que lamentablemente le espera a Argentina si continúa con este curso».
El decreto oficializado el 24 de julio por el actual Gobierno señala que «el Ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad».
Precisamente este punto, el de una posible intervención de los militares en las tareas de seguridad pública, ha generado críticas por parte de la oposición política, especialistas y organizaciones de derechos humanos.
El Gobierno asegura que la regulación del decreto 727/2006 solo les asignaba a las Fuerzas Armadas la defensa nacional ante el ataque de un Estado extranjero y que bajo este nuevo concepto se les abre la posibilidad de combatir el narcotráfico y los ciberdelitos, por ejemplo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el decreto y dijo que «hay que dar la oportunidad a los militares de insertarse en la democracia».
Además, según reiteraron varios referentes del Ejecutivo, esto no significa que utilicen a los militares para combatir la delincuencia interna ni tampoco para reprimir la protesta social.
FUENTE MUNDO SPUTNIK
