La bancada de Juntos por el Perú ha presentado una moción de orden del día para conformar una Comisión Investigadora que esclarezca los presuntos actos de manipulación de la opinión pública durante las Elecciones Generales 2026. En el punto de mira: el consultor político argentino Fernando Cerimedo, sus registros migratorios al Perú y sus vínculos con asesores cercanos a Keiko Fujimori.
«Si estas prácticas fueron utilizadas de manera coordinada, podríamos estar frente a un problema que va mucho más allá de las redes sociales: la posible manipulación de la voluntad ciudadana» Ha manifestado el ex candidado presidencial Roberto Sánchez al anunciar la porpuesta.
¿𝐒𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐓𝐎́ 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐏𝐔𝐋𝐀𝐑 𝐋𝐀 𝐕𝐎𝐋𝐔𝐍𝐓𝐀𝐃 𝐏𝐎𝐏𝐔𝐋𝐀𝐑 𝐄𝐍 𝐋𝐀𝐒 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟔?
La posible utilización de bots, cuentas falsas, identidades ficticias, contenidos sintéticos e inteligencia artificial para… pic.twitter.com/IPOU5hOjhC
— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) September 9, 2026
Los fundamentos de la moción son reveladores y se alejan de la especulación para anclarse en datos duros. Los registros de la Superintendencia Nacional de Migraciones detallan cuatro ingresos de Cerimedo al territorio nacional, siendo el último el 27 de julio de 2026, coincidiendo con la transmisión de mando presidencial.
Recientemente Nadia Belle, la ex pareja que Cerimedo habría mandado a asesinar, entregó a La República una fotografía remitida por Cerimedo el 28 de julio desde el hotel Marriott de Miraflores, donde aparece junto a una mujer que actuaba como enlace directo con la entonces presidenta electa. Esta coincidencia temporal y estas relaciones personales sugieren una posible operación de influencia en la opinión pública en pleno proceso electoral.
El documento parlamentario es aún más específico y apunta al corazón de la democracia: la presunta vinculación de Cerimedo con la compra del dominio web «Ojo de Cóndor», presentado como un conteo paralelo al difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La moción exige esclarecimiento por su «aptitud para incidir sobre la confianza pública en los resultados oficiales del cómputo». En otras palabras: se investiga si se buscó sembrar dudas sobre los resultados electorales oficiales a través de un conteo espurio, algo particularmente grave si se considera que la diferencia entre Keiko Fujimori (50,052%) y Roberto Sánchez (49,948%) fue de apenas una décima de punto porcentual. Más allá de los considerandos legales, la moción delimita con precisión los puntos a investigar.
La comisión deberá rastrear los flujos financieros nacionales e internacionales asociados a estas actividades, la existencia y financiamiento de la infraestructura de cuentas automatizadas, y desentrañar la red de asesores extranjeros. Entre ellos destaca el empresario argentino Damián Valenzuela —cuyo apoyo a la campaña fue reconocido públicamente por la propia Fujimori, quien enfrenta tres fallos judiciales en Florida por fraudes superiores a los 13 millones de dólares y a quien el Banco Central de Uruguay le revocó la licencia de su empresa Banfisol por brindar información falsa.
A esta red se suman el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo y el periodista español Javier Negre. Frente a esto, la respuesta de Keiko Fujimori ha sido deslindar responsabilidades: «Yo puedo señalar con claridad que el señor Cerimedo no ha participado en nuestra campaña electoral», declaró el 2 de septiembre.
Sin embargo, lejos de clausurar el asunto, esta negación delimita con precisión el objeto de esclarecimiento: si el consultor investigado o su red operaron en el proceso electoral peruano y, de ser el caso, por encargo y con financiamiento de quién.Pero el perfil de Cerimedo es, cuanto menos, inquietante.
El consultor argentino fue aprehendido en Bolivia en agosto de 2026 por un caso relacionado con un ataque contra su expareja. Las investigaciones fiscales posteriores descubrieron algo aún más grave: en un allanamiento en La Paz se halló una «mini granja de bots» y más de 500.000 bolivianos en efectivo.
A esto se suma su historial: en 2023 admitió administrar 50.000 cuentas automatizadas a favor de la campaña de Javier Milei, y en 2022 fue ubicado por la Policía Federal de Brasil dentro de una red de producción de desinformación electoral.
De aprobarse la comisión investigadora lo que requiere el voto aprobatorio del 35% de los miembros de la Cámara de Diputados para ser admitida a debate, y el 45% para su aprobación final—, tendría un plazo de 180 días hábiles y facultades extraordinarias: citar a comparecencia obligatoria, levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, y solicitar información a Migraciones, el JNE, la ONPE, el Reniec y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Vale señalar que el «efecto Cerimedo» ya es una realidad regional. En Chile, la comisión investigadora ya está en marcha; en Bolivia, el consultor enfrenta procesos judiciales; y en Brasil, las autoridades comienzan a rastrear sus operaciones. Solo en el Perú, donde sus presuntos contactos llegaron al círculo más cercano del poder, la investigación apenas comienza, y su aprobación depende de una voluntad política que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia
